Número-824
- En lugar de desaparecer a este tipo de figuras se requiere fortalecerlas, consideró el legislador del PRD.
- Proyecto representa un retroceso histórico en derechos sociales y económicos de pueblos indígenas y campesinos: AMUCSS.
El senador Benjamín Robles Montoya aseguró que la llamada “Ley Ficrea” en lugar de apoyar sólo el rescate de los ahorradores defraudados, lo que “busca es desaparecer a las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos)”.
Dijo que después de las elecciones se buscará un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y espera que esto dé pauta a una serie de reuniones, en las que participen representantes de este tipo de sociedades y de las distintas fuerzas políticas del Senado, a fin de llegar al momento de que, en un periodo extraordinario o al inicio de la próxima Legislatura, se retome el tema.
En el “Foro Nacional de Sociedades Financieras Comunitarias. Análisis y Perspectivas ante la Ley Ficrea”, el legislador del Partido de la Revolución Democrática aclaró: “no hay ninguna seguridad de que vaya haber un periodo extraordinario de sesiones, pero hemos decidido mejor no arriesgarnos”.
Señaló que de acuerdo con la minuta que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que se aprobó en comisiones del Senado el pasado 28 de abril, las Sociedades Financieras Comunitarias tendrán hasta el 31 de diciembre del 2016 para solicitar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorización para operar y organizarse como Sociedades Financieras Populares (Sofipos).
Además, dispone que, de no presentarse la solicitud correspondiente, las autorizaciones que haya otorgado la Comisión “quedarán sin efecto por ministerio de ley”, es decir que si no se reforman los estatutos para migrar de Sofincos o Sifipos no podrán operar y a eso se le llama “darles una puñalada”.
El legislador del PRD agregó que en lugar de que desaparezcan este tipo de figuras se requiere fortalecerlas, pero la minuta que envió la Cámara de Diputados propone “asfixiarlas”.
“Me parece que la ignominia del caso Ficrea, más que un llamado a cuentas para los órganos reguladores, lo que le significó para Hacienda es una inmejorable oportunidad para arremeter otra vez en contra del sector social de la economía.
Isabel Cruz Hernández, directora general a la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, afirmó que la “Ley Ficrea”, sin ningún argumento en la exposición de motivos, borra a las sociedades financieras comunitarias y representa un retroceso histórico en derechos sociales y económicos de pueblos indígenas y campesinos.
Si se aprueba el proyecto, dijo, tendría como consecuencia la concentración del mercado financiero en unas cuantas instituciones: desparecerían la mitad de las cooperativas autorizadas y 400 que están en lista no alcanzarían la autorización. En la práctica, agregó, lo que se elimina es el derecho a organizarnos para tener acceso a servicios financieros.
En tanto, José Antonio Ortega Carbajal, gerente general de Fed Rural Cooperativas, refirió que existen 27 Sociedades Financieras Comunitarias, que atienden a 93 mil socios en 15 estados de la República, 507 municipios y tres mil 287 localidades, de las cuales dos mil 300 tiene presencia indígena y dos mil 136 se encuentran en zonas de alta y muy alta marginación.
El querernos borrar de un plumazo sin conocer la figura, lo que estamos haciendo y la relevancia de llegar a los cerros y a las montañas es, sin duda, “un desatino de la autoridad”.
Al referirse al Financiamiento Rural, Inclusión Financiera y Agricultura Familiar, la investigadora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social A.C (AMUCSS), Mariana Carmona, consideró que debe haber una política de Estado que impulse la inclusión financiera y sistemas de financiamiento, a fin de lograr desarrollo territorial, seguridad alimentaria, integración de zonas urbanas y rurales, entre otros.
Mencionó que la llamada Ley Ficrea que se aprobó en la Cámara de Diputados concentra en pocas manos, organizaciones, instituciones y accionistas los activos, por ende se prevé un impacto económico en el que se tenga un mercado concentrado y sesgado en zonas urbanas.
Señaló que en la Ley hay riesgos de que el mercado informal, que es del 60 por ciento de la población, pueda presentar un incremento de hasta el 99 por ciento, ya que al cerrar las instituciones locales de ahorro y préstamo en zonas rurales la gente se inclinará por formas alternativas de financiamiento informal. Esto generará riesgos de que las personas acudan a prestamistas que no están regulados y cometan abusos de quienes buscan financiamiento.
Cabe mencionar que dicha Ley no determina la desaparición de las sociedades, agregó, sin embargo se plantean regulaciones y niveles de capitalización que se les pretende imponer, lo cual representa un obstáculo para su cumplimiento.
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