Número-1033
- De septiembre de 2013 a agosto de 2014, las perdidas por tomas clandestinas asciende a 15 mil 300 millones de pesos.
- Aun con el Programa Nacional de Verificación de Combustibles, las irregularidades en las gasolineras que verifica Profeco lejos de disminuir, van en aumento.
La Comisión Permanente del Congreso exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a incrementar los operativos de vigilancia de las bombas despachadoras de gasolina en las estaciones de servicio que han sido sancionadas por incurrir en irregularidades al despachar combustibles.
Aunado a ello, los legisladores hicieron un llamado a la Procuraduría para que intensifique las acciones de fomento a la denuncia de las estaciones de servicio que incurren en estas irregularidades.
En el dictamen aprobado en la sesión de este día, se señala que aun cuando la Profeco mantiene de forma permanente el Programa Nacional de Verificación de Combustibles, las irregularidades en las gasolineras que verifica, lejos de disminuir, van en aumento.
Se precisa que en el primer trimestre de 2014 la dependencia halló anomalías en el 58 por ciento de las estaciones revisadas, y entre enero y marzo de 2015 las fallas alcanzaron 66 por ciento. Incluso algunas estaciones de servicio incurren en anomalías, a pesar de haber sido inspeccionadas en más de dos ocasiones en los últimos 15 meses y continúan en funcionamiento.
El documento señala que las 570 gasolineras revisadas en los primeros tres meses del año y las mil 792 revisadas en 2014 suman una quinta parte de las 11 mil 246 franquicias que existen en territorio nacional, por lo que el riesgo para los consumidores puede ser latente en el resto.
El dictamen refiere que diversos medios de comunicación han dado a conocer que en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, donde existe presencia del crimen organizado, la labor de la Profeco es aún más limitada, pues ha revisado menos de 10 por ciento de las estaciones que hay en esos lugares.
En las consideraciones del dictamen se subraya la necesidad de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor en las más de 10 mil estaciones de servicio Pemex en el país que comercializan gasolinas y diésel.
Medidas para erradicar tomas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León
A fin de detectar y erradicar las tomas clandestinas en la refinería de Pemex Ing. Héctor Lara Sosa, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, la Comisión Permanente exhortó al gobierno de esa entidad, a la Secretaría de Energía, a las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a redoblar esfuerzos para evitar la falta de abastecimiento que gasolina en diversos municipios de ese estado.
Además, en el dictamen aprobado se solicitó un informe detallado sobre los efectos negativos, afectaciones o repercusiones que representan para esa refinería la existencia de tomas clandestinas, para la extracción ilegal de combustible en su red de ductos. Los datos deberán ser entregados en un plazo no mayor a 15 días.
En Nuevo León, señala el documento, se concentran más de la mitad de las ordeñas detectadas en el histórico de la Procuraduría General de la República (PGR), de 2006 a agosto de 2014, registrando 892 sustracciones ilegales, es decir 9.9 por ciento del total.
Este problema, es resultado del incremento del robo de hidrocarburos en la región norte, en los poliductos Ciudad Juárez-Chihuahua y Cadereyta-Gómez Palacio-Chihuahua, así como en los de Madero-Cadereyta y Brownsville-Cadereyta., situación que ha afectado el suministro en zonas metropolitanas de Chihuahua y Monterrey.
En el documento, avalado en la sesión de este día, y de acuerdo con datos de PEMEX, desde el año 2000 se detectaron un total de 155 tomas clandestinas, las cuales año con año han ido en aumento, hasta reportar mil 963 tomas del 1 de enero al 31 de julio de 2014.
Se estima que el daño patrimonial para la industria, tan sólo en el año 2011, ascendió a 23 mil 900 millones de pesos; en el 2012 fue de 33 mil 200 millones de pesos. De septiembre de 2013 a agosto de 2014, estas cifras representan aproximadamente 15 mil 300 millones de pesos.
Además, se subraya el riesgo que estas actividades ilícitas representa a la población que vive en zonas aledañas y donde se resguarda el producto sustraído, a lo que se suma el daño al medio ambiente, por las fugas que se ocasionan en la apertura de los ductos y por el manejo de hidrocarburos y sus derivados.
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