Número. 786
- En el recién aprobado Código Nacional de Procedimientos Penales ya se contempla un tema de responsabilidad de las personas jurídicas, recordó el senador Arturo Zamora Jiménez.
- La norma penal debe prever controles adecuados para las empresas, para que las personas jurídicas no tengan responsabilidad si se han comportado conforme a la ley: Victoria García.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, dijo que el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas estará presente en la agenda del Senado, pues al final del periodo pasado fue de interés de los grupos parlamentarios, y expresó su confianza en que será tratado en el periodo que iniciará el próximo mes de septiembre.
Detalló que la iniciativa de los senadores Arturo Zamora Jiménez y Roberto Albores Gleason prevé que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sea sancionada en los siguientes supuestos: delitos contra la salud, revelación de secretos, delitos cometidos por servidores públicos y encubrimiento.
Barbosa Huerta resaltó que en México muchas personas jurídicas se constituyen con el propósito de delinquir, evadir pago de impuestos, blanquear capitales; sin embargo, recalcó la existencia de personas jurídicas que son sostén de la economía y ayudan al desarrollo, crecimiento económico y desenvolvimiento de la sociedad en su conjunto.
Durante su participación en la conferencia magistral “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, impartida por la doctora Victoria García del Blanco, el senador Barbosa Huerta subrayó que en el país, una persona jurídica que utiliza sus instrumentos sociales para cometer un delito recibe sanciones civiles o mercantiles, mientras que sus representantes son acreedores a una sanción penal personal.
En este sentido, dijo, la exposición de García del Blanco abonará a la construcción de una legislación para imponer sanciones penales no sólo a representantes, sino a las propias personas jurídicas.
Además, proporcionará elementos para construir --en un plazo de un año-- el andamiaje legal en leyes secundarias generales y secundarias, luego de la declaratoria y próxima publicación de las reformas constituciones en materia de combate a la corrupción.
El presidente de la Cámara de Senadores hizo énfasis que este tipo de eventos, que se realizan de manera permanente en el Senado de la República, alimentan el trabajo legislativo y abonan a compartir con la sociedad los conocimientos de conferencistas internacionales sobre diversos temas.
El senador Arturo Zamora Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva, apuntó que gran parte de la técnica legislativa adoptada en los últimos años ha sido diseminar modelos delictivos en leyes especiales, lo que genera el desconocimiento, a veces, de quien tiene que cumplir la ley, y por tanto no se cumple con el fin de la norma penal, en el carácter preventivo.
Además, destacó que en la reciente aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales se incluye el tema de responsabilidades jurídicas, incluso se prevén algunas sanciones. No obstante, es importante debatir este tema, revisar el andamiaje constitucional, los límites que se tienen, a partir de la reforma al artículo primero constitucional, referente a los compromisos internacionales.
Otro tema a revisar, es la tipicidad, sobre todo en lo que refiere la doctora García del Blanco, respecto al descontrol en el orden de las entidades que posiblemente fuesen responsables.
“La falta del deber de cuidado que convierte a la persona en el garante que, por supuesto, debido a sus omisiones, o debido a su falta de visión o de previsión, se genera el resultado no querido por el derecho penal --y en este caso por el derecho penal en el ámbito estrictamente administrativo interno de una empresa que genera resultados-- que muchas veces lesionan o dañan intereses de carácter genérico, como sería el daño al medio ambiente”, explicó Zamora Jiménez.
En su oportunidad, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Partido Revolucionario Institucional, recalcó la necesidad de regular la conducta externa del hombre para poder evitar la corrupción. En este sentido, subrayó la responsabilidad social de las empresas, la prevención del delito y el contar con servidores de empresas --tanto privadas como públicas-- honestos, con principios y valores, que no se dejen corromper, pues esto configura uno de los principios de la prevención del delito.
Victoria García del Blanco, coordinadora de Máster en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, señaló que las legislaciones propuestas en España y en México --en este último caso a cargo de los senadores Arturo Zamora y Roberto Albores Gleason—y que pretenden incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, son similares.
Señaló que en ambas aún se debe delimitar el ámbito de aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; ya que han quedado delitos fuera del catálogo que tienen que ser sancionados, tales como: los que van contra los derechos de los trabajadores, los relacionados con accidentes laborales o el acoso sexual en el trabajo.
Dijo que la norma penal debe ser clara y establecer reglas de control, adecuadas para las empresas, a fin de que en caso de que sus directivos o empleados cometan un delito, las personas jurídicas no tengan responsabilidad, si se han comportado conforme a la ley.
También determinó que las empresas tienen que elaborar un mapa de los peligros delincuenciales que se podrían cometer durante sus procesos de producción, lo que depende de sus actividades; y ejemplificó que en una empresa petrolera se podrán cometer actos de corrupción o delitos ecológicos pero no alguno relacionado con la pornografía infantil.
Dijo que la legislación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es difícil, porque hay una gran variedad de actividades empresariales y cada una representa un problema; por lo que “es esencial que se determine cuál es la anti-juricidad propia de la persona jurídica, diferente a la responsabilidad de la persona física”.
Por otra parte, el subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Guadalupe Medina Romero, resaltó que en el ámbito penal, México está inmerso en la transformación de sus instituciones y su marco jurídico, que deben responder a las necesidades sociales y combatir las más complejas conductas que tienden a encubrir lo ilícito.
En este sentido, dijo, la conducción de la procuración de justicia desde la PGR debe estar basada en la eficiencia, el irrestricto respeto a los derechos humanos, la transparencia y la adecuada implementación hacia un nuevo modelo de justicia penal acusatorio; lo que implica la transformación institucional para la construcción de un mejor y adecuado marco jurídico que demanda la sociedad mexicana.
El Estado debe responder contundentemente a las conductas ilícitas colectivas en el mundo económico, y que aprovechan las estructuras empresariales y corporativas para tratar de encubrir las responsabilidades penales de carácter individual. En este sentido, resaltó las iniciativas de ley de los senadores Arturo Zamora Jiménez y Roberto Albores Gleason, que abren la discusión a la sociedad.
Adicionalmente señaló que el contagio de las actividades económicas ilícitas, con otras de carácter lícito, erosionan la actividad y la presencia económica de las empresas en el país, por lo que es necesario reflexionar sobre si existen consideraciones suficientes para imputar a los entes económicos empresariales una responsabilidad de carácter penal, con independencia de la responsabilidad penal individual.
A esta conferencia magistral asistieron el magistrado David Jiménez González, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y Héctor Guillermo Galeano, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano; así como representantes jurídicos de diversas empresas, especialistas en derecho y estudiantes de esta materia.
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