Número. 440
- Candidatos cumplen requisitos para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
- Javier Aguayo Silva, Enrique Aguirre Saldivar y Julio César Cruz Ricárdez comparecieron ante senadores.
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen por el que se determina que Javier Aguayo Silva, Enrique Aguirre Saldivar y Julio César Cruz Ricárdez cumplen con los requisitos para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Previamente, los candidatos propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecieron ante el órgano legislativo que preside el senador Roberto Gil Zuarth.
Los senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM cuestionaron a los aspirantes sobre el caso de la entrega de pantallas digitales por parte del gobierno federal, sobre la resolución de la SCJN en torno a la distribución de votos en coaliciones electorales y con respecto a de qué manera afectará la inseguridad al proceso electoral en algunos estados de la República.
En su exposición inicial, Aguayo Silva aseguró que el Tribunal se encuentra en este momento frente a un reto mayúsculo, pues a poco más de dos meses de las elecciones, deberá implementar la reforma en materia electoral que se realizó el año pasado.
Destacó que ese órgano constitucional ha dado grandes pasos para defender y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos; sin embargo se ha quedado “un poco corto” en su tarea de valorar las pruebas que se presentan para impugnar alguna elección, por lo que dijo que de ser elegido como magistrado pugnará por solucionar esta situación y llegar a la verdad en los casos que se denuncien.
En cuanto al caso de la entrega de pantallas, Aguayo Silva dijo que la Constitución no prevé esa situación en tiempos de precampañas, por lo que no puede prohibirse en este momento; no obstante, aclaró, que sí existe la prohibición a nivel constitucional durante las campañas electorales.
Respecto a la emisión del voto doble consideró que es positiva la resolución de la Corte, pues no se puede anular en forma parcial un sufragio, ya que al marcar dos o más emblemas se sabe que el ciudadano eligió a un candidato de alguna coalición.
A su vez, Cruz Ricárdez dijo que en caso de ser elegido apoyará a este órgano constitucional para que recupere la confianza y “el lustre” que todas las instituciones estatales han perdido en los últimos años; en tiempos de crisis --agregó-- la ciudadanía se pregunta si es posible que haya elecciones libres, auténticas, confiables, honestas y legitimas: yo les digo que sí.
El fin de tener elecciones es lograr la transición pacífica del poder público, pero no es el último fin de éstas, pues la sociedad busca crear una sociedad de leyes en la que se garantice a todas las personas sus derechos más fundamentales y una convivencia en paz, apuntó.
Cruz Ricárdez reconoció que el elemento de la inseguridad existe y es palpable en algunos estados de la República, pero precisamente el enfrentamiento de este problema tiene que ser a través de las instituciones y el papel de la sala superior será por que velar que cumplan los principios que rigen una elección.
Dejó en claro que si hay elementos de tal gravedad que trastoquen dichos principios, o afecten la designación de candidatos y la emisión de votos, el Tribunal deberá tomar en cuenta la nulidad de las elecciones en las regiones donde se presente este fenómeno.
Aguirre Saldivar destacó que uno de los principales retos de la Sala Superior del Tribunal Electoral es dar certeza y seguridad jurídica a los actos de la vida democrática del país, pero sobre todo generar confianza y credibilidad en la sociedad.
Dijo que los objetivos constitucionales y legales que se han encomendado a esta instancia sólo se logran con la participación de ciudadanos, partidos políticos y otros actores que depositan su confianza en la jurisdicción y someten sus diferendos del derecho.
Consideró que en las campañas electorales se requiere ampliar la libertad de expresión para propiciar un debate desinhibido, vigoroso y abierto de las cuestiones públicas, así como dar seguimiento y atención inmediata de los asuntos que se presenten en todo el proceso electoral.
Además, coincidió en que las resoluciones judiciales deben ser comprensibles para todos los ciudadanos y, en este sentido, planteó la necesidad de que se difundan las sentencias, de manera “casi instantánea”, a través de los diversos medios electrónicos.
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