El Senado de la República recibió para su análisis y dictaminación una propuesta que busca establecer como delito grave la adulteración de bebidas alcohólicas y sancionar con uno a nueve años de prisión a quien cometa este ilícito.
Además, en la minuta enviada por la Cámara de Diputados se plantea fijar una multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente, a quien por si o a través de otro expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.
Aunado a ello, se sugiere “considerar y sancionar” como delincuencia organizada la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de bebidas alcohólicas y su introducción ilegal al país.
En el texto se subraya que en México, de acuerdo con la Cámara de Industria de Vinos y Licores, seis de cada 10 botellas de bebidas alcohólicas son adulteradas, con una carga de metanol y etilenglicol que provocan en sus consumidores mareos, pérdida de la vista o la muerte.
De igual forma, de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) entre el 45 y 50 por ciento de las bebidas que se consumen son adulteradas o falsificadas en establecimientos clandestinos.
La producción y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas --se indica en el documento-- ha contribuido a que en los últimos años el mercado formal haya tenido una contracción del 30 por ciento, lo que ha provocado la pérdida de seis mil empleos directos y 120 mil más indirectos.
La minuta que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales y las leyes General de Salud y la Federal contra la Delincuencia Organizada se remitió a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
Que telefónicas informen sobre consumo a usuarios
El pleno de la Cámara de Senadores dio entrada a una solicitud para que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones dispongan de instrumentos o mecanismos técnicos de consulta gratuita, permanente e inmediata.
Lo anterior, con la finalidad de permitir a los usuarios conocer, desde sus equipos, el nivel de consumo preciso en moneda nacional de su línea telefónica fija o móvil.
En la minuta de la colegisladora se señala que a poco más de 20 años del proceso de liberalización del sector telefónico en el país, se siguen presentando deficiencias, ya que los consumidores no reciben un servicio “con la calidad que se merecen”.
Por ello, se plantea la necesidad de obligar a los concesionarios de las redes de telecomunicaciones establecer un dispositivo de medición en cada línea telefónica que permita al usuario conocer su nivel de consumo en moneda nacional.
Ello, se agrega, brindará certeza jurídica y económica a los usuarios, de lo que tendrán que pagar por la utilización de la línea telefónica.
La minuta que busca reformar el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se envió a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.
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