• Vigencia de Estado de derecho y seguridad, los retos: PAN
• Confrontación entre poderes abona a ingobernabilidad: PRI
• “Estrategia militarizadora” representa un riesgo: PRD
• Insuficientes, las acciones para combatir al crimen: PVEM
• Libramos una guerra absurda: Convergencia
• Rebasada política interior por inseguridad y polarización: PT
• Necesario, diálogo entre poderes: NA
Senadores del PAN, PRI, PRD, PVEM, Convergencia, PT y Nueva Alianza fijaron sus posicionamientos sobre la política interior contenida en el V Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón.
A nombre de Acción Nacional, Fernando Elizondo Barragán afirmó que los retos más importantes de la política interior son la vigencia del Estado de derecho y un nivel de seguridad adecuado, pues son prerrequisitos para el desarrollo y su ausencia es garantía de retroceso.
Dijo que una de las claves para reducir la delincuencia es contar con cuerpos policiacos suficientes y confiables, sin embargo “desgraciadamente es insoslayable el rezago que tenemos en los órdenes estatales y municipales y en muchos casos el número de elementos no llega siquiera al mínimo recomendado por las Naciones Unidas”.
“Es penoso constatar --apuntó-- que a más de tres años de la firma del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad algunos de los compromisos asumidos por estados presentan un grave retraso”.
El senador por Nuevo León señaló que “el país se encuentra en una situación inaceptable” en materia de inseguridad y que este fenómeno se ha combatido “como nunca antes”.
Consideró imperioso zanjar diferencias y acordar los cambios necesarios para lograr una mayor efectividad en la estrategia aplicada, pues al mismo tiempo que se da este combate en amplias zonas del territorio las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, lavado de dinero y de organización policial siguen esperando.
Por su parte, el senador priista Melquiades Morales Flores expresó que la confrontación con los poderes Legislativo y Judicial, así como con los gobiernos estatales “no ha abonado al logro de acuerdos plenos y sí al riesgo de la ingobernabilidad”.
“Inculpar al Poder Legislativo de la falta de reformas o iniciativas no aprobadas --acotó--es una imputación injusta y grave, porque los legisladores hemos aprobado la gran mayoría de las propuestas del Ejecutivo”, pero pese a esto “el gobierno federal se ha enfrentado al Congreso de manera reiterada”.
Agregó que acusar al Poder Judicial de tolerar a criminales es muy grave, porque contribuye a desconfiar aún más del aparato de justicia, cuando su deber es fomentar credibilidad y confianza en éste.
Este fenómeno, afirmó Morales Flores, se repite con gobernadores y alcaldes, a quienes el Ejecutivo acusa de ineficacia y falta de colaboración en el combate a la delincuencia y al narcotráfico.
Por ello, propuso un sistema de seguridad pública que proteja sin avasallar, coordine sin lesionar la soberanía de las entidades y la autonomía de los municipios y contemple la salida de las Fuerzas Armadas del combate al crimen organizado.
El senador José Luis Máximo García Zalvidea, del PRD, dijo que el discurso para defender “la estrategia militarizadora” en el combate el crimen presenta el riesgo de imponerse en el imaginario popular como un falso dilema entre la seguridad y la libertad y los derechos.
Subrayó que día a día crece la percepción de que la lucha anticrimen ha fracasado y el clamor por un cambio de estrategia, pues la actual ha provocado un costo de 50 mil muertos, más de mil 200 niños asesinados, al menos 150 huérfanos, viudas, cónyuges y padres en el abandono, entre tres mil y 10 mil desaparecidos y 700 mil desplazados.
En contraste, refirió, la política belicista incrementó el presupuesto en materia de seguridad: en la Secretaría de Defensa pasó de 32 mil 200 millones de pesos a 50 mil 39 millones entre 2007 y 2011, el de la Marina de 10 mil 951 a 18 mil 270 millones y el de Seguridad Pública de 13 mil 664 a 35 mil 519 millones de pesos.
Además, tampoco disminuyeron las adiciones, pues el consumo de drogas como la mariguana y cocaína creció entre jóvenes 4.2 y 2.4 por ciento, respectivamente, en cuatro años.
En su turno, el senador del PVEM, Jorge Legorreta Ordorica, reconoció “los sacrificios implementados”, sobre todo para salvar vidas, pero “lamentablemente es notoria la insuficiencia de las acciones”, pues el objetivo no se concretizó; “por el contrario, se deja patente un rotundo fracaso” en materia de seguridad.
Advirtió que el “no contar con seguridad pública pone en jaque a las instituciones y la integridad de las personas”.
Resaltó que las organizaciones criminales controlan zonas enteras del país y los lamentables sucesos del Casino Royal, los 35 cadáveres arrojados en un paso a desnivel en Boca del Río y el secuestro de migrantes, ponen en duda la afirmación de que “vamos en la ruta correcta”.
¿Cómo se le puede decir a la población que el Poder Ejecutivo desde hace cinco años está en una lucha que ha ocasionado miles de muertes y víctimas inocentes?, cuestionó.
De Convergencia, el senador Eugenio Govea Arcos manifestó que el monopolio de la violencia legítima corresponde al Estado y “este gobierno ha sido incapaz de asegurarle a los 112 millones de habitantes su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio”.
Aseveró que “estamos librando una guerra absurda”, pues la estrategia comprende sólo la acción de las Fuerzas Armadas y federales “sin tener las reformas necesarias para un enfrentamiento de este naturaleza, con un marco jurídico hecho para la paz y no para la guerra”.
Señaló que pedirle a Estados Unidos que disminuya el consumo de drogas “demerita la representación que tiene el jefe del Estado mexicano” y el Senado tiene la responsabilidad de resolver este problema.
En este contexto, afirmó que reconstruir el Estado de derecho es el verdadero desafío para el Congreso.
El senador petista Ricardo Monreal Ávila advirtió en su turno que “si hoy los ciudadanos se sienten más inseguros, vulnerables y distantes de sus instituciones, es porque la política interior está rebasada por la inseguridad y la polarización”.
Señaló que el Instituto Nacional de Migración y la Dirección de Juegos, Rifas y Sorteos “ilustran de manera práctica por qué el actual combate de la delincuencia organizada es una batalla perdida desde su diseño institucional”.
La delincuencia organizada en México, recalcó el legislador, “no nace por generación espontánea, es ante todo una delincuencia protegida, alentada o detonada desde el poder público mismo”.
“Es tan delgada, difusa y confusa la frontera entre agentes de migración y traficantes de indocumentados, entre ex funcionarios de Gobernación y los promotores de casinos o entre policías con organizaciones criminales, que ya no se sabe a ciencia cierta quién infiltra a quién”, expresó.
A su vez, el senador Rafael Ochoa Guzmán advirtió que “el país atraviesa por un momento crítico y muy delicado que nos convoca a cerrar filas y subordinar todas las agendas de facción o personal al interés nacional”, pues es el momento para la responsabilidad, la prudencia y el diálogo entre poderes.
El legislador del Partido Nueva Alianza respaldó la determinación del presidente Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado, pero consideró que al narcotráfico y a las organizaciones que lo fomentan no se les derrota sólo con la fuerza policiaco militar.
Lo que hace falta, enfatizó, es una estrategia integral que someta a los criminales y ofrezca oportunidades de desarrollo, estudio y empleo a cientos de personas, porque “para recuperar la seguridad y tranquilidad de los mexicanos debemos recuperar el rumbo del crecimiento económico”.
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