Número-953
- Senador Salvador López Brito reconoce que ha habido lentitud en la labor parlamentaria y de gobierno para lograr un crecimiento sustentable.
- Con una visión de largo plazo, es posible aumentar hasta 120 por ciento la producción de alimentos marinos, apuntan Conapesca e Inapesca
El Senado y Cámara de Diputados deben concretar en la LXIII Legislatura una ley eficaz que permita un crecimiento sustentable de la pesca y acuacultura, con una visión de largo plazo, que prevea los retos que impone el cambio climático en el comportamiento de las especies en los mares, concluyeron la Comisión de Pesca y Acuacultura, especialistas y productores en la clausura del seminario "Hacia la Pesca y la Acuacultura Sustentables".
El presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado de la República, Salvador López Brito, reconoció que ha habido pocos avances: “hemos ido con paso de elefante, lentos, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, para dar una respuesta pronta en materia de producción pesquera y de acuacultura”.
Esto pone en desventaja a México, porque a nivel mundial muchos gobiernos han tomado acciones certeras y ya lograron un mejor y mayor crecimiento económico, soberanía alimentaria, con un adecuado cuidado del medio ambiente, reconoció el legislador.
Con este argumento, llamó a los senadores y “todos los diputados que van a iniciar sesiones este próximo primero de septiembre, a atender la gran posibilidad de responder a lo que espera México de nosotros como legisladores”, en un trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo y organizaciones civiles.
El senador del Partido Acción Nacional hizo énfasis en la advertencia de los especialistas, en el sentido de que, para lograr una buena gobernanza en el sector, un punto primordial es el cuidado de los ecosistemas, lo cual requiere la modificación de las dinámicas en pesca y acuacultura, así como en la certificación de los productores.
Refirió que con este objetivo, se analizarán a fondo la nueva Ley de Aguas, particularmente en lo que se refiere al uso del líquido en acuacultura, la petición de productores rivereños para modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que prohíbe la captura comercial de especies permitidas exclusivamente a la pesca deportiva. Ambos temas se encuentran actualmente en la Cámara de Diputados.
Silvia Salas Márquez, de la organización internacional “Demasiado Grande para Ignorar”, presentó en su turno ocho puntos primordiales de las conclusiones: Orientar la actividad pesquera y acuícola bajo un enfoque de “economía azul”, de respeto al ecosistema con el máximo bienestar social, que permita el crecimiento económico, seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza.
Avanzar en la visión de protección social, educación y vivienda, en beneficio de los pescadores; impulsar la certificación de calidad de pesquerías y la acuacultura, bajo estándares internacionales de sustentabilidad, con mayor productividad, lo que propiciará una mayor competitividad de México en el mercado internacional.
Además, establecer una buena gobernanza a partir de la participación de todos los actores involucrados; la inclusión de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) y sus similares de los estados; aumentar el presupuesto en actividades de investigación, inspección, vigilancia y los programas de sustentabilidad, así como establecer mecanismos para medir el avance y alcance de las políticas públicas.
Para afrontar los retos del cambio climático, agregó la experta, se requiere transformar las instituciones de gobierno y el sistema de administración de pesquerías, para que sean más flexibles y tengan la capacidad de entender y atender, con eficiencia, los cambios del ambiente marino. También se debe revisar la asignación de derechos en áreas pesqueras y marinas, con enfoque de beneficio social, ambiental y económico.
El director del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), Pablo Arenas Fuentes, reconoció que es necesario asignar mayor presupuesto al sector, a fin de establecer estrategias y programas con visión de largo plazo, que permitan atender los retos económicos, sociales y ambientales que se registran en la actividad pesquera.
En lo anterior coincidió el director del Conapesca, Mario Aguilar Sánchez, quien destacó la necesidad de una reforma legislativa que permita eliminar las cargas normativas, que frenan una mayor producción e inversión, necesarias para que la pesca y acuacultura alcancen su potencial real.
En México, sostuvo, con una buena legislación y disciplina en las políticas públicas, el alimento proveniente de los mares puede incrementarse en el mediano plazo hasta 23 por ciento, y a largo plazo de 110 a 120 por ciento, y puede mejorar la capacidad de recuperación de nueve años de los stocks de especies.
En el tercer y último día de los trabajos de este seminario participaron además los especialistas Roberto Eduardo Mendoza Alfaro, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); Juan Carlos Seijo Gutiérrez, de la Universidad Marista de Mérida, Amy Hudson Weaver y Salvador Rodríguez Van Dyck, de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C.; y Laura Rodríguez Harker, del Environmental Defense Fund de México (EDFM).
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