Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Senado solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor redoblar esfuerzos para preservar y garantizar los derechos de los consumidores que contratan servicios de mutuo interés y garantía prendaria que ofrecen las “casas de empeño”, e intensifique las acciones de inspección y sanción a infractores.

En ese sentido, la Profeco debe informar sobre los avances del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Casas de Empeño 2010, precisando el estado que guarda el cumplimiento de esas empresas y el resultado de las verificaciones practicadas este año.

Además, deberá entregar una relación de las personas físicas o morales sancionadas por la violación a ley aplicable o la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, así como la causa y el monto de la sanción, y la estadística pormenorizada de las denuncias de consumidores.

El dictamen aprobado puntualiza que las casas de empeño no forman parte del sistema financiero formal, pero sí están sectorizadas como actividad económica y opción de préstamo rápido a un sector de la población, que en muchos casos no puede ser sujeto de crédito en el sistema financiero formal.

Entre las violaciones recurrentes detectadas por la Profeco en las casas de empeño se advierte el hecho de que las “instituciones” no utilizan el modelo de contrato de adhesión registrado, no proporcionan información relativa a términos y condiciones aplicables, costo anual total, entre otras.

En este sentido, es necesario revisar el marco legal de las casas de empeño --precisa el dictamen--, con el objetivo de evitar que se enriquezcan desmesuradamente a costa de un segmento de la población que busca obtener dinero rápido para sortear los estragos de la crisis.

Acciones de verificación a expendedores de tortillas

Por otra parte, con el propósito evitar abusos en la venta de tortillas e imponer sanciones que de conformidad a la ley, el Senado de la República exhortó a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a intensificar las acciones de verificación a los expendedores del producto básico.

En particular, solicitó a la Secretaría de Economía un informe sobre las medidas que realiza actualmente para evitar el incremento en el precio de la tortilla.

Los legisladores establecieron en el dictamen avalado, que en días pasados la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías anunció que los costos de producción para los expendedores de tortilla podrían ocasionar el incremento en el precio de su producto.

Según información de la SE el precio de la tortilla está sujeto a la oferta y demanda del mercado; sin embargo, no se justifican incrementos sustanciales toda vez que el precio internacional del maíz, a partir del mes de noviembre (2010), se ha estabilizado.

En el dictamen se aclara que a la fecha no se ha registrado ningún incremento en el precio por kilogramo de tortilla, pero que es necesario intensificar acciones de la Profeco para verificar la venta del producto, de conformidad al precio autorizado.

Verificación de proveedores de agua potable en Oaxaca

En otro dictamen, el Senado pidió a la Profeco establecer un programa de verificación de proveedores de agua potable mediante pipas en la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca, con el objeto de verificar que su comercialización se apegue a la normatividad aplicable.

Ello, después de que el Consejo Nacional de Población dio a conocer que la entidad se ubica en el penúltimo lugar nacional con relación al mayor déficit en el abastecimiento de agua potable, la construcción de drenajes, así como en la ampliación de la red de distribución de agua.

A su vez, se da cuenta que sólo 65.5 por ciento de los oaxaqueños cuentan con agua entubada y 72 por ciento carecen de servicios de salud; es decir, buena parte de la población vive sin servicios básicos.

El dictamen también destaca que en la capital oaxaqueña hay una mala distribución del líquido, ya que en colonias céntricas y residenciales es abundante y desperdiciado, en colonias de los alrededores, no hay acceso a ella de forma constante, “solamente a través de pipas que lo distribuyen a un costo muy elevado y de mala calidad”.

En las colonias conurbadas, y en su mayoría, en condiciones de marginalidad- el costo de una pipa de 10 mil litros de agua es de alrededor de 600 pesos; una de 5 mil litros, cuesta 430 pesos; mientras que de 3 mil 500 litros, cuesta 350, y un “tambo de agua” con 200 litros, cuesta 20 pesos.

Requiere Senado información acerca de investigadores del INIFAP

En la sesión de este jueves, el Senado solicitó a la Sagarpa y al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), información acerca del número de investigadores que laboran en ese Instituto bajo contrato por tiempo determinado, así como del número de plazas disponibles para investigadores.

El reporte, deberá detallar por qué no se han renovado los contratos de 300 investigadores que laboraban a través de contratos por tiempo determinado, así como los avances, y en su caso, contratación de plazas definitivas de investigadores bajo el mismo régimen, y las prestaciones con que cuenta el personal investigador con plaza definitiva, en dicha Institución.

Asimismo, deberán dar cuenta de la estrategia implementada para que el país recupere la investigación agrícola de calidad que permita llegar a los pequeños y medianos productores y no sólo a los altamente tecnificados, para garantizar la seguridad alimentaria.

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