Número-190
- Presentarán un punto de acuerdo para que el gobierno de Chiapas explique qué protocolos utiliza e informe sobre las mujeres migrantes e indígenas que ha detenido.
- Falta de protocolos únicos a nivel nacional ha llevado a que México esté en “el limbo”, especialista.
México tiene un vacío en la ley que impide combatir y castigar de manera correcta el delito en materia de trata de personas, aplicar la justicia restaurativa y evitar la doble victimización de mujeres, especialmente en el sur del país, advirtieron senadoras y activistas.
Ello, en una reunión de trabajo para analizar las consecuencias de la falta de protocolos únicos a nivel nacional en la detección y persecución del delito de trata de personas.
Al respecto, la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, explicó que en México no hay protocolos uniformes del combate y persecución de este delito, lo que impide una justicia restaurativa y el castigo a los tratantes, sobre todo, cuando hay fines de explotación sexual.
Refirió que en Chiapas, Estado de México y en el Distrito Federal han aumentado el número de sentencias; sin embargo, muchas de ellas después se revierten o no son necesariamente condenatorias, debido a la ausencia de protocolos que permitan combatir este delito, por lo que es necesario modificar la ley.
Destacó que no existe en el país un registro de víctimas de trata de personas y lo único que hay es “una especie de sello” que indica a la víctima número uno a la mil 500, “pero no sabemos sus nombres, sus apellidos, cómo están siendo reinsertadas”.
A su vez, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expresó que México tiene muchos años intentando tener un marco juicio que permita resolver este problema que ha ido creciendo, especialmente en la frontera sur.
Hizo notar que debido a los vacíos en la ley hay problemas para resguardar y garantizar los derechos de las víctimas, independientemente de su nacionalidad y la circunstancia migratoria.
Mencionó que la frontera sur del país se ha convertido en un problema, donde ocurren gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de mexicanos y extranjeros, especialmente mujeres, niñas y niños.
La senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, se pronunció a favor de revisar la legislación, a fin de garantizar que no se dé una doble victimización a quienes cayeron en la trata de personas. Este tema se debe abordar con respeto, tiene que ser atendido y castigado
La directora del Colectivo Contra la Trata de Personas, Mónica Salazar, dijo que la falta de protocolos únicos a nivel nacional para la detección y persecución de este delito ha llevado a que México esté en “el limbo”, ya que por un lado no se persigue de la misma manera en todas la entidades, y por otro, dista mucho la forma en que se identifica a las víctimas en el ámbito local y el federal.
Reiteró que cada entidad “va por la libre” a consecuencia de la falta de una política que aborde el tema de manera transversal. “Tenemos una legislación tan porosa que les permite a cada estado entender y conceptualizar el tema como mejor les dé a entender”, sostuvo.
Mencionó que una investigación que llevó a cabo el Colectivo sobre la detección y atención de poco más de tres mil víctimas, revela que no se ha dado a conocer por parte del gobierno mexicano su situación, la atención que han recibido, cómo se han reintegrado y si es que se creó el mecanismo para la reparación del daño. “Estanos perdidos en el limbo en lo que es la trata y no es la trata”, reiteró.
La experta en el tema, Fernanda Ezeta señaló que la Ley General de Trata de Personas equipara este delito con la explotación laboral, por lo que representa un retroceso absoluto a la lucha de las mujeres por sus derechos de libertad sexual, el reconocimiento a su cuerpo, autonomía y de ejercicio al trabajo.
No reconoce la diferencia entre prostitución forzada y voluntaria, sino que se establece que todas son víctimas, apuntó. En este sentido, dijo que es necesario que la Ley considere el consentimiento de una víctima adulta de laborar en centro como los “table dance”, los cuales no están reconocidos en ninguna legislación, ni regulados, simplemente el gobierno es omiso o tolerante, puntualizó.
El activista Cristóbal Sánchez, dio a conocer que en el centro de reclusión femenil de ciudad de Tapachula, había 96 mujeres presas por diferentes delitos, de ellas, 23 eran acusadas por trata, lo que representa el 24 por ciento de la población total. Esto quiere decir que una de cada cuatro mujeres procesadas en Chiapas, son acusadas por ese ilícito.
Precisó que de ese porcentaje, 50 por ciento son hondureñas, 17 por ciento salvadoreñas y 5 por ciento guatemaltecas; es decir la mayoría son centroamericanas, lo que revela un sesgo discriminador y racista de la política de Chiapas, pues todas ellas fueron detenidas en su lugar de trabajo y acusadas sin pruebas.
Dijo que muchas de ellas ya tienen sentencias que van de los seis a los 27 años; mientras que el restante no ha recibido sentencia y llevan aproximadamente dos años y medio privadas de su libertad.
Por último, las senadoras anunciaron que presentarán un punto de acuerdo, de urgente resolución, con el objetivo de solicitar al gobierno de Chiapas que informe al Senado sobre qué protocolos utiliza para la investigación de los delitos en materia de trata de personas, los cuales son aplicados por la Procuraduría del estado. Asimismo que indique si esos mecanismos incluyen la perspectiva de género y la atención de personas indígenas y migrantes.
Las legisladoras también propondrán que el gobierno chipaneco informe si implementa campañas de prevención de este delito y si en ellas se considera la pluriculturalidad del estado y a los migrantes.
Del mismo modo, propusieron que informe sobre el estado que guardan las investigaciones o procesos a mujeres migrantes acusadas por el delito en materia de trata de personas, y las características de las personas que se encuentran en situación de migración y que están recluidas.
También se hará un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que supervise el cumplimiento y respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y derechos humanos de cada uno de los casos expuestos en el penal de Tapachula, Chiapas, sobre las personas migrantes que están siendo procesadas y las probables violaciones a sus derechos humanos de las que presuntamente han sido víctimas.
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