BOLETÍN-1358 Piden al Ejecutivo datos confiables sobre víctimas de la lucha antinarco.
Los senadores y diputados de la Comisión de la Permanente solicitaron al presidente Felipe Calderón haga llegar estadísticas confiables para conocer el número de víctimas de la lucha contra el crimen organizado y los efectos de la violencia en el país.
En la Reunión de clausura de la Primera Comisión, , se aprobó la propuesta del diputado del PRD, Vidal Llerenas Morales, sobre la importancia de que el Ejecutivo federal aclare los efectos del aumento de la delincuencia en el país.
En su propuesta, el legislador señala que las mejores soluciones parten de diagnósticos precisos y objetivos, y no es de extrañarse que organizaciones sociales, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad exijan mejores mecanismos para identificar a las víctimas de la lucha contra el crimen.
Ante ello, la Comisión Permanente exhortó también a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República para que a la brevedad se generen indicadores estadísticos veraces sobre el número de víctimas y que pueda ser de acceso público.
En otro asunto, los legisladores solicitaron a la PGR información sobre la investigación de presuntas operaciones clandestinas de agentes extranjeros que ofrecen pactos de inmunidad a cárteles de la droga, enviando armas desde Estados Unidos a México.
De acuerdo con el dictamen presentado por el senador del PRI, Carlos Jiménez Macías y el diputado Antonio Benítez Lucho, se trata de amenazas graves a la seguridad nacional, por lo que es importante conocer el alcance de los hechos, que llegan al extremo de constituirse en fuente de desestabilización del país.
Consideraron que con las pruebas que están aflorando sobre el operativo secreto Rápido y Furioso, los congresistas estadounidenses comienzan a plantear interrogantes que el Congreso mexicano no puede ignorar.
El reporte deberá ser entregado en un plazo que no exceda cinco días hábiles,
Además se aprobó un punto de acuerdo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI, para la movilidad interna y de quienes cambian de residencia en función del fenómeno de violencia, así como del cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazados Internos aprobados por la ONU.
Al respecto, la Comisión Permanente solicitó al Ejecutivo federal elaborar el diagnóstico de la actual situación de ese movimiento de personas para diseñar y ejecutar una política pública de atención integra que les brinde asistencia y seguridad para el retorno a sus comunidades de origen.
Asimismo, la Primera Comisión que preside el senador del PRD, José Guadarrama Márquez, pidió al secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe sobre los criterios de asignación de recursos a entidades federativas y municipios para combatir a la delincuencia y los criterios de asignación seguidos para tal fin.
En otro tema, se hizo un llamado al secretario de Gobernación, Francisco Blake para que en la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración considere la participación y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil y del Poder legislativo.
En su propuesta, los senadores del PRD, Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea y José Guadarrama Vázquez, denunciaron que los abusos contra los migrantes se cometen a diario y prueba de ello es la detención de seis servidores públicos por agentes de Instituto Nacional de Migración (INM).
Afirmaron que estos agentes son responsables del secuestro de migrantes y de los delitos que resulten por entregarlos a grupos armados en Tamaulipas que recientemente fueron puestos a disposición de la SIEDO.
Por ello, demandaron con urgencia la elaboración del reglamento, pues son muy importantes los beneficios que la Ley de Migración aporta, y no hay motivo aparente para retardar su publicación. La tardanza de su vigencia propiciará que se sigan cometiendo delitos y abusos contra los migrantes, subrayaron.
Finalmente, la Primera Comisión exhortó al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), a concluir el proceso de evaluación de los mandos policiacos en todo el país, tal y como lo ordena el artículo 21 de la Constitución y la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El dictamen, presentado por la senadora del PRI, Maria Elena Orantes López, se exige también al SNSP coordinar las acciones con los Centros Estatales de Evaluación, Acreditación y control de Confianza, para certificar la legitimidad de las corporaciones policiacas.
Lo anterior, para generar mayor confianza entre los ciudadanos de cada uno de los municipios y entidades federativas del país.
De igual forma, a fin de que las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinen entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública en el marco del SNSP.
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