Número-126
- Garantizar certeza en las investigaciones realizadas por las instituciones responsables de la procuración de justicia, el objetivo de la iniciativa.
- Informe del GIEI pone de manifiesto la necesidad de contar con instituciones periciales ajenas a cualquier influencia o injerencia política: senadora Pilar Ortega Martínez.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Servicios Forenses, un organismo autónomo con el que se busca dar más certeza a las investigaciones realizadas por las instituciones responsables de la procuración de justicia.
Destacó que el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la supuesta incineración de los normalistas de Ayotzinapa, pone de manifiesto la necesidad de contar con instituciones periciales autónomas, ajenas a cualquier influencia o injerencia política, que actúen bajo patrones estrictamente científicos.
En este sentido, la legisladora propuso reformar el artículo 21 de la Constitución Política, a fin de establecer un órgano responsable de prestar servicios forenses con plena autonomía técnica y orgánica, que garantice certeza en los resultados de sus dictámenes periciales.
Aclaró que la propuesta también responde a la exigencia del sistema penal acusatorio para crear una instancia que brinde este tipo de servicios, independiente tanto del órgano de acusación como de defensa, que asegure una investigación del delito realizada de manera objetiva y con igualdad procesal.
Ortega Martínez argumentó que el nuevo diseño legal en materia penal requiere del acompañamiento de instituciones que permitan esclarecer los hechos constitutivos del delito de manera transparente, con el objeto de evitar la impunidad y que se culpe a inocentes.
Dijo que la reforma de justicia penal tiene el imperativo de la sociedad de contar con instancias jurídicas eficientes y eficaces, que aseguren una correcta administración e impartición de justicia, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y garantías de los ciudadanos.
La iniciativa plantea que el Instituto tenga competencia local y federal, que se rija por un consejo directivo, cuyos integrantes sean designados por el Senado, Además, propone la obligación del Congreso de la Unión para expedir la ley que cree dicho organismo.
El proyecto se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.
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