Número-475
- Las leyes son de observancia general y obligatoria, no un intento para transformar la realidad: senador Juan Carlos Romero Hicks.
- En otro dictamen avalado, requieren a la Procuraduría General de la República información sobre el albergue “La Gran Familia”.
La Cámara de Senadores hizo un llamado al Ejecutivo federal y entidades federativas, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que dispongan de los recursos presupuestarios suficientes para implementar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, exhortó a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación local con dicho ordenamiento, con la finalidad de diseñar y fortalecer los mecanismos necesarios para cumplir cabalmente con sus objetivos.
Al respecto, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, indicó que se plantea mejorar los mecanismos presupuestales destinados, entre otros, al funcionamiento de la Procuraduría de Protección a Niñas Niños y Adolescentes o para tener el censo nacional de más de 20 mil centros de atención diversos en el país, así como para contar con albergues adecuados para niños y niñas en situación de migración.
Se resuelve una situación de vulnerabilidad y de riesgo para estas personas, por lo que quedan plenamente protegidas si se entran en funcionamiento estos mecanismos, aseguró la legisladora del PRD.
Del mismo grupo parlamentario, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, aseveró que el Ejecutivo federal no busca resolver el problema de niños, niñas y adolescentes, ni garantizarles sus derechos plasmados en la ley. Señaló que, a pesar de que todos hacen referencia a la nueva ley como la gran panacea, no se hace alusión en el presupuesto de 2015, por lo que los temas fundamentales que tienen que ver con la garantía de los menores, están al margen del ánimo del Ejecutivo.
El tema no puede quedar al arbitrio del Presidente, agregó. En la ley, se tiene que señalar un porcentaje y un tiempo para que, de manera gradual, los derechos de los niños, niñas y adolescentes se garanticen en el tiempo que el Congreso determine.
Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, advirtió que los derechos cuestan y la no atención es una irresponsabilidad de parte de las autoridades; las leyes son de observancia general y obligatoria, no un intento para transformar la realidad.
Los que trabajamos en el diseño de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes sabemos que esta normatividad permitirá atender prácticamente a 40 por ciento de la población, argumentó. Asimismo, el senador subrayó su preocupación, pues luego de la aprobación en comisiones de varios instrumentos normativos, incluidos los de educación, servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han expresado que no están de acuerdo porque estas reformas y nuevas leyes implican un costo financiero.
En la misma sesión ordinaria, el Senado de la República requirió a la Procuraduría General de la República información sobre las sanciones a las personas responsables de los hechos delictivos y que constituyen violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que vivían en el albergue “La Gran Familia”.
Adicionalmente, conminó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a verificar si Rosa del Carmen Verduzco alberga personas en situación de abandono en su domicilio nuevamente.
El dictamen señala que en julio de 2014 se dieron a conocer diversas irregularidades que ocurrieron por más de cuatro décadas en el albergue La Gran Familia, en Michoacán, operado por Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa, luego de un operativo llevado a cabo por la Procuraduría General de la República, PGR.
La PGR informó que en dicho albergue, ostentado como asociación civil sin fines de lucro vivían seis bebés, 154 niñas, 278 niños, 50 mujeres y 109 hombres en condiciones insalubres, enfrentaba denuncias de maltrato, abuso sexual y privación de la libertad. Incluso, la dependencia señaló que madres y padres acusaban al albergue de no entregar sus hijas e hijos, además de que se subrayó que la señora Verduzco registraba los recién nacidos en dicho lugar como sus hijos.
El albergue recibía apoyos gubernamentales, así como beneficios y donativos de particulares, pero la supervisión indispensable resultó inexistente. Sin embargo, luego la clausura del albergue, seis de ocho colaboradores de la señora Verduzco enfrentan cargos por secuestro y trata de personas, a ella se le consideró inimputable tras señalársele como una persona de edad avanzada y con complicaciones de salud.
Al respecto, la senadora Angélica de la Peña Gómez manifestó la necesidad que la PGR informe cómo va el proceso contra las personas responsables de estos hechos que constituyen violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes que vivían en dicho albergue. Asimismo, subrayó que se debe verificar que Rosa Verduzco no alberga nuevamente a niñas y niños en situación de vulnerabilidad y expresó su deseo por conocer el informe que señala a la señora como incapaz e inimputable.
La senadora Irma Zulema Cobián Chávez, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, indicó que el asunto debe ser abordado desde la óptica de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, desde la omisión del Estado mexicano para velar por la legalidad sobreponiendo el principio constitucional del interés superior de la niñez y también conocer si la señora Verduzco continúa albergando a menores en dicho sitio.
Asimismo, destacó que la CNDH anunció el inicio de una investigación en torno al caso; sin embargo, dijo, coincidió con el proceso de sustitución del nuevo titular de la Comisión, por lo que al parecer no fue concluida; y por otra parte, informó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, señaló que ante lo ocurrido, es necesario revisar los procesos institucionales de niños privados del medio familiar.
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