Número-154
- Buscarán senadores mejorar la Minuta de Ley de Obras Públicas.
- Entre los temas más importantes resalta la contratación y mecanismos de evaluación de la obra.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial escuchó y recibió de parte de organizaciones civiles, asociaciones de la iniciativa privada y representantes de la Administración Pública Federal sus observaciones al borrador del proyecto de dictamen con modificaciones a la Minuta de Ley de Obras Públicas, enviada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2014.
Entre los temas que se abordaron destacan los mecanismos de planeación, evaluación y contratación de proyectos de obra pública, así como las adecuaciones a las reglas y principios relativos a los procedimientos de contratación, sanción y conciliación.
El senador del Grupo Parlamentario del PAN, Francisco Búrquez Valenzuela, titular de la Comisión, dijo que la mayor parte de las concentraciones económicas tienen por origen barreras regulatorias impuestas por las legislaciones y reglamentos, que obstaculizan la competencia y que generan concentraciones económicas.
Asimismo, asumió el compromiso de recuperar la confianza perdida y sacar la ley que merece México.
Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, apuntó que las observaciones presentadas son fundamentales. La planeación de las obras públicas es motor de desarrollo, por lo que no puede dirigirse a intereses particulares y es por lo que tenemos que velar, advirtió.
La legisladora argumentó que se dinamiza la economía en un momento en que el país lo requiere, pero nunca en detrimento de la transparencia ni de la calidad de la obra, que son temas fundamentales; asimismo, manifestó su beneplácito por tocar el tema del federalismo, respecto a la obligación de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y la observancia en términos más homogéneos.
Además, la senadora Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, resaltó que de abril a la fecha se ha trabajado con la minuta, y ahora se entrará en una etapa de trabajo interno, pues con las propuestas recibidas se tratará de conciliar en diversos temas.
Adicionalmente, recalcó que se trabajará con apego a derecho y a lo que marca la Constitución.
El senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN, recalcó que se ha trabajado en la reforma, debido a su importancia y a que “si algo se presta a la corrupción son las obras públicas”.
El país está desilusionado de las obras que hacemos, admitió, estamos muy mal colocados internacionalmente y ha habido escándalos muy graves de obras, que causan desaliento, desconfianza y le cuestan mucho dinero a la nación.
En su exposición, Manuel García García, coordinador de Enlace Legislativo y Normatividad de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) señaló que la minuta recoge la mayoría de las observaciones y señalamientos hechos en las reuniones de trabajo y en las comisiones; y celebró que las asociaciones civiles estén interesadas en incluir los temas de transparencia y mejores prácticas internacionales, para que la ley favorezca al país.
Francisco Javier Ramos Delgado, también de la CMIC, refirió que las observaciones versan sobre los artículos 2, fracción 1; 39 fracción 2; así como los artículos 42, 45 Ter, 50, 52 y 53, relativos al análisis comparativo del costo de ciclo de vida, definición de proyecto urbano, propuestas conjuntas, requisitos del fallo, adjudicaciones directas, contratos de mantenimiento y sobre la obligación de poner a disposición el sitio de los trabajos.
Al respecto, Mario Salazar Lazcano, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) dijo que el texto de la minuta señala que cuando dos o más empresas se asocian para presentar una oferta necesariamente deben tener una responsabilidad solidaria, sin tomar en cuenta la participación muy especializada, con 3 o 6 por ciento de responsabilidad, por lo que asumir 100 por ciento de la responsabilidad sería casi imposible.
Además, explicó que el Ejecutivo manifiesta su intención de ampliar la responsabilidad a las empresas supervisoras por la ejecución de los trabajos, pero subrayó que no debería ser así, pues se considera que está de más traer legislación supletoria a la propia ley. Por otra parte, sobre la responsabilidad civil, que tiene una prescripción de cinco años, dijo que en la práctica el tema de vicios ocultos tiene una prescripción de un año en función de las fianzas que se emiten, por lo que la propuesta es eliminar o en su caso dejar sólo cómo debe asumirse la responsabilidad.
Del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, Edmundo Gamas manifestó su preocupación por que la ley no señala claramente el objetivo que persigue, el cual debe ser asegurar que las obras públicas se entreguen con calidad, costo y oportunidad, y minimizando el uso de recursos públicos.
Además, manifestó que al ser una ley que regula y norma el gasto, debería incorporar un capítulo de planeación, y precisó que no hay reglas para definir cuándo se debe hacer una licitación cerrada o de adjudicación directa, por lo que va en contra de las mejores prácticas internacionales en la materia.
Por otra parte, Mariana Campos, de México Evalúa, expresó que se tienen preocupaciones sobre la permanencia y el fortalecimiento de un régimen de excepciones a la ley, que ha venido prosperando a lo largo de los años. La reforma, agregó, no considera experiencias anteriores, lo que ha sucedido con las excepciones vigentes, el costo que tiene para el erario, ni lo que marca la Constitución en su artículo 134 sobre contratación de obras, no reglamenta adecuadamente, desde que no establece su objetivo.
Asimismo, destacó que hay algunos temas ausentes en la ley para perseguir condiciones de competencia, imparcialidad, mecanismos que contengan la discrecionalidad, así como suficiente transparencia.
En su oportunidad Alejandro Faya Rodríguez, de la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, subrayó que las recomendaciones no fueron recogidas en el borrador, y puntualizó que en el caso del artículo primero, donde se refieren a los entes públicos de carácter federal, pareciera que se contradice con el ámbito de aplicación de la ley, cuyos sujetos obligados incluyen básicamente entes de carácter federal.
Sobre la regla que hay en el artículo 33, manifestó que es “poco ortodoxa”, pues refleja preocupación real en virtud de que los plazos para presentar propuestas tienen que ser razonables, para que permitan a los interesados presentar propuestas solventes y viables. La decisión del plazo, agregó tiene que ser de la autoridad convocante.
En el caso de la adjudicación directa, dijo que se establece una nueva causal, más amplia, sin embargo debería quedarse como venía en la minuta, pues se impide una licitación y se privilegia al concesionario que ejecuta los trabajos.
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