Número-447
- Instituciones de seguridad pública han sido rebasadas por la delincuencia y policías privadas son una “válvula de escape” para hacer frente a esta problemática, afirma.
- El legislador del PT presentó una iniciativa para obligar a las empresas a procedimientos de evaluación y de control de confianza acreditados.
El senador David Monreal Ávila afirmó que las instituciones de seguridad pública han sido rebasadas por la delincuencia y que México padece una severa crisis de inseguridad y violencia, donde las policías privadas son una “válvula de escape” para hacer frente a esta problemática.
Sin embargo, el legislador del Partido del Trabajo advirtió que las empresas de seguridad privada se han incrementado de manera exponencial y muchas carecen de registro, capacitación, tecnología e infraestructura para garantizar sus servicios.
Por esa razón, dijo, este tipo de empresas “son un peligro para la sociedad”, pues vulneran las disposiciones de la ley en la materia al realizar actividades relacionadas con los guardias privados debidamente autorizados y cuando ocurra algún acontecimiento, dichos elementos “no sabrán cómo actuar, o bien podrían estar involucrados”.
Consideró urgente fortalecer su regulación, ya que no se trata de un tema entre particulares ni de un servicio comercial, sino de auxiliares de la seguridad pública que, de trabajar de manera coordinada, podrían lograr buenos resultados.
Monreal Ávila propuso reformar la Ley Federal de Seguridad Privada para que las empresas que soliciten la autorización para brindar este tipo de servicios tengan la obligación de aplicar y presentar la aprobación de los procedimientos de evaluación y de control de confianza, acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del personal.
Para el desempeño de sus funciones, los directores, administradores, gerentes y personal administrativo tienen que acreditar que no hacen uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.
En tanto, continuó, el personal operativo, además de cumplir con los requisitos anteriores debe contar con el perfil médico y de personalidad que exija el servicio.
También planteó como una obligación de las empresas de seguridad privada comunicar por escrito al prestatario la autorización para brindar este servicio, cédula de identificación del personal operativo y, en su caso, inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado por las personas físicas o morales en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.
Argumentó que, contrario a lo que establece el artículo 5, fracción II de la Ley, no existe un Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada confiable y actualizado.
Agregó que la Auditoría Superior de la Federación realizó una revisión al programa “Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública” de la Secretaría de Gobernación, en la que detectó un incremento de la inseguridad y los índices de percepción ciudadana entre 2007 y 2013, mientras que el personal de las empresas de seguridad privada se incrementó siete por ciento.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
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