Número. 617
- Las leyes que se expidan deberán homologar los tipos penales en todo el país, señalan senadores.
- Este tipo de delitos requieren de un orden que establezca la concurrencia y coordinación de los tres niveles de gobierno.
En comisiones unidas del Senado de la República se aprobó, por unanimidad, un dictamen que modifica el artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y desaparición forzada de personas.
Los senadores integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, establecieron en el régimen transitorio de la reforma que el Poder Legislativo expedirá dichas leyes dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor este decreto.
Indicaron que las leyes actuales tendrán vigencia hasta en tanto el Congreso de la Unión expide las legislaciones referidas, mientras que los procesos penales y las sentencias ya emitidas no serán afectados por la entrada en vigor de los nuevos ordenamientos generales.
En el dictamen se menciona que se tomaron en cuenta diversas iniciativas que fueron presentadas en el Senado de la República por legisladores de diferentes grupos parlamentarios, quienes señalaron que la desaparición forzada de personas es un delito que constituye una violación múltiple a los derechos humanos.
Los senadores manifestaron que es impostergable tomar medidas contundentes para que este delito se encuentre adecuadamente previsto en el ordenamiento legal y sustentar su adecuada prevención, las acciones de la autoridad para su investigación, el establecimiento de responsabilidades penales que procedan y sanciones adecuadas a quienes perpetren esta conducta ilícita
Subrayaron que estas conductas requieren de un orden constitucional que permita al Congreso de la Unión expedir una ley general en la materia, donde se establezca la concurrencia y coordinación de los tres órdenes de gobierno, pues en estos delitos se encuentran involucrados servidores públicos y autoridades.
Aunado a ello, se señala que debido a los compromisos internacionales, contraídos por el Estado mexicano, es de vital importancia que en la Carta Magna se sustente la competencia del Poder Legislativo para dotar de un ordenamiento que homologue la descripción de la conducta acreedora de pena y las sanciones imponibles, así como las demás medidas para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de estos delitos, teniendo en perspectiva los derechos de las víctimas y los ofendidos.
Respecto al delito de tortura, se explica que México ha asumido obligaciones en diferentes instrumentos internacionales para combatir este problema, por lo que es importante que adopte todas las medidas legislativas inherentes a la prohibición, prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de las conductas prohibidas en dichas convenciones.
La asignación de dicha facultad legislativa permitiría homologar los tipos penales y las sanciones -como mínimo-, sin demérito de otras previsiones propias en materia, por ejemplo, de medidas cautelares o de atención a las víctimas y los ofendidos de esos ilícitos penales, así como precisar el orden jurídico aplicable por los diferentes ámbitos de competencia en cada uno de los órdenes de gobierno.
Lo anterior, se agrega, tiene como fin prevenir, combatir y erradicar ese tipo de ilícitos, pues menoscaban derechos fundamentales de las personas relacionados con el más amplio disfrute de las libertades personales.
Al respecto, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que con esta reforma se establecen las condiciones para trabajar en las leyes generales, a fin de unificar en todo el país el tipo penal de ambos delitos, pues actualmente en los estados hay una interpretación distinta que no siempre es acorde a lo que señalan los tratados internacionales.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática explicó que en el caso de México aún no existe con toda precisión cuáles son las características de la desaparición de personas, pues algunas se realizan por agentes del Estado, otras por particulares o el crimen organizado, mientras que unas son voluntarias.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, comentó que se trata de una de las reformas más importantes que se han realizado en materia de derechos humanos en la actual Legislatura, ya que responde a un reclamo social y de organismos internacionales, además de que asume los compromisos que ha suscrito el Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar las conductas de desaparición de personas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Con las leyes reglamentarias --subrayó el legislador de Acción Nacional-- se regulará también otro tipo de fenómenos como las detenciones ilegales y arbitrarias, el abuso del arraigo, la sustracción ilegal de menores y todas aquellas conductas que implican privación de la libertad, contraria a la ley.
En tanto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que con esta modificación se cierra “un ciclo virtuoso” en el que se trabajó en consenso a partir de 22 iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Senadores sobre estos temas.
Destacó que el dictamen incorpora la visión, el interés, el compromiso de los senadores “en un tema que indudablemente era menester” y para reconocer una realidad para deberá ser acotada y sancionada severamente con las nuevas leyes que se generarán.
Para el senador panista Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, se da el equilibrio entre poderes para establecer las bases y los tipos penales “sin quitarle a los poderes estatales la responsabilidad que tienen en la materia para que sean corresponsales”.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó que esta reforma constitucional dará respuesta a una demanda social que durante décadas había sido minimizada por parte del Estado mexicano, pues implicará que éste asuma su responsabilidad por las desapariciones forzadas de carácter político y su obligación de garantizar la seguridad e integridad física de las personas ante hechos delictivos.
Expresó que también se abre la posibilidad de que hechos como la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se esclarezca y se conozca la verdad jurídica e histórica real de los hechos.
En su oportunidad, el senador del PRI, Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, precisó que el proyecto incorpora las sugerencias, aportaciones e intereses de distintas organizaciones de la sociedad civil.
La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que el número de denuncias o quejas interpuestas por presuntos actos de tortura, en 2014, alcanzó mil 505; es decir, aumentó en 600 por ciento con respecto al año 2003.
Por su parte, la senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, señaló que con esta reforma se fortalecerá el andamiaje jurídico en materia de defensa de los derechos humanos, más cuando en México tenemos una problemática tan marcada que ha generado una serie sistemática de violaciones en distintas regiones del país.
Del PRI, la senadora Cristina Díaz Salazar comentó que es importante “poner orden a nivel nacional”, ya que es en el ámbito local, es donde mayormente se dan los casos de tortura y de más impunidad.
El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente.
Respaldan minuta para que Congreso legisle en materia de derechos de las víctimas
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron posteriormente una minuta que reforma el artículo 73 de la Constitución, a efecto de que el Congreso de la Unión pueda expedir una ley general que establezca la concurrencia de la Federación, los estados y municipios en materia de los derechos de las víctimas.
En el dictamen se explica que el objetivo de la modificación es garantizar el respeto a la dignidad humana y expedir normas jurídicas constitucionales y legales que permitan a las personas invocar la protección del orden jurídico y acudir ante las instituciones facultades para asegurar sus derechos.
Se señala que existe una gran exigencia en la sociedad mexicana para que el Estado garantice de manera integral la asistencia y protección a las víctimas, lo cual se logará precisamente con la expedición de normas jurídicas constitucionales para atender y proteger cabalmente los derechos de las personas.
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