Número-933
- Necesaria, una nueva legislación para concretar el desarrollo sustentable del sector, reconoce senador Salvador López Brito.
- Productores piden que la Secretaría de Marina sea la responsable de la vigilancia y protección en materia de pesca.
El presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, Francisco Salvador López Brito, apuntó que este órgano legislativo deberá atender retos como lograr mayores recursos y una nueva legislación que permita el eficaz desarrollo y crecimiento de la pesca y acuacultura, como alternativas en materia económica y garantías de abasto de alimentos con alto valor nutritivo.
Estos retos obligan a que el Poder Legislativo trabaje en alianza y coordinación con el gobierno federal y las administraciones estatales y, en especial, con organizaciones de productores pesqueros y acuicultores, representantes de la sociedad civil y de investigación científica.
El coordinador general de Operación y Estrategia Institucional del Consejo Nacional de Pesca (Conapesca), Alfredo Aranda Ocampo, reconoció que entre los retos de la agenda legislativa destaca la asignación de más presupuesto al ramo, para generar grupos de trabajo que hagan cumplir con las normas de captura de especies marinas, cultivo de especies en aguas dulces y el cuidado del medio ambiente.
Refirió que la propuesta presupuestal del Ejecutivo es mantener el programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, basado en cinco ejes: ordenamiento pesquero y acuícola para el aprovechamiento sustentable; cumplimiento del ordenamiento, en coordinación con estados y municipios; capitalización pesquera y acuícola, con financiamiento a través de la reactivación de Pro-mar; desarrollo estratégico; y fomento al consumo de alimentos del mar.
El funcionario reconoció que el Senado y la Cámara de Diputados han apoyado para dotar de más recursos a la pesca y acuacultura; sin embargo se necesitan alianzas entre el gobierno federal y los estatales con organizaciones de productores, a fin de lograr las metas de crecimiento.
Otros pendientes en la agenda parlamentaria, abundó, son la renovación del marco regulatorio, acorde a las necesidades del país y los acuerdos internacionales; la consolidación de los consejos estatales; la declaración de la acuacultura como una actividad primaria; y la ley federal de derechos de acuacultura, que considera los usos de agua y el de paso; así como la producción en zonas de protección ambiental.
Aranda Ocampo anunció que México suscribirá en breve su inclusión a la Red de Acuacultura de las Américas, que es una iniciativa que ha impulsado la secretaria de la Comisión de Pesca, senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para incrementar la productividad de la acuacultura.
El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, Armando Castro Real, reconoció avances en las políticas públicas, pero advirtió que es urgente incrementar los recursos para el sector: “Si no tenemos la atención en el presupuesto, pues todo queda en buenas intenciones ¿Qué programa puede avanzar, qué cosa importante podemos hacer en la pesca y acuacultura con tres mil millones de pesos para la Conapesca?, es un presupuesto de burla, no merecemos tan poquito los pescadores y acuicultores”.
Advirtió que los recursos se necesitan para incentivar la producción y también para fortalecer el marco regulatorio que protege a diversas especies, pues la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha advertido que las malas prácticas de captura han llevado a bajas importantes en la producción de diversas especies.
Ejemplo de ello es la captura de camarón: por cada 20 mil toneladas que se pescan, se matan entre 300 y 400 mil toneladas de otras especies como huachinango, robalo, lenguado y mero, que antes eran pauta de desarrollo de las comunidades.
“Es incongruente que se trabaje por mejorar la producción de alimentos y abastecer las necesidades alimentarias en México y el mundo, y que nuestra forma de pescar sea contraria a lo que debemos hacer. Es tiempo de tomar una decisión por todos los actores, desde el más alto nivel de gobierno hasta el pescador más humilde, y definir áreas donde no se pueda pescar por arrastre, ni pangas o barcos, debemos establecer zonas de protección y delimitar artes de pescas que no depreden”, subrayó el dirigente de la (Conacoop).
José Luis Carrillo, de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop), señaló que otro grave problema, derivado de la falta de presupuesto, es la deficiencia en la vigilancia de los mares para hacer cumplir las normas de pesca y para dar seguridad a los pescadores.
En materia de inspección y vigilancia, aseveró, autoridades y productores están rebasados: “no podemos cubrir los más de 11 mil 500 kilómetros de litoral con 200 oficiales federales de pesca, no alcanza ni para un estado, siendo realistas de la dimensión del problema; no podemos tener gobernanza sin un buen programa de inspección y vigilancia”.
Carrillo Galaz propuso que, para resolver esta problemática de forma definitiva, en el Senado se impulse una legislación para que la Secretaría de Marina (Semar) forme una guardia costera responsable de la vigilancia y ayude en caso de accidentes, incidentes y salvaguarda de la vida humana en el mar.
Leticia Merino, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que en términos parlamentarios, es necesario que tanto el Consejo Nacional como los estatales operen en términos de sustentabilidad, consideren la protección al ambiente y realicen un manejo funcional y transparente de los sistemas de pesca.
En estos consejos, puntualizó, deben participar organizaciones de la sociedad civil, que estén representados todos los intereses y la toma de decisiones sea balanceada, además de que estas representaciones sociales tengan influencia directa en las políticas públicas.
Los especialistas en medio ambiente Pablo Arenas Fuentes, del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca); Andrea Sáenz Arroyo, de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur); y José Luis García Calderón, de la Universidad Autónoma Metropolitana; coincidieron en que la pesca y acuacultura requieren de más recursos presupuestales para fomentar la innovación y promover la transferencia de tecnología, que permita alcanzar la seguridad alimentaria y competitividad internacional, sin provocar mayores daños al medio ambiente.
Lo anterior requiere el impulso de un proceso de reorganización, en principio para promover los estudios en la materia y abatir el déficit de investigadores, así como para establecer nuevos esquemas de vinculación social y de atracción de inversiones privadas, que permitan ampliar de manera importante la investigación nacional, concluyeron.
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