Senadores de los diferentes grupos parlamentarios se comprometieron a continuar con el proceso legislativo para armonizar las leyes Federal del Trabajo y General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Al clausurar el Foro de análisis de la Convención, el senador José González Morfín dijo que en el Senado “nos hemos puesto la meta de disminuir la brecha histórica que existía con algunos grupos de nuestra sociedad”.
Por ello, con la aprobación y posterior promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, “pasamos de una política pública asistencial a una que reconoce y promueve el ejercicio pleno de sus derechos”, enfatizó el presidente del Senado de la República.
Para las senadores y senadores, aseguró, es indispensable seguir impulsando a nivel nacional y en los foros internacionales la promoción de una cultura de los derechos humanos moderna, que priorice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.
Dijo que en la Cámara de Senadores “estamos comprometidos con un modelo de sociedad democrática que sea cada vez más incluyente; sabemos que aún queda muchísimo trabajo por hacer, por lo que este foro constituye un espacio idóneo para seguir adelante en el proceso de armonización del marco jurídico”.
González Morfín afirmó que es una responsabilidad fundamental del Estado dejar de lado las situaciones de exclusión que tienen su raíz en cuestiones socioeconómicas, culturales o físicas, por lo que no debe pasar un día más en el que la condición humana sea puesta en riesgo porque no existen los elementos jurídicos para hacer frente a las injusticias.
A nombre del PRI y en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo resaltó que se requiere un cambio cultural para que se entienda que el problema no está en las deficiencias físicas o intelectuales de las personas, sino en el ejercicio desigual de sus derechos.
Pero, consideró, las instituciones encargadas de preservar y garantizar el ejercicio de los derechos de toda la población también deben ser parte de esa transformación.
En este sentido, dijo que con la discusión para la armonización de los ordenamientos donde participan personas con discapacidad, el Congreso no sólo no evita este debate sino que participa para propiciar las adecuaciones legales en beneficio de los grupos vulnerables.
En tanto, el senador panista Rubén Camarillo Ortega leyó un punto de acuerdo respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios para que en el proceso para adecuar el marco jurídico a la Convención se consulte a personas con discapacidad y/o las organizaciones que las representan.
Uno de los objetivos, precisó, es revisar la legislación actual, iniciativas y minutas en materia de educación y trabajo respecto de las disposiciones del instrumento internacional e impulsar las reformas relativas en el Senado.
Por parte de las agrupaciones sociales, el niño Ulises Manzano Hernández dio lectura a un documento en el que acordaron que el proceso de consulta comience con el análisis de los derechos a la educación y trabajo de las personas con discapacidad durante este periodo de sesiones.
Previamente, en el inicio de trabajos del foro, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Ricardo García Cervantes, resaltó que es urgente adecuar las leyes a los compromisos que tiene el Estado con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “que ya es ley suprema”.
Ello, porque la reforma al Artículo 1 Constitucional consagra los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción, pues “la dignidad no se distingue por las condiciones de capacidad o incapacidad, sino por la esencia misma del ser humano, añadió el legislador.
En este sentido, su compañera de bancada, la senadora panista Teresa Ortuño Gurza manifestó que en la Cámara de Senadores “estamos en la mejor disponibilidad” para ajustar el régimen legal y cambiar la cultura, costumbres y mentalidad en los tres órdenes de gobierno.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, planteó que la armonización es una oportunidad para el sector educativo porque “nos va a permitir fortalecer el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, para la construcción de una educación de calidad y equidad”.
Dijo que el tema es complejo porque “cualquier esfuerzo para clasificar analíticamente la discapacidad se encuentra con una realidad profundamente heterogénea y diversa, porque cada persona tiene una característica particular”, pero en la Secretaria está el interés de participar en las consultas para mejorar la situación del sector.
Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado en el acceso a los niños que padecen este problema al sistema de educación especial, puntualizó.
A su vez, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, también de Acción Nacional, convocó a la Cámara de Diputados a aprobar la reforma laboral en materia de grupos vulnerables, pues la ley vigente “los está discriminando y cerrando las oportunidades”.
Por Convergencia, el senador Eugenio Govea Arcos celebró el encuentro porque “el cambio profundo que reclama el país tiene que realizarse desde la sociedad en su conjunto”.
Por ello, convocó a las organizaciones a darle seguimiento al proceso legislativo, con el propósito de que se conviertan en políticas públicas las adecuaciones jurídicas en materia de trabajo y educación de las personas con discapacidad.
José Luis Galeana, de la asociación civil Paso a Paso, resaltó la promoción de empleos para las personas con discapacidad con estabilidad y certidumbre jurídica, pues el número de personas con esta problemática se encuentran en el subempleo, con trabajos en casa y en pequeños negocios familiares con los mínimos para subsistir.
Los estados partes de la Convención, subrayó, reconocen el derecho al trabajo de este sector en igualdad de condiciones e implica la garantía de ganarse la vida mediante una plaza libremente elegida y aceptada.
Este instrumento, dijo la directora de Inclusión Educativa, Alama Carmona Enríquez, también reconoce el derecho a la educación de las personas con discapacidad sin discriminación y con base en un sistema inclusivo en todos los niveles.
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