Número. 605
- El actual proceso electoral debe ser un proceso libre de violencia, de no ser así se deben aplicar sanciones.
- Senado condena actos humillantes y expresiones discriminatorias del alcalde del municipio de San Blas, Hilario Ramírez, y de Francisco Arturo Vega, gobernador de Baja California.
La Cámara de Senadores exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) a prevenir y, en su caso, sancionar a quien cometa cualquier tipo de violencia contra las mujeres que resulten ser candidatas a cargos de elección popular en el país.
Lo anterior, a pesar de la reforma constitucional en materia político electoral de febrero de 2014 y pese a que, desde el Plan Nacional de Desarrollo, se conformó una estrategia con perspectiva de género, en la que se prevé la necesidad de llevar acciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, y a evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
En el dictamen avalado se expone que los actos de violencia y discriminación hacia mujeres precandidatas o candidatas siguen presentes en las precampañas y campañas del proceso electoral. Se resalta, en este sentido, que el actual proceso electoral, a concluir el 7 de junio, debe ser un proceso libre de violencia y, de no ser así, debe sancionarse a quien no se conduzca bajo tales preceptos.
Al hablar en favor del dictamen, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, señaló que el artículo 41 obliga a los partidos políticos a registrar candidatas y candidatos de manera paritaria para competir en la Cámara de Diputados y congresos locales; a lo que se agrega que en prácticamente la mitad de los congresos en contienda electoral se logró incluir la obligatoriedad de que la paridad se implemente también en el caso de municipios.
No obstante esto, el Tribunal Electoral ha registrado casos en los que las mujeres exigen sus derechos políticos y que se cumplan los preceptos legales.
En otro dictamen avalado en la misma sesión ordinaria, el Senado de la República condenó los actos humillantes y las expresiones discriminatorias del alcalde del municipio de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, del pasado 28 de febrero, y de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, respectivamente.
Los legisladores llaman al Hilario Ramírez y Vega de Lamadrid a ofrecer una disculpa pública a las mujeres que fueron sujetas de agresiones por los actos cometidos por cada uno, y les solicitan asumir un compromiso real con la política para la igualdad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres.
El dictamen también prevé que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit y de Baja California, respectivamente, investiguen la conducta de ambos funcionarios públicos y de ser necesario, se les obligue a tomar capacitación desde la perspectiva de género y los derechos humanos.
Además, el Senado requirió a las autoridades locales sancionar los comportamientos descritos, en el entendido de que el ejercicio del poder público exige un comportamiento ético y de respeto a las normas legales en el espacio tanto público como privado.
Adicionalmente, pidió a ambas autoridades, informar sobre las acciones que realizan para eliminar los actos de discriminación contra las mujeres, dentro de su administración pública y fuera de ella.
Al respecto, la senadora de la Peña Gómez precisó que luego de los actos realizados por Hilario Ramírez Villanueva, presidente municipal de San Blas, en donde toma a una joven con la que baila y le sube la falda reiteradamente, es necesaria una disculpa pública.
Asimismo, le conminó a asumir un compromiso real en su puesto y llamó al congreso del Estado a revisar el caso, con el fin de dar prueba de que este tipo de hechos no serán permitidos nunca más.
Por su parte, la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, manifestó su rechazo a la expresión denigrante de la dignidad humana.
No queremos dar un ejemplo de que esta cultura cobija las expresiones misóginas, excluyentes y denigrantes, considerando menores o inferiores a las mujeres, aseguró.
Finalmente, en un tercer dictamen, la Cámara de Senadores exhortó, a los Congresos locales y a los titulares de los ejecutivos estatales, a implementar y fortalecer las medidas legislativas, administrativas y presupuestales y de política pública que garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres.
En este sentido, la senadora Angélica de la Peña Gómez, resaltó la necesidad de continuar avanzando en el Presupuesto de Egresos y en la etiquetación de recursos en el ámbito local, para que las instancias estatales de mujeres puedan implementar y lograr que las reformas legislativas se apliquen de manera efectiva.
Por su parte, la senadora Lucero Saldaña Pérez, del PRI, destacó que el hilo conductor de los acuerdos es fortalecer el camino en la igualdad entre mujeres y hombres del país, y eliminar obstáculos discriminatorios, falta de inclusión, o aquellos actos que difamen y obstruyan el acceso y permanencia de las mujeres en el ámbito político.
Adicionalmente llamó a los legisladores a debatir sobre el término “violencia política de género” y que el sea considerado como delito.
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