Número-979
- Urge una visión de Estado para garantizar calidad educativa: senador Armando Ríos Piter.
- A pesar de la complejidad que enfrenta la entidad, la Reforma Educativa avanza y no se detendrá, afirma Gabino Cué.
La Segunda Comisión de la Permanente, que preside el senador Armado Ríos Piter, y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, llevaron a cabo la primera Mesa de Análisis Intergubernamental sobre la implementación de la Reforma Educativa.
En el encuentro, Ríos Piter dejó en claro que el tema educativo requiere de una visión integral, en lo territorial y entre los órdenes de gobierno que participan en su implementación, pues se trata de un sector “que tiene inercias, pero también retos que si no enfrentamos de manera compartida difícilmente vamos a poder subsanar”.
Reconoció que en un tema tan relevante es indispensable construir un diálogo que vaya más allá de las dinámicas tradicionales, a fin de que el Poder Legislativo pueda identificar los avances de la reforma educativa, pero también los desafíos que plantea en las diferentes entidades de la República.
Las dificultades específicas de cada región, afirmó el legislador del Partido de la Revolución Democrática, requieren una visión de Estado para poder garantizar que la calidad educativa que reciben los niños y niñas de este país sea una realidad y “vaya más allá de discursos y señalamientos”.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez aseveró que existe “un sentimiento de frustración” porque no fue posible llevar a cabo, en el momento programado, la evaluación docente en el estado y saber que aún hay grupos que se oponen y resisten a la aspiración de garantizar una enseñanza de calidad.
Reconoció que Oaxaca tiene particularidades que representan importantes desafíos en la implementación del nuevo marco legal educativo como su ubicación orográfica, dispersión población y composición multiétnica, que requiere mediadas específicas que tal vez no se necesiten en otros estados.
A nombre del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks criticó la posición que se ha tenido frente a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), porque da la impresión de que los poderes públicos están secuestrados y de que el gobierno se expone como “víctima absoluta”.
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores manifestó que las diferentes iniciativas en materia educativa que se han presentado en el Congreso de Oaxaca tienen contradicciones con la legislación federal aprobada por el Congreso de la Unión, incluida la del gobernador. Agregó que si bien hay diferencias por la marginalidad y pobreza que prevalecen en Oaxaca, la normatividad debe ser aplicada, pues es una ruta para construir y fortalecer el pacto federal.
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Hilaria Domínguez Arvizu señaló que la reforma educativa fue aprobada por el Congreso, es una ley, y por lo tanto se debe aplicar cabalmente.
Enfatizó que la autonomía de las entidades federativas no puede ser pretexto para incumplir el mandato constitucional y cuestionó al gobernador Gabino Cué sobre quién tiene la rectoría de la educación en su estado y quién organiza los paros magisteriales.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, resaltó que el Estado debe asumir la corresponsabilidad con Oaxaca y las entidades del sur-sureste, a fin de implementar la reforma educativa y dar solución a los conflictos que se generen con los maestros.
Agregó que la Federación y el Congreso deben reconocer las condiciones de Oaxaca y los estados de esa región, y en función de eso aplicar “la ruta correspondiente” para fortalecer la infraestructura escolar.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, aseguró que el gobierno estatal no ha dado muestras fehacientes de acompañar el esfuerzo nacional en esta materia, pues todo lo que ha realizado la administración local “ha sido a modo de la Sección 22”, que es quien tiene el control de la educación.
Señaló que Oaxaca fue el único estado que no realizó a tiempo las modificaciones a su legislación para adecuar los contenidos de la Reforma Educativa; por ello, asentó, se interpuso una controversia constitucional.
En tanto, la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuestionó al mandatario estatal sobre la falta de homologación de las leyes estatales en materia educativa con las leyes constitucionales.
También del PRD, el diputado Fernando Belauzarán Méndez cuestionó al gobernador en qué medida ha coadyuvado la Secretaría de Gobernación con el gobierno estatal para resolver el problema de aplicación de la reforma educativa en ese estado.
Esther Quintana Salinas, diputada de Acción Nacional, recordó que a los gobiernos federal y estatal les corresponde garantizar el cumplimiento del artículo 3° de la Constitución y sus leyes reglamentarias; por eso, agregó, llama la atención “tanta consideración” para quienes “se brincan” las normas.
