Número-021
- Tráfico de menores, tema recurrente desde 2012, afirma la senadora Tagle Martínez.
- Este ilícito es equiparable al de trata de personas, considera senadora De la Peña Gómez.
El Senado exhortó al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) a armonizar a nivel nacional los requisitos y trámites de adopción y, a partir de ello, certificar a todas las instituciones, públicas y privadas, autorizadas para realizar este proceso.
El objetivo es garantizar la protección del interés supremo de los niños y las niñas, así como evitar más casos de tráfico de menores, como el registrado recientemente en el DIF estatal de Sonora.
La senadora Martha Tagle Martínez lamentó que el tema del tráfico de infantes en Sonora sea un tema recurrente desde el 2012, como lo evidencian las denuncias a través de notas periodísticas. Esta situación, señaló, deriva de una incorrecta regulación en la adopción.
“Por eso es que es muy importante que se regule, pero además que quede correctamente especificado que es un tema en el cual el Estado tiene completa responsabilidad. No puede ser considerado nunca como un asunto entre particulares, porque precisamente estamos viendo que cuando particulares participan en temas de adopción es precisamente que se dan este tipo de situaciones en que no se está velando por el interés superior de las niñas y los niños”.
También se exhorta al SNDIF, abundó la senadora independiente, a incluir el trámite de adopción dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), para hacer efectiva la homologación de requisitos en todos los DIF estatales.
Igualmente, se solicita que se promueva, ante el Comité Técnico de Normalización Nacional de Asistencia Social, la expedición de una Norma Oficial relativa al proceso de adopción.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, apuntó que si el caso de tráfico de niños en Sonora resultó “escandaloso”, el grave problema es que se ha registrado también en otros estados, como Jalisco y Guanajuato.
En estas entidades, subrayó, no cumplen sus funciones las instituciones responsables de garantizar la protección de los niños, quienes “se convierten en rehenes, en mercancía, en función de la vulnerabilidad de su madre, la mayor de las veces en pobreza”.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática consideró que estos casos, en que servidores públicos separaron a niños y niñas de sus madres biológicas, bajo la amenaza de quitarles a sus otros hijos si denunciaban, pueden tipificarse como un delito de trata de personas.
Recordó que el Senado reformó la Ley de Trata, donde se cuenta con un capítulo de sanciones, que debiera aplicarse a los funcionarios del DIF Sonora responsables de la venta de infantes.
De la Peña Gómez señaló la necesidad de que la Secretaría de Hacienda tome las medidas presupuestales necesarias para que se ponga en marcha el Sistema Nacional de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, lo que permitirá contar con un procurador de los derechos de la niñez dentro del marco del DIF.
Contar con la figura del procurador de los derechos de la infancia, enfatizó, servirá para que se vigile y garantice que en todas las entidades de la República se aplique dicha ley, sin posibilidad de que se tergiverse, como ha ocurrido en los estados de México y Sonora.
La presidenta de la Comisión de la Familia, Lizbeth Hernández Lecona, sostuvo que fortalecer la integración familiar se ha convertido en una necesidad para garantizar el desarrollo pleno de la sociedad, e incluso para coadyuvar a la reconstrucción del tejido social.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha impulsado dentro de los Objetivos del Milenio temas de desarrollo y garantía de los derechos individuales, a partir del fortalecimiento de la familia.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo coincidió en poner énfasis en el fortalecimiento de la familia, pues dentro de ella se pueden inculcar los valores necesarios para contrarrestar los problemas de inseguridad y violencia en el país.
La legisladora también del PRI urgió a que se armonice el proceso de adopción en los estados, pues al existir diversas normas, hay entidades en las que se utilizan términos poco claros sobre la situación de los menores en su nueva familia; e incluso discriminatorios, al imponerse en su documentación oficial el calificativo de “adoptado”, lo que contraviene la legislación sobre los derechos de la niñez.
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