Número-071
- Se realizó el foro “La justicia transicional y el combate a la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos. La experiencia de Argentina, Brasil y Perú”.
- Preocupa a América del Sur que en México se registre la desaparición de 25 mil personas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, se pronunció porque los grupos parlamentarios del Senado muestren la voluntad política necesaria para impulsar una legislación que sirva eficazmente en el combate a los actos de tortura, violación de derechos humanos y la impunidad.
Al dar las conclusiones del foro “La justicia transicional y el combate a la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos. La experiencia de Argentina, Brasil y Perú”, de la Peña subrayó la necesidad de que el Ejecutivo federal adopte medidas que estén acordes a los grandes retos que enfrenta México en la materia.
“Tenemos una ruta marcada inexorablemente por los acontecimientos en Iguala, Guerrero”, señaló. Además llamó a la reflexión y a la búsqueda de voluntades para que los productos del Senado le sirvan efectivamente a la nación, y contribuyan a avizorar el camino a la paz y a la certidumbre, que México debe refrendar en su democracia todos los días.
Se requiere voluntad política, insistió, porque estar en una democracia no es garantía. “Si no se tiene presente que se necesita contar con un enfoque de garantía de los derechos humanos, plasmados en el artículo 1 de la Constitución, pues entonces queda como letra muerta”, advirtió.
La senadora pidió analizar si debe seguir el impulso una comisión de la verdad para Ayotzinapa, pues “independientemente de mi simpatía, en México no son fáciles las cosas”.
Además, expresó su esperanza de tener al frente de la nación “a quien se dé cuenta del tamaño del problema que tenemos, tenga la voluntad política como la mostrada por el presidente --Néstor-- Kirchner en Argentina”, y que tome grandes decisiones para dar un vuelco a la situación en el país.
Por su parte, la directora ejecutiva de la organización Conectas de Brasil, Jessica Morris, aseguró que para evitar crímenes como el de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, es necesario fincar responsabilidades contra quienes los cometieron.
“Debemos crear una nueva realidad para nuestro continente latinoamericano, donde la impunidad ya no exista”, subrayó al recordar que en 1964, Brasil pasó de una democracia a un régimen de dictadura militar donde miles de personas fueron desaparecidas, exiliadas, ejecutadas y se limitaron las libertades de expresión, prensa y asociación. En 1979 se aprobó una Ley de Amnistía que perdonó a todos los que cometieron violaciones graves de derechos humanos.
A raíz de esa ley, puntualizó, nadie ha sido juzgado, razón por la cual la sociedad civil ejerce presión sobre el gobierno para que cambie ese posicionamiento y se haga una investigación, con miras de castigar a quienes cometieron esos delitos.
El director ejecutivo de la organización CELS de Argentina, Gastón Chillier, reconoció que América del Sur mira con atención, expectativa y preocupación lo que pasa en México, no sólo por la el caso Ayotzinapa, sino por la desaparición de más de 25 mil personas, “que de alguna manera tiene que ver con el efecto de la impunidad de no haber juzgado crímenes graves en el pasado, como la masacre de Tlatelolco en 1968”.
Expresó que hacer justicia en torno a estos crímenes es fundamental para dar una respuesta a las víctimas, esencial para que no se vuelvan a repetir; “y en Argentina sabemos bien de los efectos de la impunidad”.
La impunidad socava las instituciones democráticas, los valores fundamentales, al tiempo que perpetúa la idea de que estos crímenes graves se repetirán. “Es doloroso y grave lo que se vive en México, lo vemos con mucha preocupación en toda la región, porque el efecto de lo que está pasando se vive en toda América Latina”, enfatizó.
David Lavatón Palacios, de la Fundación para el Debido Proceso, Washington, D.C. (DPFL), refrendó la preocupación por los hechos en México y aseveró que “si una democracia quiere ser tratada como tal en la comunidad internacional, entonces debe comportarse como tal, toda vez que si se comporta como una dictadura, lo único que va a conseguir es la condena internacional que merece”.
“¿Qué diablos pasó para que se perpetraran violaciones graves a los derechos humanos, no sólo en México, en Perú, Argentina o Brasil, sino en buena parte de América Latina?”, cuestionó. Además advirtió: “como sociedad debemos preguntarnos qué nos pasa como para permitir atrocidades como Ayotzinapa”.
Las graves violaciones a las garantías individuales en México y Perú revelan que estos países tienen Estados y estructuras institucionales precarias, por lo que se debe trabajar para su restructuración y el fortalecimiento de la democracia; pues hay una importante diferencia con otras experiencias en la región, como en Argentina o Brasil, donde las agresiones a la sociedad se realizaron bajo regímenes dictatoriales.
José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), advirtió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aun no garantiza resultados inmediatos y contundentes, pues su actuación en el caso Ayotzinapa fue lenta, al igual que en Apatzingán y Tlatlaya. “Se puede decir que todavía carecemos de una institución con la solidez que se requiere para estos hechos”, apuntó.
Aseveró que las instituciones de procuración de justicia no logran investigaciones confiables para las víctimas y creíbles para la sociedad, “pues siempre se van a topar con las barreras que han fomentado la construcción de un sistema perfecto de impunidad”.
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