Número-582
- Pleno de la Cámara de Senadores dio primera lectura al proyecto que remitió la colegisladora.
- Establece la coordinación para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
El Pleno del Senado de la República dio primera lectura al proyecto que reforma diversas disposiciones de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
Previamente, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los senadores Enrique Burgos García, Pablo Escudero Morales, Cristina Díaz Salazar y Alejandro Encinas Rodríguez, respaldaron la minuta de la colegisladora en lo general y acordaron que la discusión en lo particular se lleve a cabo en el Pleno de la Cámara de Senadores.
Díaz Salazar dijo que este producto legislativo es la culminación de una larga espera, de una sentida demanda ciudadana, para contar con un verdadero sistema anticorrupción que busca erradicar las prácticas ilegales que tanto dañan a la sociedad, con una Auditoría Superior de la Federación fortalecida para atender de manera real y pronta la fiscalización de los recursos.
Encinas Rodríguez destacó que entre las debilidades más importantes de la propuesta está mantener el régimen de excepción para el Ejecutivo federal, un fuero que impide que pueda ser objeto de sanción ante la eventual comisión de algún delito o acto de corrupción; así como la falta de obligatoriedad para hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de servidores públicos y representantes populares.
Por su parte, Escudero Morales aseguró que se trata de “una minuta muy bien lograda” que incorpora temas como la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito. Sin duda, agregó, el asunto del conflicto de intereses se encuentra en el proyecto y habrá que “desdoblar las leyes secundarias”.
En la discusión, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández y Héctor Larios Córdova afirmaron que se trata de un “paquete legislativo muy ambicioso” que contiene avances muy importantes, por lo que se está en la ruta correcta para entregarle a México una legislación en materia de rendición de cuentas.
Rojas Hernández destacó que busca atender de origen las causas de la corrupción, cambiar de fondo la operación del gobierno y, en conjunto con el nuevo esquema de transparencia, generar una serie de mecanismos para cambiar una cultura arraigada en la que los funcionarios utilizan la política para hacer dinero y el dinero para hacer política.
Su compañero de fracción parlamentaria, Roberto Gil Zuarth, señaló que el modelo será incompleto sino no toca el elemento central de la impunidad: los sistemas de inviolabilidad y de inmunidad procesal previstos en la Carta Magna, por lo que consideró impostergable la reforma al artículo 8 constitucional.
Hizo un llamado para que las comisiones unidas fijen el calendario para iniciar la discusión de esta reforma en este periodo de sesiones, pues de nada servirá la claridad en las reglas que tratamos de aportarle al Estado, si frente a la acción de una autoridad “estará el muro de la protección constitucional, del fuero de los servidores públicos”.
El senador Armando Ríos Piter afirmó que en el Grupo Parlamentario del PRD “vemos con buenos ojos esta minuta”, pero el Sistema, como está planteado, “es apenas la primera semilla de un gran andamiaje, que debe incorporar la regulación sobre el conflicto de intereses y eliminar el fuero de servidores públicos que cometan este delito.
Del mismo Partido, el senador Zoé Robledo Aburto consideró fundamental que la legislación secundaria, que derive de esta reforma constitucional, establezca las condiciones, formatos y mecanismos para que los funcionarios presenten sus respectivas declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés.
Por el Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz expresó: “Seríamos ingenuos si no reconociéramos que esta aprobación es una aprobación electorera”, un compromiso de campaña del titular del Ejecutivo federal y bandera de Acción Nacional, pero que no resuelve los problemas de corrupción.
Con el proyecto se plantea un Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Plantea que la Auditoría Superior de la Federación pueda realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios fiscales anteriores; que tenga a su cargo la fiscalización, en coordinación con las entidades locales o de manera directa, de las participaciones federales; y cuente con facultades para fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.
Propone un esquema para el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, a los particulares que participen en la comisión de faltas administrativas.
Además, sugiere que la figura de extinción de dominio procederá --además de los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas-- por enriquecimiento ilícito.
Además, el Congreso tendrá la facultad de expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y que establezcan las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Del mismo modo, se faculta al Congreso para aprobar la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano que tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
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