Número-1108
- En México mueren a diario 30 personas por una deficiente alimentación, apunta senador Fidel Demédicis.
- Especialistas sugieren cambios a políticas públicas, afirman que la pequeña agricultura es una alternativa real de soberanía alimentaria y combate al cambio climático.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), de la Universidad Agrónoma de Chapingo y pequeños productores advirtieron que los subsidios gubernamentales no acabarán con el hambre en México, y demandaron un cambio en las políticas de gobierno, ya que la mala planeación ha provocado una baja en la producción de alimentos.
Lo anterior, durante el Foro Internacional para Fortalecer la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, convocada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado de la República, Fidel Demédicis Hidalgo, quien denunció que en México mueren 30 personas cada día por hambre o por enfermedades asociadas a una mala alimentación.
La situación puede ser más grave, apuntó, dadas las condiciones de pobreza: “Cada dos minutos dos mexicanos más pasan a ser pobres. Esto no se va a acabar si no hacemos lo necesario como sociedad y si no cambian las políticas de gobierno”.
Ante este escenario, el senador por el Partido de la Revolución Democrática se pronunció por emprender reformas a las políticas públicas, con miras a reducir los programas asistencialistas, a fin de asignar más presupuesto a proyectos que permitan fortalecer a los pequeños productores.
Subrayó que este sector representa 52 por ciento de la propiedad social y genera 64 por ciento de empleos del campo, por lo que es una alternativa real de combate a la pobreza y permitiría superar el reto que tiene el Estado de revertir el hambre en el país.
El jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Juan Manuel López Arroyo, apuntó que “es necesario tener vergüenza para poder reconocer el tema del hambre en México, y hay que recordar que en diciembre de 2012, en sus primeras palabras, eso fue lo que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, reconocer que en México existe el hambre, un tema que no estaba en la agenda nacional, y se transformó en el diseño de políticas públicas”.
Coincidió en la necesidad de enfocar programas a los pequeños productores, articular los programas y las dependencias para utilizar de manera más eficiente los recursos, a fin de atender a la población.
Adelantó que actualmente se trabaja para mejorar reglas de operación, instrumentos de focalización de apoyos, establecer indicadores comunes en estados y municipios para evitar duplicidad de programas. El objetivo es crear una real coordinación institucional.
El representante de la FAO, Fernando Soto Baquero, subrayó que uno de los principales desafíos en México es vincular sus políticas social, productiva, laboral y ambiental, para fortalecer la agricultura familiar e indígena y que esta se convierta en un instrumento para abatir el hambre y la pobreza, y en una de las principales acciones contra el calentamiento global.
Existe alerta en el mundo porque hacia el 2050 se requiere la producción de más de cinco mil millones de toneladas de alimentos para nueve mil 300 millones de personas, pero se cuenta con menos tierra, agua y biodiversidad, apuntó. Añadió que en México el costo del agotamiento y degradación de los recursos naturales representó en 2012 el 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, el doble de lo que aporta el sector primario a este rubro.
El especialista pidió que el Estado mexicano rompa paradigmas en la producción de alimentos y su enfoque en la pequeña agricultura. Señaló casos de éxito en India, China, Vietnam y Egipto, países con menos capacidad que en México, donde “no puede haber un rincón en el que no existan alimentos y haya accesibilidad a los mismos. Este país tiene enorme potencial para tener seguridad alimentaria en cada metro cuadrado de su territorio, y está en manos de la agricultura familiar e indígena”.
Cassio Luiselli, del RIMISP, consideró que debe haber nuevas políticas públicas que atiendan partes críticas en la cadena productiva, como el acceso de los productores agropecuarios a los supermercados, pues en América Latina cerca del 60 por ciento de las personas acuden a dichos establecimientos, donde la mayoría de los productos provienen de países de Europa y Asia.
Se pronunció por conjuntar la actividad de los pequeños agricultores con las micro y mediana industria y comercio, lo que requiere la actualización constante de censos, a fin de que los especialistas tengan claridad de las problemáticas y acciones que se deben atender en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo.
Por la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), el catedrático Renato Zárate Baños advirtió que los subsidios otorgados a través de los programas del campo están mal canalizados, pues se disponen para resolver necesidades básicas de consumo de las familias con menos recursos.
Subrayó que ningún programa gubernamental respalda el objetivo principal de la actividad agropecuaria: la producción de alimentos a favor de la población y la soberanía alimentaria del país, así como dar a los campesinos la posibilidad de obtener ganancias y que esto les permita mayor bienestar.
Precisó que, a partir de las acciones gubernamentales, el ingreso de las familias campesinas proviene en 60 por ciento de los subsidios, y eso desestimula directamente la actividad productiva, “y sobre todo vulnera la identidad del campesino como proveedor de alimentos, no sólo para satisfacer las necesidades familiares, sino los requerimientos de alimentos de toda una población”.
El catedrático de la UACH llamó a las autoridades a establecer un diálogo con los productores rurales, que son clave en la recuperación económica del país y en la restitución del tejido social.
En el mismo sentido se pronunciaron los representantes del Consejo Nacional de la Red Mexicana de la Agricultura Campesina e Indígena, María Eustacia Salvador; Frente Auténtico del Campo, Antonio Medrano; y Movimiento en Defensa del Territorio y Derecho a la Alimentación, Max Correa, quienes apuntaron que la falta de políticas públicas adecuadas ha favorecido a las grandes industrias trasnacionales, que acaparan el mercado, imponen bajos precios y, por ende, favorecen el aumento de la pobreza.
Apuntaron que si el gobierno procura que los campesinos obtengan precios justos por sus productos, estos tendrán posibilidades de obtener ganancias y mayor bienestar a sus familias, lo que restaría al presupuesto la carga de los subsidios contra la pobreza.
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