Número. 690
- El dictamen fue respaldado con 104 votos a favor y remitido a la Cámara de Diputados.
- Senadores coinciden en la urgencia de atender la crisis provocada por estos delitos.
El Senado de la República aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, el dictamen que modifica el artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Respaldado con 104 votos a favor, el proyecto dispone que dichos ordenamientos deberán expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto y establecer, como mínimo, los tipos penales y sanciones para quienes cometan estas conductas delictivas.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó que con la aprobación de esta modificación a la Carta Magna se da un paso firme en momentos en el que el país vive la más profunda crisis de derechos humanos después de 1968, en un contexto de impunidad, abuso de poder y responsabilidad directa del Estado mexicano en la desaparición forzada de personas y tortura.
Advirtió que el día de hoy el enemigo interior ya no es solamente el disidente u opositor político, sino que toda la población está en riesgo debido a este tipo de prácticas, ya que en la guerra contra el narcotráfico, establecida unilateralmente por el Ejecutivo federal, se permitió la salida del Ejército a las calles, y con ello, la militarización del país.
Refirió que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza 25 mil 821 ciudadanos en esa condición, sin que a la fecha ninguna autoridad haya rendido cuentas o explicado cuáles fueron las causas de la desaparición de estos individuos.
En la discusión en lo general del dictamen, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Aréchiga Ávila, destacó que facultar al Congreso para legislar en materia de tortura y desaparición forzada de personas permitirá adecuar el marco jurídico y cimentar la prevención, combate y eliminación de este tipo de ilícitos que perjudican las libertades personales y trasgreden derechos fundamentales.
El senador del Partido de la Revolución Democrática, Zoé Robledo Aburto, detalló que con esta reforma el Legislativo también podrá contemplar en las leyes otras formas de privación de la libertad, como el desplazamiento forzado de personas en el interior del país. Estas poblaciones no son libres porque abandonan su entorno en contra su voluntad e interrumpen su vida, explicó.
Para la senadora del Partido Acción Nacional, Sonia Rocha Acosta, las desapariciones forzadas son una práctica añeja de control político y social, heredada de un pasado caracterizado por una política de Estado cerrada a las exigencias sociales, que reprimía movimientos sociales, que tuvo resultados lamentables en cuanto a violaciones múltiples a derechos humanos.
A favor del dictamen, el senador Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, indicó que los legisladores no pueden “hacer oídos sordos” a las demandas de la sociedad, pues hay un antes y un después por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.
El senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, dijo que la ley establece una base para prevenir y erradicar la tortura, la cual no es castigada; pues de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, del año 2005 al 2013, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por este tipo de casos y tan sólo siete derivaron en condenas.
La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, refirió que según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, entre enero y octubre de 2014 se denunciaron cinco mil 98 víctimas, lo que es una cifra alarmante que no tiene precedentes en la historia del país. Asimismo, comentó que las entidades donde se tiene mayor registro de este delito son: Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Coahuila.
Del PRI, la senadora Cristina Díaz explicó que esta reforma tiene la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir, en un lapso de 180 días, las leyes generales que establezcan los tipos penales y sanciones, acorde con los tratados internacionales, en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de libertad, tortura, así como tratos crueles e inhumanos o degradantes.
El dictamen abre la puerta para trabajar con mayor incidencia desde el Congreso y contribuirá a esclarecer y conocer la verdad jurídica de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sancionar a los responsables. Estamos ante un tema que muchos sectores de la sociedad esperan y que es clave en el fortalecimiento de la democracia del país, manifestó en su turno la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD.
La senadora Silvia Garza Galván, del PAN, consideró necesario aprobar el dictamen para trabajar de inmediato en la legislación pendiente; sin embargo, no debemos caer en la tentación de elaborar una ley al vapor, advirtió.
A su vez, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, refirió que una encuesta de Parametría reveló que el tema de desaparición forzada preocupa a la sociedad, pues de cada diez hombres y mujeres consultados, nueve dijeron estar preocupados por ese delito y un tercio consideró que sucede más entre jóvenes y niños.
El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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