El diputado Filiberto Guevara González, del PRI, reiteró que la educación es una responsabilidad de todos los niveles de gobierno y los sindicatos, para que millones de niños tengan la oportunidad de cambiar sus condiciones de vida.
En su intervención inicial, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, afirmó que a pesar de la complejidad que enfrenta la entidad, la Reforma Educativa avanza y no se detendrá.
Dijo que su gobierno tiene un compromiso indeclinable con la legalidad y plena disposición para aceptar y colaborar con la Auditoría Superior de la Federación para garantizar la transparencia absoluta en la fiscalización del uso y destino de los recursos públicos del sector.
Los nuevos tiempos de la educación y sus efectos en los estados del sureste del país --consideró-- exigen unidad y trabajo conjunto, porque se trata de una problemática estructural de muy larga evolución, cuya magnitud rebasa por mucho los recursos financieros, así como las estructuras funcionales y logísticas que poseen entidades como Oaxaca.
De ahí, agregó, el imperativo de comprender, atender y procesar la problemática educativa oaxaqueña como una causa y prioridad del Estado mexicano, y no concebirla como una responsabilidad exclusiva del gobierno estatal, cuyas posibilidades para resolver de fondo este problema histórico han resultado insuficientes.
Gabino Cué refirió que desde hace 23 años, 92 por ciento de la estructura de personal del Instituto de Educación Pública del estado es sindicalizado, incluidos sus mandos medios y superiores, lo que ha impedido a los gobiernos estatales en turno diseñar y operar una eficiente política que favorezca el desarrollo educativo de la entidad.
“Se trata de un esquema de apropiación de las estructuras educativas del estado, apuntalado por una membresía sindical integrada por más de 83 mil trabajadores, cuya capacidad de movilización ha superado históricamente los mecanismos de contención y control de los gobiernos estatales”, agregó.
“Esta es la principal razón que ha imposibilitado el registro de los controles de asistencia y la aplicación de descuentos y sanciones administrativas en el sistema educativo de la entidad”. No obstante, dijo, en un marco de corresponsabilidad y coordinación con el gobierno de la República, se ha ejercido una ruta de diálogo y consensos que ha permitido avanzar en el proceso de implementación de la Reforma Educativa.
Destacó que con la presentación de la iniciativa de Ley Estatal de Educación a la Legislatura local, el 14 de agosto de 2014, se asumió la obligación constitucional de armonizar el marco legal de la entidad con las disposiciones de dicha Reforma.
El gobernador también aclaró que esta propuesta no fue elaborada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ni contraviene los preceptos de la Constitución General de la República y sus leyes reglamentarias en materia educativa.
Además, expuso, la iniciativa tampoco propone crear instancias ni instituciones gubernamentales --alternas o supletorias-- que pretendan subvertir las facultades exclusivas de la Federación en materia de evaluación docente, ingreso, promoción y permanencia.
En sus respuestas, Cué Monteagudo explicó que para evitar la confrontación y la violencia que dañan la imagen de un estado que vive del turismo, se acordó con la Secretaría de Educación Pública (SEP) posponer la evaluación; no obstante, no se descarta resguardar con uso de la fuerza pública el lugar donde se realicen los exámenes, añadió.
Respecto a las clases perdidas, dijo que es una función concurrente, solidaria y que en este sentido el gobierno del Estado aplicará la norma.
El gobernador de Oaxaca precisó que no se han hecho acuerdos en lo “oscurito” con la CNTE, porque no es negociable la aplicación de la ley e informó que a esta organización se le ha notificado la no afectación de sus derechos laborales.
Solicitó el apoyo a los legisladores para que sea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el que precise las particularidades que posee cada estado y garantizar que la evaluación docente se realice conforme a la realidad lingüística, social, económica y cultural de los profesores.
Manifestó que los maestros no se oponen a la ley, sin embargo se requiere de la revisión de las necesidades específicas de cada entidad y de los docentes.
Gabino Cué también aseguró que no tiene ningún compromiso con los maestros y maestras de la Sección 22, pero reconoció que Oaxaca fue el estado que más se retrasó en la elaboración de la iniciativa para armonizar la enmienda constitucional y las leyes secundarias.
Al final del encuentro, el senador Armando Ríos Piter dio a conocer que el jueves de la siguiente semana se prevé la presencia del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, para continuar con el análisis intergubernamental respecto a los procesos de implementación de las reformas constitucional y legal en materia de servicio profesional y evaluación docente.
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