Número-1145
- Especialistas advierten que la corrupción es un problema de seguridad nacional y que la transición quedará trunca si no hay visión de largo plazo.
- 100 mil millones de dólares a elecciones en los últimos 40 años; necesario un diagnóstico del gasto electoral.
Académicos solicitaron al Senado de la República que se abra la participación a organizaciones civiles y especialistas en la elaboración de las leyes secundarias contra la corrupción que, coincidieron, se ha convertido en un problema de seguridad nacional.
En el marco del segundo día del Primer Ciclo Nacional de Debates de Jóvenes Universitarios, convocado por el Parlamento Juvenil de México 2015, y coorganizado por el Senado de la República, se abordaron los temas anticorrupción, transparencia y juventud.
Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró ante universitarios de más de diez estados de la República, que la “la corrupción es un problema de sobrevivencia y seguridad nacional, porque alimenta la desigualdad; fomenta la falta de productividad y baja la competitividad; es un impuesto regresivo y aleja la inversión; deslegitima la democracia, a los políticos y al régimen democrático. Si todos estos elementos no son un problema de sobrevivencia del Estado, pues ya no sé qué es”.
Ante la magnitud del problema, adelantó la investigadora, organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), la Red de Rendición de Cuentas del CIDE y México Evalúa, entre otras, han solicitado participar en el seminario internacional que se realizará en el Senado, sobre procesos de leyes secundarias anticorrupción realizados en otros países.
El objetivo, puntualizó, es que las organizaciones incidan directamente en la elaboración de dichas leyes, a fin de dotarlas de tres elementos básicos: cerrar ventanas de oportunidad para que se corrompa a las autoridades, lo cual requiere de dar “más dientes” a las instituciones para que sancione estos actos; formar recursos humanos especializados; y tipificar con claridad las faltas administrativas y los delitos de corrupción “para cerrar las posibilidades de que se caigan los expedientes, porque sabemos cómo los abogados siempre encuentran hoyos en la ley”.
La especialista consideró, por otra parte, que también es necesario reconocer la responsabilidad de la sociedad y establecer un castigo social a la corrupción, que actualmente no existe. “Yo puedo escribir un artículo furioso contra un secretario o gobernador, pero me siento en la misma mesa con él, cuando se debe castigar socialmente, porque de lo contrario no funcionan” las acciones anticorrupción.
También es necesario, abundó, eliminar falsas percepciones sobre la corrupción, como que se da debido a la necesidad de las clases más pobres. Lo cierto es que estas ilegalidades las comete con mayor frecuencia la población de clase media y alta. Estos actos se concentran mayormente en los primeros cinco deciles.
Víctor Alarcón Olguín, profesor de la Universidad Autónoma de Iztapalapa (UAM-I), se pronunció porque se realice un diagnóstico general sobre los recursos destinados a las elecciones, a fin de combatir eficazmente las malas prácticas del gasto electoral.
Precisó que durante los últimos 40 años, se han destinado 100 mil millones de dólares en elecciones federales y procesos secundarios, cantidad con la que “por lo menos se habría podido pagar una décima parte de nuestra deuda histórica”.
Apuntó que el principal problema en esta área “es que los propios partidos incumplen con su compromiso, porque han reactivado la compra y coacción de voto, en lugar de hacer un buen gasto electoral”.
Esto se hace evidente en el gasto de los partidos, pues sólo destinan tres por ciento al empoderamiento de liderazgos femeninos; dos o tres por ciento a capacitación a jóvenes; dos por ciento a investigación. Más del 90 por ciento del presupuesto lo canalizan a “espotización” y gastos de administración.
Alarcón Olguín reconoció que se necesita también mayor responsabilidad ciudadana, pues en el pasado proceso el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, respaldado por el Instituto Nacional Electoral, contó con recursos por 20 millones de pesos, de los que sólo se distribuyeron entre organizaciones civiles 10 millones, “porque no hubo suficientes proyectos de calidad. No se trata de simular”.
Agustín Basave Benítez, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aseveró en su participación que “México tiene un cáncer histórico que tiene dos tumores, el de la corrupción alojado en el cerebro y el de la inacción, que se deben extirpar”.
Para ello, subrayó, es necesario sacudir los intereses económicos y políticos, pues de lo contrario en México la transición quedará “trunca”. Es decir, añadió, se requiere disposición de las fuerzas políticas “para entrar en negociaciones donde cada uno ponga algo para que México pueda avanzar”.
Es necesario, que los políticos den muestra de una visión de largo plazo, con sentido de Estado, “que estén dispuestos a perder y que sus partidos pierdan un poquito, pero que México salga ganando”, concluyó.
En los debates universitarios participaron también Jordi Messenguer Gally, presidente de la Comisión de Juventud del Congreso de Morelos; Raúl Díaz Estrada, coordinador de la encuesta “¿Cómo vamos en la Ciudad de México?”; Claudio Frausto Lara, de Elige A.C; y el politólogo Sergio Salgado Román.
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