Número-878
- Exige PAN que se cumpla mandato legal para enfrentar los retos de la reforma educativa.
- 83 por ciento de los maestros realizaron examen; el sistema de evaluación avanza: PRI.
Senadores y diputados de la Segunda Comisión de la Permanente cuestionaron al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, sobre la suspensión del proceso de evaluación del servicio profesional docente.
Al comparecer ante los legisladores, el funcionario dijo que la SEP reconoce el contundente y generalizado apoyo de la sociedad mexicana, que se ha manifestado en diferentes ámbitos en defensa de la reforma educativa.
Por ello, aseguró, “continuaremos garantizando el cumplimiento de los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio profesional” en educación básica y media superior, para el ciclo escolar 2015-2016. En este empeñó, agregó, “los servidores públicos del Sistema Educativo Nacional habremos de sumarnos a la obligación que nos impone el Estado de Derecho”.
Evaluar, consideró, debe ser una conducta garantizada que nadie debe vulnerar como derecho, un interés superior en el que cada agente educativo tenga su propia parte de responsabilidad y cada autoridad el ejercicio pleno y cabal de sus competencias.
Acotó que de conformidad con las tres convocatorias marco correspondientes y a las 96 expedidas por las autoridades educativas locales, los días 20, 21 y 22 de junio se desarrollaron, como estaba previsto en el calendario del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los procesos de evaluación para la promoción a cargo con funciones de dirección, supervisión y de asesoría técnica pedagógica.
Chuayffet Chemor afirmó que el día 20 las evaluaciones se aplicaron en todo el país, con la excepción de Michoacán y Oaxaca, cuyas autoridades educativas solicitaron reprogramar, como hace un año, los eventos correspondientes; y el 21, derivado de los hechos violentos que se presentaron en Chiapas, fue necesario posponer su implementación.
Aclaró que la dependencia celebró convenios con todas las autoridades educativas locales, mediante los cuales éstas se comprometieron a proporcionar la información sobre los domicilios de la sede y equipos de cómputo para la aplicación de estos instrumentos.
Sin embargo, el viernes 19 de mayo diversas autoridades locales se encontraban todavía realizando los trabajos para poder contar con los elementos requeridos, por lo que no habían reportado información ni sobre las sedes ni sobre los equipos.
Para el 29 de mayo, añadió, los estados que habían cumplido con la remisión de información eran: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
En su intervención inicial, Emilio Chuayffet aseguró que ante la falta de disponibilidad de las entidades restantes, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente advirtió la necesidad de suspender la publicación de la convocatoria estatal, hasta lograr la certeza de la eficacia de los concursos.
Considerando los elementos descritos del boletín 129, emitido el 29 de mayo pasado por la Coordinación, enfatizó, ésta informó que quedaban en suspenso indefinidamente, es decir, que se detenían temporalmente, las fechas contenidas en las convocatorias de los procesos de evaluación.
Afirmó que el comunicado no representó en ningún momento “acto de molestia o privación de los derechos de los participantes”, ni hubo “acción de comisión por omisión” y tampoco “tuvo consecuencias jurídicas”.
El funcionario informó que el 2 de junio se incorporaron Baja California, Chihuahua, el Distrito Federal, Nayarit y San Luis Potosí, y el 5 de junio se integraron finalmente Chiapas, Durango, el Estado de México, Guerrero, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Además, la SEP y la Coordinación mantuvieron total discreción sobre el boletín, para no verse impelidos a un debate político, dado el curso del proceso electoral y la discusión del tema en la opinión pública mexicana.
Al fijar la postura del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz expresó que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es incapaz de realizar sus funciones, por la cantidad de profesores que se tienen que someter al proceso de revisión.
Reiteró que la reforma educativa tiene un carácter laboral, que no se discutió en el Congreso y que se impuso como una recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que ha impulsado las privatizaciones de la educación en todo el mundo.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Danner González Rodríguez coincidió en que es apremiante eliminar las prácticas clientelares y la promoción del profesorado con mecanismos que hacen de la enseñanza básica “un coto de negociación patrimonial”.
