BOLETÍN-1369 Solicita la Permanente datos confiables sobre víctimas de lucha antinarco.
La Comisión Permanente solicitó al presidente Felipe Calderón haga llegar estadísticas confiables para conocer oportuna y regularmente el número de víctimas de la lucha contra el crimen organizado, así como de los efectos de la violencia en el país.
En el dictamen aprobado se precisa que en México no existe ningún indicador que ofrezca, oportuna y periódicamente, cifras cobre el número total de muertes relacionadas con el narcotráfico y muchos menos de la violencia que se ha desatado en todo el país.
Según los legisladores, las mejores soluciones parten de diagnósticos precisos y objetivos, y no es de extrañarse que organizaciones sociales, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad exijan mejores mecanismos para identificar a las víctimas de la lucha contra el crimen.
Ante ello, la Comisión Permanente exhortó también a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República para que a la brevedad se generen indicadores estadísticos veraces sobre el número de víctimas y que pueda ser de acceso público.
De acuerdo al dictamen aprobado, existen muchas lagunas respecto a la información que hasta el momento se ha generado en las dependencias federales de seguridad sobre los efectos de la violencia.
Tras la promulgación de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, es imprescindible que todos los órganos gubernamentales se comprometan a mantener y sostener la vigencia del Estado de derecho.
Para ello, resulta indispensable contar con información oficial, veraz y confiable que permita evaluar las políticas públicas implementadas por los Poderes.
Durante la discusión del dictamen, el senador del PRD, Pablo Gómez Alvarez dijo que se solicita al Ejecutivo tome acuerdos administrativos y reglamentarios a efecto de que el país pueda evaluar el saldo terrible y sangriento de la crisis de violencia que el país vive.
Consideró urgente elaborar un instrumento legislativo que obligue al Estado al resarcimiento de los daños, pues este tiene la obligación de otorgar las garantías necesarias para la vida y la integridad física de los habitantes del país, sean ciudadanos o no, mayores de edad o no; sean nacionales o extranjeros.
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