Número-892
- Se hizo un llamado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que lleve a cabo un análisis cuidadoso y transparente de los 41 cambios de uso de suelo previstos.
- Piden que se resuelvan homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, médicos pasantes que prestaban servicio social.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, un informe sobre las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como de las acciones desarrolladas para prevenir y sancionar estos hechos.
El dictamen con punto de acuerdo también hace un llamado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que lleve a cabo un análisis cuidadoso y transparente de los 41 cambios de uso de suelo previstos para ser discutidos próximamente, respetando el resultado de las consultas vecinales y salvaguardando el marco normativo vigente.
Al respecto, el senador Arturo Zamora Jiménez dijo que la propuesta busca normar el criterio en las futuras decisiones que se realicen en materia de cambios de uso de suelo, ya que lo más importante en materia de desarrollo urbano es el usuario, “la persona que vive y convive todos los días en la capital del país”.
En este sentido, el senador del Partido Revolucionario Institucional refirió que en 2014 se presentaron tres mil 425 denuncias, que se recibieron en diferentes instancias, en las que se observa la inconformidad de las personas respecto a este tema.
La construcción de grandes edificios ha generado grandes problemas de movilidad urbana, todo en medio del malestar de los ciudadanos y las organizaciones, debido a los riesgos que implican, en materia de seguridad, la serie de modificaciones que conllevan cierto desorden, concluyó.
La senadora Angélica De la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que los debates alrededor de estos temas resultan complejos, por lo que es fundamental tener información formal respecto a las denuncias sobre presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México.
“Por eso me doy cuenta que la propuesta permitirá obtener información formal debidamente sustentada en la oficialidad de las dependencias, estructuras y procedimientos planteados en la propia normatividad del DF, a fin de tener las condiciones necesarias para conocer el procedimiento”, señaló.
El diputado del Partido Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval, dijo que estas modificaciones pueden ocasionar los males que acarrea un incorrecto desarrollo urbano no planificado; por lo tanto, se debe buscar que los integrantes de la Asamblea tengan el mayor cuidado posible a la hora de hacer el análisis, “ya que hemos escuchado que esta intención responde al inminente cambio de la configuración parlamentaria que sufrirá”.
Piden que se resuelvan homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez
Además, la Comisión Permanente hizo un llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa para que investiguen y resuelvan, a la brevedad posible, los homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente.
Los legisladores avalaron un exhorto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Sistema Nacional de Salud, así como a las autoridades encargadas de la seguridad pública de las 32 entidades federativas, para que desarrollen e implementen estrategias que garanticen la integridad de los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en comunidades donde se presenten condiciones de inseguridad.
También exhortaron a la Secretaría de Salud a emitir la Norma Oficial Mexicana 009SSA3-2013, que regula las condiciones físicas de las unidades médicas, y permitirá garantizar la seguridad de los pasantes que prestan sus servicio social.
Lo anterior, debido a que María Teresa Adona Ponce, residente de medicina, daba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (Umaps), en el municipio de Romita, y el pasado 14 de junio, fue encontrada muerta; igualmente, se señala que Luis Oswaldo Duarte Jiménez, pediatra neumólogo del hospital Ángeles, fue interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar y, posteriormente, se le encontró asesinado.
El senador del PRI, Arturo Zamora Jiménez dijo que es fundamental considerar la seguridad de los profesionales de la salud, toda vez que para desarrollar sus labores son asignados a comunidades distintas a las de su domicilio y, por su localización y dadas las condiciones de violencia que vive nuestro país en algunas regiones, resultan afectados.
Manifestó que los pasantes de la carrera de medicina se ven expuestos a serios y graves riesgos; refirió que del 2006 al 2012, al menos 71 pasantes de medicina han sufrido todo tipo de agresiones, mujeres y hombres que han sido vejados, extorsionados, secuestrados e incluso asesinados. “Por esa razón se busca que se les establezca un marco de seguridad”, explicó.
Su compañero de bancada, Arquímedes Oramas Vargas manifestó que es de suma importancia conservar la integridad de los pasantes de servicio social, que han sufrido en repetidas ocasiones las consecuencias de la violencia.
De manera especial tenemos que cuidar a este sector que está en las comunidades y los lugares más apartados, “todos los involucrados debemos cuidarlos porque ellos no solamente están garantizando la salud de la población sino que a su vez están formando un México más próspero”, concluyó.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez dijo que es necesario que se esclarezcan estos dos casos y a la vez se tomen medidas preventivas para que no se repitan este tipo de hechos, “ya que por el grado de violencia que existe en el país, hasta los estudiantes que realizan su servicio social han resultado afectados”.
Garantizar protección y trato digno a refugiados
Posteriormente, los legisladores exhortaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de implementar las medidas necesarias para garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país en búsqueda de seguridad y mejores condiciones de vida.
Se subraya que diversas organizaciones señalan que los refugiados en México se enfrentan a problemas cotidianos tales como diferencia en el idioma para aquellos que no hablan español, la discriminación laboral, la falta de reconocimiento de la validez de los documentos de residencia por instituciones privadas y públicas así como la falta de oportunidades para acceder a la educación o a la vivienda,
Es indispensable brindar oportunidades de desarrollo a quienes se encuentren amparados por nuestras leyes y los Tratados Internacionales en la materia, puntualiza.
Certificar toda la plantilla de elementos policiacos de Veracruz
La Comisión Permanente exhortó al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz para que, redoblen esfuerzos a fin de certificar totalmente a su plantilla de elementos policiacos y con ello brinden un ambiente de mayor tranquilidad y confianza entre la población.
A través de la propuesta se busca capacitar y brindar herramientas al personal para lograr su profesionalización a través de evaluaciones de control de confianza y, por consiguiente, su certificación, dado que el objetivo es contar con personal que pueda dar respuesta a las necesidades que enfrentan las entidades, particularmente en un escenario de desconfianza e inseguridad.
Reconocimiento a elementos de seguridad
La Comisión Permanente avaló un reconocimiento a la actuación de los policías involucrados en la protección de los ciudadanos, los días 10 y 12 de junio de 2015, cuando al intentar asaltar a un conductor, un delincuente fue herido de bala por un policía de investigación, en la avenida Constituyentes, de la Ciudad de México.
Asimismo, planteó que el gobierno del Distrito Federal otorgue las distinciones y apoyos que sean procedentes, conforme al marco legal aplicable, en favor de los elementos de seguridad que, en el cumplimiento de su deber, garantizan la seguridad y bienes de los ciudadanos.
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