Número-671
- Aumentar cobertura; garantizar financiamiento de pensiones; fortalecer pensiones no contributivas; y combatir la informalidad, entre las metas a alcanzar.
- El país registra el menor porcentaje de afiliados y las más bajas jubilaciones en América Latina.
México registra de los menores índices de cobertura de seguridad social, las pensiones más bajas y el mayor nivel de informalidad entre los países de América Latina, advirtieron el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS).
Durante el segundo día de la Semana de la Seguridad Social, especialistas de dichos organismos internacionales apuntaron otra de las debilidades del sistema. Explicaron que, a causa de la alta informalidad, en México sólo 37 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) cotiza en seguridad social, mientras el promedio en América Latina y El Caribe es del 45 por ciento.
Los bajos niveles de cobertura son similares a los de países como Honduras y Guatemala, por debajo de Brasil, Argentina y Chile. A ello se suma la baja aportación en las cuotas, pues en México sólo se reserva 6.5 por ciento del salario del trabajador a su ahorro para el retiro, mientras que en naciones con mejores pensiones, como Venezuela, este concepto alcanza 11 por ciento.
En cuanto la tasa de reembolso de las cuentas de retiro a las pensiones, en México oscila entre 20 y 40 por ciento, según el nivel salarial de los trabajadores; empero, la tasa promedio de la región es de 60 por ciento.
Ello lleva a que 21 por ciento de los trabajadores mexicanos que han cotizado alcancen entre 20 y 30 por ciento de reembolso, por tanto no alcanzarán una pensión suficiente. Estos riesgos pueden causar que México enfrente mayor pobreza entre su población adulta mayor.
Otro riesgo de en el sistema de pensiones es la eventual falta de financiamiento por parte del gobierno, tanto a los jubilados del sistema de pensiones de trabajadores del Estado como a los del sistema no contributivo, como el programa 60 y Más, debido a la baja recaudación fiscal, de apenas 11.8 por ciento.
Tomas Wissing, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advirtió que México registra de las tasas más bajas en América Latina de cobertura, pues sólo 27 por ciento de las personas mayores de 65 años reciben una pensión, es decir, sólo uno de cada cuatro adultos mayores cuentan con este recurso.
A ello se suma que la informalidad alcanza el 56 por ciento de la ocupación laboral, por lo que un importante sector de la PEA no cotiza en seguridad social y, por ende, no entra al esquema de ahorro en cuentas privadas para el retiro. Se agrega la desigualdad de género, pues México destaca por el alto porcentaje de mujeres trabajadoras sin seguridad social; la mayoría en la informalidad, dedicadas a quehaceres domésticos.
Ante esta situación, subrayó, el Estado enfrenta importantes retos con su población y en el cumplimiento de los compromisos con organismos internacionales, como la propia OIT. Entre estos destacan: impulsar esquemas mixtos contributivos y de pensión no contributiva, para alcanzar 40 por ciento de la cobertura del salario actual y garantizar pensiones suficientes; incrementar la capacidad de recaudación fiscal a fin de dar soporte a las finanzas públicas; y aumentar el trabajo formal.
El representante del Banco Mundial (BM), Gonzalo Reyes Hartley, añadió que esta visión integral incluye que se rompa el paradigma de las instituciones financieras privadas, el de la competencia para captar clientes, pues a las Afores se les ha encomendado la seguridad social y ello incluye mantener credibilidad y confianza en las instituciones públicas, pues no contar con éstas representa un riesgo de sostenibilidad política.
Propuso que México adopte los ejemplos de Chile y Perú en la disminución de comisiones, donde se establece que la competencia por el mercado debe sustentarse en una mesa rentable; a esto el gobierno puede contribuir a partir de un mecanismo en el que los nuevos afiliados --que no tienen cuentas anteriores de retiro-- sean asignados por un periodo determinado a la Afore que ofrezca menores tasas de comisión.
