Número-161
Los grupos parlamentarios que conforman el Senado de la República fijaron su postura en tribuna --en un proceso conducido por el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth-- previo al debate sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del PT, la senadora Layda Sansores San Román propuso la creación de dos fiscalías especializadas, una encargada de la investigación y del esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, y otra para investigar las presuntas responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios que pudieron haber obstruido el acceso a la justicia, en perjuicio del esclarecimiento de estos hechos.
Dijo que es necesario hacer un reconocimiento del trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por sus importantes contribuciones, “que evidenciaron hechos de desapariciones forzadas, tortura, así como las omisiones inconsistencias y encubrimientos que han impedido el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala”.
La lucha de los padres de Ayotzinapa han venido a cimbrar la conciencia de un pueblo resignado, son inspiración y ejemplo, con las mejores lecciones de dignidad, ya que no han recibido un peso de indemnización, porque están en la lucha y no los van comprar, porque ellos seguirán exigiendo justicia para sus hijos, puntualizó.
Por parte del Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Pablo Escudero Morales dijo que el PRD, José Luis Abarca y Andrés Manuel López Obrador son responsables de encumbrar en el poder a quienes desparecieron a los 43 normalistas, y aseveró que “la lamentable historia de Ayotzinapa comenzó con un partido político que no podrá huir a su responsabilidad histórica”.
Indicó que en la investigación se deben presentar a declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter, Carlos Sotelo, Lázaro Mazón, Angélica de la Peña y Andrés Manuel López Obrador, dado que han pasado más de 11 meses y no lo han hecho de manera voluntaria, “por eso les exigimos que se presenten en la Procuraduría”.
No fue el Presidente de la República, ni las autoridades federales las que desaparecieron a los 43 estudiantes, sino los policías municipales bajo el mando del alcalde “perredista y lopezobradorista”, José Luis Abarca.
El senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, exigió que tanto las autoridades municipales y estatales implicadas, como el presidente Peña Nieto, en su calidad de jefe del Estado mexicano, rindan cuentas. Peña Nieto, argumentó, tiene la responsabilidad de responder por la investigación que hoy, después del documento de la CIDH, tiene más preguntas que respuestas.
Es un tema de Estado, por lo que si hay autoridades involucradas se nos debe llamar a rendir cuentas a todos y no por un deslinde de partido político, enfatizó el legislador, que utilizó la tribuna para alusiones personales.
Ríos Piter también expresó que el senador Pablo Escudero no leyó el documento que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se habría dado cuenta de que las autoridades municipales, estatales y federales estuvieron informadas de los hechos. Además, destacó que José Luis Abarca --llevado por el PRD al gobierno-- está en la cárcel, mientras que el presidente de Cocula está libre, “de ese nivel es la justicia que impera en este país cuando lo gobierna el PRI”.
En su posicionamiento, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, subrayó que el Senado perdió la oportunidad de dar una respuesta a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, pues pudo consolidar un ministerio público especializado que continuara con las investigaciones.
La legisladora exigió una verdad jurídica, que se castigue a fondo a los autores materiales e intelectuales y que no se oculte el problema en la región de Tierra Caliente, existente también en otros estados: del trasiego de drogas.
Además, aseguró que lo ocurrido en Iguala se da en medio de una profunda crisis de impunidad, “de ese tamaño es el problema, no le demos la vuelta”. En este sentido, dijo que denostar como lo hizo el senador Pablo Escudero es darle la vuelta al problema que hay en el país, pues la participación de agentes del Estado es evidentemente una actuación con la complicidad con la delincuencia organizada, y que denota un grave deterioro del estado de derecho y de las instituciones.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora María del Pilar Ortega Martínez pidió que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero no queden impunes y que realmente se conozca qué ocurrió en septiembre del año pasado.
“Conocer la verdad y obtener la justicia, esa es la demanda, para el PAN. Eso queda muy claro, y es que un año después de esos hechos, lejos de estar cerca de la verdad parece que hoy priva la confusión, y la comunidad internacional, las víctimas y la sociedad mexicana se manifiestan insatisfechos sobre la certeza, el conocimiento de los hechos, de la verdad”, expuso.
Consideró que no se avizora una solución real ni satisfactoria para este tema, por lo cual es fundamental que el Senado genere un acuerdo encaminado al esclarecimiento de los hechos. Del debate parlamentario, dijo, deben generarse conclusiones reales que ayuden al país a la construcción de instituciones que realmente tenga credibilidad para los mexicanos.
El senador Omar Fayad Menses, del PRI, refrendó “nuestra más absoluta solidaridad” con los familiares de las víctimas y de aquellos que aún están desaparecidos, al tiempo que condenó los hechos violentos de hace casi un año “que enlutan al país y provocan la indignación del pueblo mexicano”.
Afirmó que tras los hechos en Iguala la realidad “ha exhibido una incuestionable voluntad del presidente Peña para esclarecer este hecho y hacer justicia a cada una de las víctimas”.
Señaló que la PGR logró construir las hipótesis necesarias con base en pruebas periciales, “no son ocurrencias, hay que respetar la investigación”, por lo cual llamó a los grupos políticos a sumarse a la acción de la justicia para llegar a la verdad histórica de los hechos.
La senadora independiente Martha Anglica Tagle Martínez reprochó que los legisladores hayan centrado el debate en la defensa de los intereses de sus respectivos partidos. “¿Y la ciudadanía a la que representamos, dónde está, cuando se escucha su voz acá?”, cuestionó.
“Mientras discutimos aquí, en nuestro país, sólo en este sexenio se han registrado siete mil 600 desapariciones forzadas, 17 personas por día. Ese es el dato y nosotros seguimos defendiendo los intereses de nuestros partidos”, enfatizó.
Apuntó que hay responsabilidad de todas las autoridades de Estado, incluido el Legislativo, porque desde la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, a principios de los ochenta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Congreso mexicano legislar en materia de desaparición forzada, y este proceso aún no concluye.
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