Número-067
- Advierten senadores que el índice de delitos del orden común puede aumentar.
El Senado de la República hizo un llamado al Ejecutivo federal y al gobierno de Tamaulipas para que complementen las acciones necesarias que permitan fortalecer la estrategia integral para combatir la inseguridad en ese estado.
En el dictamen aprobado por la asamblea se señala que a pesar de que se ha registrado en el estado una nueva ola de violencia derivados de enfrentamientos entre grupos delincuenciales, el índice de delitos en Tamaulipas va a la baja.
Sin embargo, se subraya, el ideal es su erradicación total, por lo que se debe considerar impulsar acciones que favorezcan esa tendencia, sobre todo, en los ilícitos del fuero común.
No deja de ser preocupante, subraya el documento, que en los delitos del orden común esté latente la posibilidad de que se vuelva a incrementar la violencia en esa entidad, por lo que es fundamental fortalecer las acciones del gobierno estatal para prevenir alguna posible escalada de actos delictivos.
El documento refiere que si bien ya existen programas para combatir la inseguridad, sobre todo en delitos del orden federal, puede que ilícitos como el robo, robo con violencia, a casa-habitación, comercios, y de automóviles, entre otros, se conviertan en la constante.
Al respecto, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Iris Vianey Mendoza Mendoza, señaló que las condiciones de inseguridad en Tamaulipas aún prevalecen. Dijo que en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, ese estado reporta cinco mil 411 personas desaparecidas de 2007 al 31 de junio de 2015.
Hizo notar que no existe una estructura nacional e institucional que permita trabajar adecuadamente en la búsqueda de personas desaparecidas, ni en la identificación de cadáveres que se recuperan de las fosas comunes o clandestinas.
Piden armonizar marco jurídico local con Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
En la misma sesión, el Pleno respaldó un dictamen para exhortar a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que armonicen sus legislaciones con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y eliminen todas aquellas expresiones discriminatorias utilizadas para referirse a este sector de la población.
Los senadores indicaron que el propósito de dicha Convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad, pues retoma una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, empleo rehabilitación, entre otros aspectos.
Por ello, es necesario armonizar las legislaciones en los estados de la República con los términos de la Convención, ya que el número de personas con discapacidad ascienden a 7.7 millones en el país.
Solicitan impulsar Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018.
En otro dictamen, el Senado hizo un llamado a las entidades federativas para que a través de las instancias correspondientes difundan e implementen el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018.
Dicho programa comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas y privadas, talleres, “ya que la inclusión de personas con discapacidad se da como consecuencia de un enfoque de derechos, que el Estado debe garantizar y no como una dádiva”, precisa el documento.
A las personas con discapacidad se les ha negado la posibilidad de tener una educación y un desarrollo profesional, se les excluye de las relaciones sociales, culturales y laborales, por ello es necesario implementar las medidas necesarias que eviten cualquier tipo de discriminación, se puntualiza.
Necesaria, accesibilidad de niños con discapacidad a jardines, parques y centros de juegos
- Las senadoras del PRI, Hilda Flores; y del PRD, Lorena Cuéllar; urgieron a que se adopten medidas para beneficiar a niños y jóvenes con discapacidad.
Posteriormente, senadoras y senadores exhortaron a los gobiernos municipales para que incorporen en sus reglamentos la obligación de que en los procesos de proyección, diseño y construcción de parques, jardines y otros espacios públicos se considere la instalación de juegos adaptados para las personas con discapacidad.
La accesibilidad en los parques infantiles sigue constituyendo un reto pendiente para la inclusión de las niñas, niños adolescentes, sus padres y madres. Muchas veces son los grandes olvidados, por lo que es necesaria la construcción de espacios de juegos inclusivos.
Si queremos una sociedad donde la brecha de desigualdad social se reduzca, es necesario revindicar el derecho a jugar en igualdad, por ello se requiere la accesibilidad de parques infantiles a través de una propuesta ampliamente apoyada y percibida como algo necesario por la sociedad.
Sobre estos temas, la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Hilda Flores Escalera, sostuvo que de acuerdo con información del INEGI, 22 de cada 100 personas con discapacidad que están ocupadas, se desempeñan como trabajadores en actividades elementales y de apoyo en áreas como la agricultura, comercio, artesanal, profesional y técnica entre otros.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables destacó la importancia de que estados y municipios reconozcan que el juego, la recreación y el deporte, además de ser un derecho, les permite a las personas “descubrir lo que tienen alrededor, y también desarrollar múltiples habilidades de socialización y conocimiento del entorno”.
Sin embargo, lamentó que la accesibilidad en los parques infantiles sigue constituyendo un reto pendiente para la inclusión de las niñas, niños, adolescentes con discapacidad.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en 2008, por lo que es pertinente hacer un llamado a las legislaturas locales para que realicen los cambios necesarios al marco jurídico.
Recordó que con la ratificación de ese instrumento internacional, México aceptó las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del tratado, así como llevar a cabo los cambios necesarios a la legislación para hacerlo cumplir.
0-0-0
