Número-1049
- Se trata de una herramienta para la promoción de los derechos humanos de quienes hablan esta lengua indígena.
- Necesario, dotar a los pueblos originarios de mecanismos para que conozcan las leyes y ejerzan sus derechos: senador Luis Sánchez Jiménez.
Legisladores de la República presentaron en la Cámara de Senadores una edición bilingüe español-maya de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una herramienta para la promoción de las garantías y derechos humanos de los pueblos y comunidades que hablan esta lengua indígena.
El senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó en 2014 que hay ocho mil 334 indígenas presos que no hablan español, de los cuales a 80 por ciento de ellos se les violó su debido proceso al no contar con un traductor para que conociera los cargos que se les imputaron.
Dijo que esta situación hace notar la falta de visión del Estado, pues ignora la complejidad que existe para hacer respetar y garantizar los derechos humanos de quienes hablan solamente alguna de las lenguas originarias del país.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática se pronunció a favor de dotar a los pueblos indígenas de herramientas para que conozcan las leyes para su defensa y puedan ejercer sus derechos.
Refirió que la lengua originaria que más se usa es el náhuatl con un millón 544 mil 968 hablantes; la segunda el maya con 786 mil 113; el tercero es el mixteco con 471 mil 710; el cuarto es el tzeltal con 445 mil 856 y le sigue el zapoteco con 425 mil 123 parlantes.
Fidencio Briceño, coordinador de la traducción de la Carta Magna, expresó que con este trabajo se abre un mundo de posibilidades a las lenguas indígenas al reconocer su importancia y validez, además de que acerca a los pueblos originarios al campo de la justicia, pues quien no conoce las leyes no conoce sus derechos.
Consideró que hacen falta políticas lingüísticas claras y efectivas para salvaguardar estos idiomas, los cuales son minimizados frecuentemente. En este sentido, mencionó que es necesario traducir leyes, decretos, reglamentos y demás documentos que atañen al aspecto legal, a fin de dar a las comunidades herramientas jurídicas para la defensa, protección y difusión de sus derechos.
Agregó que la lengua maya es una de las variantes lingüísticas con mayor número de hablantes en México, por lo que debe ser un orgullo y compromiso luchar para su permanencia y uso en más contextos comunicativos.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, refirió que en 2010, cerca del siete por ciento de la población mexicana era hablante de una lengua indígena, y de ese porcentaje, el 16 por ciento no hablaba español.
“Hasta hace poco tiempo --destacó--, aproximadamente uno por ciento de la población se regía por una Constitución que no podía comprender”.
Por ello, reiteró, la edición bilingüe --que contiene las recientes reformas en materia educativa, competitividad y político-electoral-- es un material básico para la integración de la identidad nacional. Se trata, enfatizó, de un valioso esfuerzo de distintas instituciones para difundir los ordenamientos jurídicos en las lenguas maternas de las comunidades indígenas.
La diputada Graciela Saldaña Freire, del PRD, dijo que la cantidad de “maya-hablantes” abarca una Población Económicamente Activa que demanda educación y fuentes de empleo, pues se trata de una comunidad al margen del progreso económico, “históricamente obligada a hacer grandes esfuerzos para lograr su sobrevivencia”.
En este contexto, enfatizó, la Constitución representa una herramienta para la educación y reconocimiento de los derechos humanos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, estados en el que la lengua maya es de uso común y un elemento de fortaleza e identidad.
El diputado del PRD, Agustín Miguel Alonso Raya, señaló que la presentación de la Carta Magna en maya, busca cumplir con el respeto y reconocimiento de la composición pluricultural de la nación y con los preceptos de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Consideró que es obligación del Estado mexicano garantizar el desarrollo integral de todos los pueblos y comunidades del país, así como reconocer el pleno respeto a sus derechos políticos, culturales, económicos y sociales, además de los establecidos en normas y convenios internacionales.
Fabricio Gaxiola, director general adjunto del Instituto Nacional de Lenguas Indígena, manifestó que esta traducción representa un trabajo importante para fortalecer la identidad y prestigio de las lenguas indígenas, ya que acerca a una parte de la población maya a la Carta Magna.
Traducir documentos legales a lenguas indígenas presenta enormes complejidades técnicas, lingüísticas y de significado, porque no necesariamente existen los mismos conceptos en ambos idiomas, por tal motivo es necesario reconocer y destacar este trabajo, concluyó.
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