Sin embargo, agregó, también hay que reconocer que la actual política educativa ha puesto a los educandos entre la espada y la pared, “en medio de jaloneos políticos”, limitaciones de infraestructura en las escuelas y escasez de recursos humanos y materiales”.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, declaró que la reforma educativa fue discutida por los legisladores en lugares alternos al Senado porque un grupo minoritario ejerció presión y no permitió la entrada al recinto legislativo.
Respecto al señalamiento de que existen malos indicadores sobre la reforma, destacó que es un juicio ligero, ya que las modificaciones apenas se están implementando. Asimismo, resaltó que con las evaluaciones queda superado “el sistema perverso de asignación de plazas con el que vivía el país”.
Por su parte, el diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, subrayó que urge transformar el sistema educativo como política de Estado y en este sentido, el Secretario de Educación debería tener esa visión “por encima de filias, fobias, pasiones y adjetivos”.
Además, cuestionó por qué la SEP no se comunicó con el INEE para que no se emitiera el comunicado y por qué no se ha promovido una campaña para dar viabilidad y sustento a las ventajas de la evaluación.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Juan Carlos Romero Hicks exigió que las autoridades educativas acaten el mandato legal para enfrentar los retos que representa la reforma educativa, y consideró que intentar justificar una reforma de Estado mediante un boletín de 33 palabras acrecienta el rumor de que “el gobierno logró consenso en su contra”.
Pero lo preocupante, señaló, es que en los dichos del Secretario no hay una sola cita textual sobre las inquietudes de los maestros y se tiene un funcionario que no se reúne con los profesores, los padres de familia, ni, de manera plena con las autoridades educativas, además de que no escucha a los académicos.
Por su parte, el senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideró que la aprobación de la reforma marcó un hito en la historia social y política del país, pues creó condiciones institucionales para que niños y jóvenes hagan efectivo su derecho a una educación de calidad.
Expresó que a pesar de los embates en contra de la evaluación, 83 por ciento de los maestros se presentaron a realizar el examen para promocionarse, por lo que hay que reconocer que el sistema avanza: “No lamentemos hoy lo que no pudimos hacer en 12 años de gobierno; construyamos juntos, con una actitud positiva, una educación de calidad de la mano de los maestros”.
En la ronda de cuestionamientos, el senador Manuel Bartlett Díaz preguntó al Secretario de Educación Pública si se va a someter con la policía y el Ejército a los maestros que se niegan a ser evaluados. En este sentido, dijo que hay un linchamiento hacia ese sector del magisterio por parte de las televisoras y de la organización Mexicanos Primero.
El legislador del PT advirtió que se marcha hacia la represión con un sistema policiaco-militar, por lo que es fundamental que el Secretario de Educación Pública platique con los profesores disidentes, “porque si no convence usted a los maestros, y lo sabe usted mejor que nadie, no habrá sistema educativo”.
Por el PVEM, el senador Luis Armando Melgar Bravo expresó que los resultados de la evaluación no son menores, pues con base en ellos se determinará quiénes permanecerán en su función actual y quiénes serán promovidos; además, agregó, se estima que 1.4 millones de profesores no logren acreditar las condiciones suficientes para permanecer en su servicio.
Cuestionó a Emilio Chuayffet sobre lo ocurrido en entidades como Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas y sobre el financiamiento a los campamentos que implementan los maestros disidentes en el Distrito Federal.
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del PRD, expresó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desafía a una reforma injusta y se resiste a la imposición y el sometimiento del modelo educativo que se basa en una “lógica sancionadora”, que tiene como resultado premios y castigos.
