Número-376
- Obliga a la elaboración de una política nacional de productividad, con metas proyectadas a 20 años.
- Legisladores coinciden en que se están sentando las bases para impulsar una política que permita atraer inversiones, crecer y generar empleos.
El Pleno del Senado de la República aprobó con 85 votos, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta por el que se crea la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, que obliga a la elaboración de una política nacional con metas proyectadas a 20 años.
Dicha política será elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y un Comité de Productividad. El dictamen fue aprobado previamente por unanimidad por las comisiones unidas de Fomento Económico, Comercio y Fomento Industrial, Estudios Legislativos Primera y la Especial de Productividad.
Su objetivo es reglamentar lo dispuesto en los artículos 25 y 26, apartado A, de la Constitución, para la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo de la productividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico, que impulse el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales.
Dicha política nacional de fomento económico se realizará en concertación con los sectores privado y social, así como en coordinación con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, los órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Entre sus objetivos también se encuentra potenciar la inversión, promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad, fortalecer las cadenas productivas, así como elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal
La legislación aprobada propone la creación de un Comité Nacional de Productividad, integrado por el presidente de la República; cuatro secretarías --Hacienda, Economía, Educación y Trabajo -- y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); además de cinco representantes de organismos empresariales, cinco del sector obrero y representantes de la academia.
El Comité Nacional funcionará como órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo federal y de la planta productiva, para la concertación de acuerdos, formulación y seguimiento de la política nacional de fomento económico y del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.
El documento establece que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, dará seguimiento y evaluará el avance anual de los indicadores en materia de: productividad total de los factores, laboral, informalidad, incremento del valor agregado nacional en las exportaciones, así como aquellos que determine el Comité.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Especial de Productividad, Luis Armando Melgar Bravo, dijo que esta ley plantea fortalecer las cadenas productivas y elevar el contenido tecnológico y el valor agregado en la economía, así como el desarrollo económico y el impacto en las diversas regiones del país.
El legislador señaló que México tiene una economía que no solamente no crece, sino que está siendo menos productiva cada año, por lo que “necesitamos un Estado que cuente con todas las herramientas para su desarrollo y esta es una que sin duda en este momento es necesaria”.
Resulta indispensable fortalecer nuestras capacidades internas y ser más autosuficientes y atractivos en materia de inversión y desarrollo; y esta ley es un paso para adelante, que no podemos concebir como un proyecto acabado que resolverá todas nuestras deficiencias, por eso es indispensable que diseñemos el siguiente avance como es una nueva forma de integrar y dirigir el gasto público, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Fomento Económico, Ricardo Urzúa Rivera, aseguró que este ordenamiento reviste una trascendencia singular para el país, ya que trata de impulsar una nueva visión de política pública que integre a toda la economía en un proyecto de nación de largo plazo, con objetivos y metas de hasta 20 años.
Dijo que pone acento en el problema de crecimiento económico nacional y del bienestar de las familias mexicanas, ya que en las últimas tres décadas la economía mexicana creció menos del tres por ciento en promedio anual; la inversión total nacional descendió en casi cinco por ciento, y aunque las divisas por concepto de inversión extranjera directa y las exportaciones han aumentado, “no se han traducido en la mejora de la economía familiar”.
Estamos sentando las bases para impulsar una auténtica política de Estado en materia de productividad y competitividad, que permita atraer inversiones, crecer, generar empleos y sobre todo beneficios para la mayoría de las familias mexicanas, concluyó.
En su oportunidad, el presidente de Comisión de Desarrollo Municipal, senador César Octavio Pedroza Gaitán, expresó que abona al fortalecimiento del marco jurídico vigente en materia de planeación de las políticas de productividad y competitividad, pues crea una visión de largo plazo, que impulsa un cambio estructural hacia actividades económicas más productivas.
Indicó que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para generar un mayor crecimiento, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
A partir de la instrumentación de este nuevo marco jurídico, se permitirá que las entidades y municipios sean más competitivos y atractivos para la inversión, porque se pretende implementar una política con la visión de promover el incremento sostenido de la productividad y la competitividad.
Al fijar la postura del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, señaló que con esta ley se impulsan los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada competitividad, lo que permitirá fortalecer las cadenas de producción, elevar el contenido tecnológico y el valor agregado de la economía nacional.
