Número-888
- Por recorte presupuestal se han anunciado una serie de medidas que implican el despido de trabajadores de Pemex.
- En otro dictamen, legisladores pidieron garantizar derechos de propiedad en actividades de industria petrolera.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que salvaguarde los derechos de los trabajadores del sector energético del país.
Los legisladores también solicitaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) que, en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe sobre los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, en particular de los ajustes de la plantilla laboral que, como consecuencia de los recortes presupuestales, haya hecho o tenga pensado hacer.
En el dictamen que se aprobó sin discusión, se menciona que en el análisis de la reforma constitucional en materia energética, durante 2013 y 2014, el gobierno federal sostuvo que con esta enmienda se tendrían, entre otros beneficios, “500 mil empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025”.
Sin embargo, se agrega, a partir del recorte presupuestal a Pemex, de 62 mil millones de pesos --equivalente al 11.5 por ciento del total de su gasto anual--, se han anunciado una serie de medidas que implican el despido de trabajadores.
Tan sólo el 15 de marzo, en Coatzacoalcos, Veracruz, se despidieron a 400 sindicalizados, que se suman a los más de 10 mil empleados contratados por outsourcing que dejaron de laborar desde el 1 enero de este año y se espera que otros 60 mil sindicalizados sean despedidos en los próximos meses.
En documento aprobado se considera de vital importancia que todas las decisiones que sean tomadas en esa empresa tengan el menor impacto en términos de despido de los trabajadores y que, en su caso, ésta se realice en el marco normativo y se respete en todo momento los derechos laborales.
Piden garantizar derechos de propiedad en actividades de industria petrolera
En la sesión de este miércoles, el Pleno pidió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a Pemex que, en coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal, garanticen que las actividades para el desarrollo de la industria petrolera se realicen con pleno respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras.
Además, la asamblea exhortó a la CNH para que, en coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal, elabore y difunda protocolos mínimos de actuación para el personal contratado por asignatarios o contratistas, para el uso o tránsito de tierras en las que convivan con otras actividades productivas, con especial atención de agricultores y ganaderos.
Los legisladores destacaron en el dictamen que la Ley de Hidrocarburos tuvo por objeto establecer un procedimiento por el cual el Estado asegurará la ejecución de proyectos para la obtención de mayores ingresos en la extracción de petróleo y gas, así como beneficiar y garantizar la protección de los derechos de los dueños o poseedores de los terrenos en que se lleven a cabo estas actividades.
Además, expusieron, se previó no sólo impedir que los titulares de los terrenos fueran expulsados de sus comunidades, sino que además se estableció como un derecho el pago de contraprestaciones por la ocupación o afectación superficial.
La propia ley, enfatizaron senadores y diputados, prohíbe que asignatarios y contratistas realicen, directa o indirectamente, conductas o prácticas abusivas en contra de propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, y plantea como sanción en caso de acreditarse una práctica reiterada de estas conductas, la revocación de la asignación, permisos o autorizaciones, o la recisión del contrato.
Urge determinar daño a costas mexicanas por derrame de British Petroleum
La Comisión Permanente también conminó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realice un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México, causado por el derrame de crudo provocado por la empresa British Petroleum, en 2010.
Asimismo, exhortó a la Semarnat y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que determinen zonas de reserva para la biodiversidad marina, con la finalidad de establecer medidas de protección para la recuperación y repoblación de especies afectadas en zonas de jurisdicción nacional del Gofo de México.
Los legisladores también solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe sobre el estatus que guardan las demandas interpuestas por pescadores nacionales y el gobierno federal mexicano en contra de British Petroleum, por el derrame de crudo que ha afectado la actividad pesquera en las costas mexicanas.
En el punto de acuerdo aprobado se señala que, a cinco años de este daño ambiental, científicos y pescadores advirtieron que una marejada submarina de crudo ya llegó a costas mexicanas.
Se destaca que la petrolera británica aceptó pagar 13 mil millones de dólares a un grupo de pescadores, pero hasta ahora, la Corte Federal estadounidense no ha impartido justica a los intereses mexicanos, ya que en diversos litigios desechó una demanda interpuesta por Tamaulipas, Veracruz y Campeche, cuyos gobiernos sostenían que sus respectivas industrias pesqueras habían sido seriamente afectadas.
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