Número-876
- Senadores y diputados cuestionan la pasividad del organismo ante la decisión de la SEP de suspender evaluación docente.
- De presentarse una situación similar, el INEE estará dispuesto a impulsar una controversia constitucional: Schmelkes del Valle.
En su comparecencia ante legisladores de la Segunda Comisión de la Permanente, los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) calificaron el proceso de evaluación que se llevó a cabo como un éxito y manifestaron su preocupación por el hecho de que no se haya realizado en Oaxaca, Michoacán y Chiapas.
Al explicar a senadores y diputados sobre la decisión, que se dio en días pasados, de suspender la evaluación del servicio profesional docente aseguraron que el INEE no fue consultado al respecto y descartaron que una medida similar se vuelva a repetir.
En su exposición inicial, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, consejera presidenta del INEE, aseguró que los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia docente, previstos en el calendario 2015, se llevarán a cabo tal y como fueron previstos en su momento.
Reiteró que no deben repetirse actos de autoridad como el ocurrido en días pasados --donde la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión del proceso de evaluación docente-- ya que ponen en riesgo la legalidad y dañan la certeza de este mecanismo.
Deslindó al INEE de esa decisión y precisó que este organismo sólo fue informado de la suspensión, más no consultado, por lo que emitió un comunicado en el que manifestaba que esa medida atentaba contra el artículo 3º de la Constitución Política y de los lineamientos para regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente.
Además, agregó, constituía una invasión a la competencia del INEE, vulneraba su autonomía constitucional, era contraria al interés superior de la niñez mexicana y al derecho de alrededor de 400 mil mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción, así como maestros interesados en ser evaluados en su desempeño.
En la medida en que todos los involucrados respeten el Estado de derecho y cumplan las leyes que ahora rigen la educación nacional, destacó Schmelkes del Valle, se podrá realmente contribuir al deseo de asegurar el cumplimiento del derecho de todos a una educación de calidad.
En la ronda de preguntas y respuestas, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, advirtió que no se puede evaluar a los docentes “de manera compulsiva y con amenazas”, sin consultarlos y sin haber cumplido con el objetivo de revisar el Sistema Educativo Nacional (SEN), sus componentes, procesos y resultados.
Acotó que el problema es que el SEN ha sido abandonado y “lo que han hecho es poner a los maestros en el banquillo de los acusados”, cambiar su sistema normativo con un estatuto amenazante, bajo las directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Flores Ramírez, dijo que los instrumentos de evaluación implementados por la OCDE son indispensables para medir las capacidades de los estudiantes y “en ese sentido, no podemos minimizar la importancia y la utilidad del trabajo que se está haciendo en México, porque si vamos a hablar de calidad tenemos que ver otros países”.
El senador cuestionó cuáles han sido los principales obstáculos a los que se ha enfrentado este órgano regulador, en materia de coordinación, para lograr la aplicación de la evaluación en las entidades federativas.
La senadora Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, manifestó que al gobierno federal y al Secretario de Educación Pública les falta de humildad. Lamentó además que no se haya permitido la comparecencia del Secretario de Gobernación, pues este asunto se convirtió en un tema político-electoral, en un atropello a la Carta Magna y al interés superior de la niñez.
Acusó al INEE de “tibio” ante el quebranto del orden jurídico nacional, pues el Instituto esperó diez días para que el gobierno federal reconsiderara la acción que había ya ejecutado. Para nosotros, agregó la legisladora, responder mediante un boletín de prensa no es suficiente.
En su turno, la senadora Mayela Quiroga Tamez manifestó que el Partido Revolucionario Institucional respalda la decisión del gobierno de la República, para evaluar por primera vez en la historia a más de 39 mil maestros de educación básica que aspiran a una promoción con base a sus méritos; este proceso no puede dar marcha atrás, apuntó.
Preguntó a los consejeros qué impacto tendrá en el mejoramiento de la calidad de la educación el haber evaluado a más del 83.4 por ciento de profesores de nivel básico y qué calificación le dan a este avance.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, preguntó a los consejeros si las autoridades, particularmente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), han dado respuesta a la “preocupante fragmentación de plazas en los niveles de educación secundaria, media y superior”.
El senador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, cuestionó a los consejeros sobre qué medidas deben ser consideradas para fortalecer la autonomía del INEE y evitar que se vuelva a repetir un hecho “desafortunado e ilegal” como el que ocurrió.
La senadora del PRI, María Hilaria Domínguez Arvizu, expresó que la reforma educativa busca acabar con todos los privilegios, consideró que es la ruta correcta para finalizar con la venta y asignación discrecional de las plazas docentes; y lamentó que haya voces que confunden con el desorden lo que debe ser la evaluación.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Danner González Rodríguez refirió que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2013 la SEP no realizó evaluaciones de docentes de educación media superior, no obstante que contó con atribuciones para revisar evaluaciones sistemáticas y permanentes al sistema educativo.
La diputada Amalia Dolores García Medina, del PRD, señaló que para la formación continua de maestros se están destinando anualmente por cada uno la cantidad de 363 pesos, “a mí me gustaría que el Instituto Nacional de Evaluación plantee la exigencia y la demanda al gobierno y al Congreso de más recursos, a fin de garantizar mayor calidad”.
En sus respuestas, la consejera presidenta, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, aseveró que la evaluación que se realizó en días pasados fue un éxito, ya que participó el 83.7 por ciento de los maestros; no obstante, reconoció su preocupación por la situación que se vive en Oaxaca, Michoacán y Chiapas.
Nos preocupa que haya maestros que queriendo ejercer su derecho a presentar una evaluación para su promoción no pudieran hacerlo, por lo que estamos a la espera de que la SEP tome las medidas necesarias para que estos participantes puedan presentar sus exámenes, puntualizó.
Consideró fundamental ordenar la promoción y permanencia magisterial, y no dejar estos cargos al clientelismo, amiguismos, o incluso, a la mercantilización de las plazas.
Descartó que se vuelva a dar una suspensión de las evaluaciones por parte de las autoridades federales; sin embargo, dijo que de presentarse una situación similar el INEE estará dispuesto a levantar una controversia constitucional.
Por otro lado, aseguró que se necesitan reformas profundas que permitan convertir a las instituciones de educación normalista en “verdaderas” instituciones de educación superior, donde haya un mecanismo claro de ingreso, promoción y reconocimiento.
El consejero Gilberto Ramón Guevara Niebla aseguró que la Junta de Gobierno del INEE no se mantuvo pasiva, “sino al contrario reaccionamos inmediatamente” porque hubo una ruptura con el orden legislativo establecido en materia de educación. El Instituto, subrayó, respondió de manera eficaz y efectiva con un comunicado de prensa al día siguiente de que la SEP anunciara la suspensión del proceso de evaluación.
Por otro lado, expresó que las decisiones se toman con absoluta autonomía y nadie ha intervenido para modificar algunas de las disposiciones que adopta el INEE.
Dijo que el problema con el proceso de evaluación es técnico, debido a que existe una masa de más de un millón 300 mil profesores; es una cantidad extraordinaria a la cual hay que llegar y se trata de solucionar mediante experimentación, investigaciones y estudios.
La consejera Teresa Bracho González aclaró que la evaluación educativa se desarrolla a través de un diseño institucional muy complejo: “tenemos una complejidad jurídica, un espacio de coordinación del Sistema Nacional para la Evaluación Educativa y un modelo de autoridad concurrente, es decir, no hay una atribución exclusiva para ninguno de los actores, todos participamos y el diseño involucra a la SEP, gobiernos estatales y al INEE.
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