- Se constituye como un derecho humano que promueve la igualdad y la equidad en la distribución de la riqueza.
- Representaría un freno sustantivo a la corrupción, la captura de programas y sus beneficios para el clientelismo político.
Ante la desproporcional posesión de la riqueza que prevalece en nuestro país, el senador Luis Sánchez Jiménez propuso que los ciudadanos tengan derecho a un ingreso básico con carácter universal, único, equitativo y progresivo.
El legislador mencionó que el Ingreso Básico Ciudadano no es en forma alguna una política “filantrópica”, de privilegios o asistencial, sino que se constituye como un derecho humano que promueve la igualdad y la equidad en la distribución de la riqueza, al reconocer la aportación de todas las personas para generar la rentabilidad de la inversión productiva.
A través de una iniciativa que reforma la Constitución, indicó que el Ingreso Básico Ciudadano funciona como un Impuesto Sobre la Renta negativo, lo que significa que las personas que estén en situación de pobreza alimentaria, y que por tanto tienen un ingreso familiar inferior al básico ciudadano, deberán recibirlo cada mes, el cual sería equivalente a un Salario Mínimo del DF.
Sánchez Jiménez comentó que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 42 por ciento del valor de la economía mexicana está concentrado en poco más de 200 mil inversionistas, lo que significa que 0.17 por ciento de la población posee casi la mitad de la riqueza nacional, de manera que el 99.83 por ciento está excluida.
Aseguró que como resultado de la desproporcional posesión de la riqueza que prevalece en nuestro país, es explicable que en 2012 México haya dejado de ser un receptor de capitales productivos para convertirse en un exportador neto de capital, “pues por primera vez en su historia, exportó más inversión extranjera directa de la que recibió”.
El senador del PRD dijo que el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), señala que la pobreza por ingresos aumenta porque los salarios no recuperan su nivel adquisitivo como consecuencia del bajo crecimiento económico.
Agregó que a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2014, habrá una cifra de cerca de 61 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, un millón más que hace dos años; mientras que la pobreza multidimensional alcanzará 54.5 millones, 1.2 millones más que en 2012.
Luis Sánchez destacó que se calcula que en México se dejan de recaudar 1.8 billones de pesos por razones de evasión fiscal, pero también, en términos de recaudación, se otorgan 850 mil millones de pesos en subsidios, condonaciones y créditos fiscales a 422 grandes empresas nacionales y extranjeras.
Estas cifras son alarmantes, por lo que a través de este Ingreso Básico Ciudadano se busca atacar la desigual en la distribución del ingreso y corregirla mediante un mecanismo de protección social basado en una política de redistribución de la riqueza promovida desde el Estado, manifestó.
La iniciativa plantea que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerá la partida correspondiente a cubrir dicha erogación y el Distrito Federal, los estados y lo municipios no podrán, bajo ninguna modalidad, otorgar derecho que se equipare u homologue al ingreso básico ciudadano, ni se podrán otorgar subsidios o prestaciones sociales que dupliquen o incrementen este derecho.
Explicó que el financiamiento del Ingreso Básico Ciudadano sería un alto inflexible y decidido a la evasión, la elusión y los privilegios fiscales por parte de grandes empresas y de los sujetos con mayor riqueza, así como de efectuar una revisión profunda y exhaustiva de los actuales programas sociales de apoyos monetarios directos y en especie.
Con lo anterior, se pondría un freno sustantivo a la corrupción, a la captura de programas y sus beneficios para el clientelismo político, a la perversión político-electoral y al crimen organizado, puntualizó el legislador del PRD.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.
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