Número-608
- Se busca que el Congreso expida una ley general para sancionar estos delitos.
- El Congreso establecería las bases para que la federación y las entidades cumplan y realicen acciones coordinadas para su combate.
Los senadores Emilio Gamboa Patrón y Carlos Alberto Puente Salas, coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, respectivamente, presentaron por escrito una iniciativa que reforma la Constitución y plantea dotar al Congreso de la Unión de las atribuciones constitucionales necesarias para fortalecer el orden jurídico en materia de desaparición forzada de personas y tortura.
La iniciativa busca reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución, para que el Congreso expida una ley general en materia de desaparición forzada. De esta forma se emitiría una normatividad que, como mínimo, tipifique ese delito y sus sanciones en los órdenes federal y local.
Dicho ordenamiento regularía lo relativo a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada de personas, así como la búsqueda y situación legal de las personas no localizadas.
En ese marco, también se propone una disposición que le dé base constitucional a un Sistema Nacional de Búsqueda, el cual establecerá protocolos diferenciados para los distintos casos de personas no localizadas, incluyendo las desapariciones forzadas.
El objetivo es que la ley general en materia de desaparición forzada también regule dicho sistema y su relación con otras herramientas de búsqueda como, un Sistema Nacional de Información Genética.
Asimismo, para cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de tortura, se busca facultar al Congreso para que emita una ley general que permita armonizar la legislación federal y local de este delito.
De tal forma que al expedir este decreto, el Congreso establecerá las bases para que la federación y las entidades cumplan y realicen acciones coordinadas dirigidas a prevenir y combatir este fenómeno delictivo.
El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales a que se refiere la reforma dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
La iniciativa, suscrita por diversos senadores del PRI y del PVEM, se envió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.
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