Dijo que es imprescindible la implementación de una política nacional de fomento económico, a efecto de impulsar un desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, y haga crecer los ingresos de los trabajadores.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Jorge Aréchiga Ávila comentó que este nuevo ordenamiento constituye un esfuerzo por crear círculos virtuosos entre gobierno, industria y particulares, que generen las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía nacional.
Hizo notar la necesidad de establecer las condiciones para que México produzca más y que esos bienes y servicios compitan en igualdad de circunstancias en el ámbito internacional.
Al posicionar el dictamen, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, resaltó la importancia de las políticas transversales, regionales y sectoriales porque rompe paradigmas, y lo que se necesita son “nuevos, modernos e innovadores polos de desarrollo regional, es lo que necesitamos en México, particularmente en las zonas más atrasadas del país”.
Además, resaltó la importancia de desarrollar un nuevo instrumento de política industrial para detonar el desarrollo regional, especialmente en zonas como la del sur-sureste del país.
En tanto, el senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Partido Acción Nacional, expresó que su grupo parlamentario está comprometido con el progreso de México y dispuesto a brindar al Ejecutivo las herramientas para activar la economía, pero para ello se necesita la voluntad política de la acción.
Asimismo, destacó que aún faltan modificaciones en el tema económico y en los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo. Agregó que los modelos impuestos desde el Estado le ponen una camisa de fuerza al desarrollo del país, por lo que es necesario mejorar la educación y elevar la competitividad fiscal y en materia de justicia.
El senador Braulio Fernández Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional, sostuvo que apoyar esta iniciativa de ley es un acto de justicia hacia los mexicanos, y un compromiso con el país. Dijo que su Grupo Parlamentario votaría a favor del dictamen, porque la nueva ley tiene bondades: principalmente, impulsa la democratización de la productividad en términos territoriales, promoviendo y estableciendo polos de desarrollo en las regiones más rezagadas.
Comentó su expectativa de que esta ley se convierta en un instrumento jurídico que abone al bienestar de los mexicanos. Puntualizó que este proyecto es de utilidad porque México necesita un impulso mediante políticas de fomento económico y con visión de largo plazo, que promueva modificaciones estructurales hacia las actividades económicas más productivas.
Al hablar a favor del dictamen, la senadora Mely Romero Celis, del PRI, dijo que en los últimos 30 años, México ha estado por debajo de su potencial productivo, 2.7 por ciento en promedio, lo que dificulta que se mejore la calidad de vida de los mexicanos, y es una realidad que el poder Legislativo debe atender, y la aprobación de esta ley es una manera clara para alcanzar los objetivos que en el país se han planteado.
De grupo parlamentario del PRD, el senador Zoé Robledo Aburto comentó que en la implementación de esta ley debe verse a la región sur-sureste como estratégica, y pidió voluntad política para lograr el desarrollo de esta zona del país.
De la bancada del PRI, el senador Isaías González Cuevas señaló que es necesario medir y registrar la productividad en las empresas, con el objetivo de que los beneficios lleguen a los trabajadores.
A favor del dictamen, el senador Mario Delgado Carrillo, del PRD, calificó a la ley como “conceptualmente correcta” y que contiene todo lo deseable. La iniciativa, dijo, genera un espacio para que debatan representantes del sector productivo, academia y de las dependencias en esta materia, para formar un Comité Nacional de Productividad, que podrá realizar recomendaciones de carácter vinculatorio, lo cual, es muy positivo.
Por su parte, el senador Armando Ríos Píter, del mismo grupo parlamentario puntualizó que la Ley sienta las bases para una nueva dinámica de diálogo. El Comité Nacional de Productividad tiene que ser un foro en el que los mexicanos, cadenas sectoriales y territorios, dialoguen de manera seria y propositiva para garantizar la competitividad y generar competitividad en condiciones de mejores empleos para los trabajadores.
El senador Miguel Ángel Chico Herrera, del PRI, dijo que el objetivo de esta ley es crear un buen clima de negocios que genere empleos formales y mayor flujo de financiamiento a proyectos con elevado potencial de crecimiento productivo. Señaló que esta legislación representa un paso para abatir las desigualdades y optimizar las capacidades que el país tiene, por lo que su grupo parlamentario apoya su aprobación.
La ley aprobada se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
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