Número-378
- Inevitable, discusión sobre la despenalización del consumo de drogas como la mariguana, afirma el presidente de la Comisión de Justicia.
- Consideró que “es una mala idea” enfrentar al crimen organizado desde un enfoque de seguridad nacional.
El senador Roberto Gil Zuarth dijo que en el combate al narcotráfico el desafío de las sociedades latinoamericanas es disminuir los índices de violencia, pero para ello se requiere construir un auténtico Estado de derecho, con capacidades de pacificación distintas a los “viejos modelos de control social”.
Afirmó que “es una mala idea” enfrentar al crimen organizado desde un enfoque de seguridad nacional, que implique el debilitamiento del debido proceso o las restricciones a las garantías individuales, pues de acuerdo con la experiencia internacional la mejor política criminal tiene que hacer coexistir la eficacia del Estado en el combate a la delincuencia con la protección y defensa de los derechos humanos.
En una reunión con la congresista peruana, María del Carmen Omonte Durand, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República expresó que en México aspiramos a una política de Estado, que tenga continuidad en el tiempo y permita su imposición frente a cualquier fenómeno criminal.
Agregó: “Entraremos inevitablemente, como país, a la discusión sobre la despenalización del consumo de drogas, específicamente de la mariguana, porque ya es una realidad en Estados Unidos” y eso nos impone, por lo menos, el deber de analizar cuáles serían las implicaciones de este cambio de política criminal.
Lo que no puede suceder, acotó el legislador de Acción Nacional, es que en la Unión Americana sea legal este mercado y que aquí siga siendo ilegal, “que ellos pongan a los consumidores y nosotros pongamos a los muertos”.
Señaló que en México hemos cambiado tímidamente el enfoque de la política criminal en esta materia, toda vez que se ha despenalizado “la micro-posesión y el micro consumo” de drogas, pues tienen una naturaleza diferente al trasiego de estupefacientes en altas cantidades.
No se puede, dijo, atacar el consumo con armas y cárcel, porque eso genera consecuencias o círculos perversos a lo largo del tiempo. “No parece tampoco una solución de pacificación de nuestras sociedades el hecho de que el consumo termine siendo siempre la causa fundamental de la criminalización o de la penalización”.
Dijo que la estrategia de la administración anterior en contra del crimen organizado fue crear capacidades para que las Fuerzas Armadas no participen en tareas de seguridad pública y eso implica formar policías en los tres órdenes de gobierno, así como redistribuir las atribuciones y competencias en la atención de los fenómenos criminales.
Actualmente, añadió, el Senado discute una iniciativa para reordenar la distribución de responsabilidades en los cuerpos policíacos.
Sobre este tema, señaló que por la naturaleza del crimen organizado las policías municipales “no son idóneas, aptas para poder contener el fenómeno criminal. Necesitamos escalar las capacidades institucionales, otorgárselas a un orden mayor precisamente por lo que implica en términos de magnitud de necesidades ese fenómeno”.
Además, señaló que la contención por medio de la fuerza es insuficiente para poder pacificar a las sociedades y se requiere un mecanismo integral que incorpore la política social, inversión en infraestructura, generación de empleos y recuperación de espacios públicos.
En tanto, María del Carmen Omonte dijo que tanto en como en Perú el narcotráfico es un fenómeno que genera “una línea criminal” que va desde el lavado de dinero, la corrupción, la trata de personas, el sicariato y la vulneración de la seguridad.
Para enfrentar este flagelo, destacó, se requieren disposiciones para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, así como la inhabilitación permanente y definitiva para los funcionarios públicos que hayan sido sancionadas por esta práctica.
Por su parte, el senador Enrique Burgos García, del Partido Revolucionario Institucional, subrayó que el narcotráfico y la corrupción son problemas que permean a toda la región. De ahí la importancia, de combatir la debilidad institucional y fortalecer los esquemas de seguridad pública.
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