Número-1030
- Especialistas en el tema señalaron que se tiene que definir el tipo penal del delito para no crear confusiones.
- Se debe especificar que el actor activo del delito debe responder por cada una de las víctimas, dijo la senadora Angélica de la Peña.
Las diferencias contenidas en la minuta para reformar la Ley Contra la Trata de Personas, enviadas por la Cámara de Diputados al Senado de la República, obstruyen el combate efectivo de este delito en el país, señalaron senadores y especialistas en el foro “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas”.
Actualmente existe una confusión porque los tipos penales no están definidos, se castigan los delitos en materia de trata de personas, pero no la trata en sí, estimaron representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de asociaciones civiles.
La senadora Adriana Dávila, del Partido Acción Nacional, refirió que en el Senado no están en posibilidades de aceptar el tipo penal que propone la iniciativa de la Cámara de Diputados, porque sanciona la explotación y castigar ese delito no es una facultad del Congreso de la Unión.
Señaló que se busca penalizar la tentativa de la trata de personas, es decir: el enganche, el traslado, la captación, la recepción y entrega, a través del uso del engaño, la fuerza, la seducción o abuso de vulnerabilidad, con el fin de explotar a otra persona.
La senadora Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que no es por capricho que se pretende modificar la Ley Contra la Trata de Personas, sino para que el tipo penal quede incluido y se pueda aplicar como una legislación única en todo el país.
Puntualizó que también se debe especificar que el actor activo del delito debe responder por cada una de las víctimas, lo cual no se aplica con la ley actual. Además, falta incorporar delitos como: servicio forzado, embarazo forzado o extracción de órganos, entre otros.
En su intervención, el senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del Partido Acción Nacional, señaló que México es país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, a través del continente. Y es el segundo delito en importancia económica, después del tráfico de drogas.
Apuntó que aunque los gobiernos han realizado grandes esfuerzos para combatir la trata de personas, aún existe una deuda pendiente en este tema. Dijo que la Ley Contra la Trata de Personas debe ser precisa y explícita para que el Ministerio Público obtenga elementos para acreditar este delito.
Nelly Montealegre, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, cuestionó cuáles son las opciones que se le ofrecen a las víctimas de la trata de personas, una vez que fueron rescatadas; y determinó que aún falta generar más programas de atención.
Señaló que las responsabilidades de las autoridades están marcadas en la legislación, pero regularmente las necesidades de las víctimas van más allá.
Mercedes Peláez, directora general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Segob, comentó que no se trata sólo de proteger y sanar a las víctimas físicamente, sino también psicológicamente.
Dijo que el modelo de atención a víctimas no está basado en una idea asistencial, sino que se refiere a la reivindicación de sus derechos humanos.
Por su parte, Yuriria Álvarez, directora del programa Contra la Trata de Personas de la CNDH, explicó que aún hay divergencias en la definición del delito de trata de personas entre los servidores públicos.
Consideró que la única manera de combatir este delito es mediante la prevención y el autocuidado, pero no a través de campañas, sino desde el origen y las necesidades de las comunidades.
Carlos Rodríguez, director general de Atención a Víctimas de la PGJDF, dijo que actualmente no sólo se le da una asistencia jurídica la víctima, sino también se le otorga una atención individualizada y herramientas para lograr la desvictimización.
Morelia Tovar, de la Asociación Movimiento Pro-erótico, señaló que les preocupa que las autoridades del Distrito Federal combatan este delito en lugares donde no existe; y señaló que la mala redacción de la Ley Contra la Trata de Personas permite abusos de las autoridades.
Iliana Ruvalcaba, de la Asociación Pozo de Vida, comentó que la ley es perfectible y las modificaciones que se pretenden en el Congreso de la Unión se deben orientar hacia la reinserción social de las víctimas.
En su participación, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dijo que a las víctimas no se les debe criminalizar ni maltratar, porque muchas veces sucede así en las procuradurías de justicia. Además, llamó a no perpetuar estereotipos.
Mónica Salazar, del Colectivo Contra la Trata de Personas, puntualizó que les preocupa que en la minuta se contempla al comercio sexual como trata de personas, y al comentar sobre las bailarinas eróticas, advirtió que tampoco consiente que las personas adultas muestren partes pudendas de su cuerpo; y criminaliza a la pobreza y la exclusión, por eso se equipara a la trata de personas con la explotación.
Luis Enrique Genis, vocero del Movimiento Proentretenimiento Erótico, comentó que los trabajadores de bares y centros nocturnos de la ciudad son chivos expiatorios para justificar la detección y protección de las víctimas de trata de personas, por la confusión que propicia la redacción de la ley, en la definición del delito.
Al foro “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas”, convocado por la Comisión contra la Trata de Personas y la Comisión de Derechos Humanos del senado, también asistieron las senadoras Margarita Flores y Sonia Rocha.
Está previsto continuar con los trabajos y las mesas de análisis sobre la trata de personas con fines de explotación, de los trabajos y servicios forzados y la diferencia con la explotación laboral; en este sentido, el próximo 5 de agosto se debatirá sobre la confusión entre explotación con fines de reproducción y la subrogación de vientres.
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