Agregó que se requiere garantizar el retorno de fondos de pensiones con los mejores rendimientos, sin poner en riesgo los recursos de trabajadores próximos a la jubilación. Esto es posible a partir de la diversificación de inversiones, es decir, colocar los ahorros de afiliados de mayor edad en sistemas de capitalización estables, y las de jóvenes en aquellos de mayor riesgo, que les darán mayores rendimientos a largo plazo.
David Kaplan, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió por su parte que si bien es necesario fortalecer la pensión no contributiva e incrementar la cuota de pensiones, se debe tener cuidado para no fomentar la informalidad y desalentar la generación de empleos formales.
El problema de la pensión no contributiva, explicó, es que llega a ofrecer recursos superiores a los de un trabajo formal, y entonces las personas prefieren mantenerse en la informalidad; por otra parte, existe un rechazo al pago de cuotas porque los beneficios de la jubilación no son palpables en la inmediatez, por lo que su incremento puede generar mayor inconformidad.
Estudios internacionales revelan que 50 por ciento de los trabajadores dicen que no aportarían sus pensiones, en cambio 30 por ciento está a favor de aportar al sistema de salud, porque este beneficio es tangible en la inmediatez, enfatizó.
Como opciones para alcanzar la universalidad de la pensión, a través de la pensión no contributiva, propuso disminuir la tasa de aportación de los trabajadores que ganan menos; establecer un porcentaje de cotización superior al marcado por ley a quienes registran mayor ingreso, y que sólo se reduzca a petición expresa de los trabajadores; fomentar el ahorro voluntario a partir de la educación financiera; y financiar parte de las pensiones con impuestos.
En representación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Roberto Martínez Yllescas hizo énfasis en que las reformas en materia de seguridad social registran un severo déficit al no alcanzar la universalidad en la cobertura, lo que representa el riesgo de mayor pobreza en México, y la región en general.
El 45 por ciento de los trabajadores alcanzará apenas entre el 20 y 40 por ciento de pensión de sus salarios, lo que resulta insuficiente para una vida digna, por lo que para el año 2050 sumarán entre 65 y 85 millones de adultos mayores en condiciones de pobreza y exclusión.
El reto para México, anotó, es lograr un esquema integral que permita la universalidad, a partir de un esquema incluyente que establezca la portabilidad de los recursos entre los distintos sistemas de pensiones contributivas y no contributivas con los que cuenta el país. Con esto se darán garantías a aquellos que, al pasar del sistema privado al público o viceversa, o al entrar en sistema no contributivo, puedan mantener sus cotizaciones.
Hernán Gómez Bruera, de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), reiteró la preocupación ante el riesgo de mayor pobreza en la región, por la insuficiencia de las pensiones para personas mayores, que incluso alcanza a las familias. Aludió en lo particular la pobreza rural que disminuyó en México de 27 a 21.3 por ciento, de los 90 al año 2009; sin embargo, en naciones como Brasil descendió de 46 a 15.2 por ciento en el mismo lapso.
Ante ello, llamó a las autoridades de Estado a la autocrítica y a reconocer que no previeron mecanismos para dotar a la seguridad social de sostenibilidad financiera, garantizar los costos de transición y evitar el déficit fiscal. Se requiere una nueva reforma, añadió, que cumpla con el objetivo de generar el ahorro necesario, lograr sistemas incluyentes y mejorar los ingresos de los trabajadores al momento de su retiro.
Ernesto Acevedo, del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), advirtió por su parte que una de las principales afectaciones a la seguridad social en México ha sido la flexibilización del mercado laboral.
Esta situación ha facilitado la entrada y salida de los trabajadores de los diversos sistemas de pensiones, por lo que no hay seguridad en las contribuciones, pero además se deja fuera de cualquier programa a un gran porcentaje de la población económicamente activa. Ante esto, Acevedo llamó a establecer mecanismos que eviten la volatilidad en el mercado del trabajo, lo que requiere de una visión integral en el nuevo esquema de seguridad social para México.
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