Del PAN, la diputada Esther Quintana Salinas manifestó que la reforma educativa y su evaluación son necesarias e insoslayables para que este país cambie, por lo que preguntó el motivo por el cuál no les han suspendido el pago a los maestros de la CNTE, “ya que han dejado al garete su principal deber que es educar a los niños y no pasa nada”.
Su compañero de bancada, Fernando Rodríguez Doval, aseguró que no se está cumpliendo con la Ley General del Servicio Profesional Docente, que establece que un maestro será separado de sus funciones si falta tres o más veces, aunado a que persisten dos mil 237 comisionados sindicales que recibieron 145 millones de pesos el primer trimestre de este año.
El diputado José Alejandro Montano Guzmán, del PRI, enfatizó que es una demanda de la sociedad que los maestros estén en capacidad de ejercer su profesión con solvencia, y cuenten con las competencias necesarias, es decir, que lleguen a las aulas por sus méritos profesionales y no “por las reprobables prácticas del pasado” en las que se vendían y heredaban las plazas.
La senadora Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del PRI, aseguró que la reforma educativa contribuirá a mejorar la educación de calidad ya sea en el corto, mediano o largo plazo; además, expresó que la evaluación docente requiere el respaldo de todos los mexicanos.
Del mismo partido, la senadora María Hilaria Domínguez Arvizu hizo un llamado para que todos los sectores involucrados se sienten en una mesa de diálogo que permita anteponer a México y a la educación de los niños como la prioridad, porque hay que mejorar, revisar las debilidades de los programas y a los funcionarios que no están respondiendo a las necesidades del país.
Manifestó que es importante darle prioridad al interés supremo de la nación, bajo un marco de la legalidad y no de vandalismo, rebelión o insulto.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, subrayó que no se puede obviar el momento en que se anunció la suspensión de los procesos de evaluación, pues el problema es que la SEP asumió un papel como autoridad que lo llevó a la inconstitucionalidad.
Por su parte, el senador Javier Lozano Alarcón, del PAN, cuestionó al titular de la SEP sobre la tardanza para acudir al Congreso y destacó que “las buenas reformas se están poniendo en malas manos”.
También de Acción Nacional, la senadora Pilar Ortega Martínez preguntó por qué no se citaron los fundamentos legales que dieron lugar a la suspensión, ni las causas y razones. Además, cuestionó si a decisión de la suspensión la tomó la Secretaría de Gobernación o si obedeció a una motivación política.
En sus respuestas, el Secretario de Educación Pública manifestó que no se quiere someter a los maestros, sino llegar con ellos a un acuerdo “para que sean mejores y eleven a México brindando una mejor educación”.
Someter --subrayó-- quizás en la historia tuvo algún sentido, pero no en este gobierno, en materia educativa, en donde queremos que todos participen en una educación mejor.
Celebró que en el estado de Guerrero se haya llevado a cabo el examen, donde participó 91 de los docentes; no obstante reconoció que en Chiapas, estado donde no había problemas, en esta ocasión se presentaron dificultades y no se pudo llevar a cabo la evaluación.
En el caso de Michoacán explicó que tradicionalmente, sin hechos violentos, los profesores de esa entidad se retraen para no participar en el examen.
Aceptó que no han encontrado la manera de dialogar y ponerse de acuerdo con los maestros disidentes para realizar la evaluación; pero, acotó, también existen otras circunstancias exógenas al magisterio, como la violencia comunitaria que enrarece el ambiente e impide la celebración de todo tipo de eventos colectivos.
Además, refirió que los gobiernos de los estados, por conducto de su dependencia o entidad competente, sustituyen al titular de la Secretaría de Educación del ejercicio de las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades, “por lo que las entidades son patrones sustitutos, entonces ellos manejan estas cuestiones”.
En todo caso, debiéramos preguntar en aquellos estados donde esto sucede, los motivos o las causas de esta situación, subrayó.
Emilio Chuayffet enfatizó que sigue la realización de concursos de nuevo ingreso a educación básica y media superior, los de promoción a directores, supervisores, y los de permanencia.
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