Número-374
- La población no está obligada a mantener al gobierno: senador David Monreal Ávila, del PT.
- En 2014, la federación erogó cerca de cinco millones de pesos en el pago de pensiones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada.
Con el propósito de precisar que no podrán recibir compensaciones, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro quienes hayan desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo federal o, a falta de éste, quien pudiera ser beneficiario, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, planteó reformar el artículo 127 de la Constitución.
Dicho artículo, explicó, establece que los servidores públicos de la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Particularmente, en la fracción IV, señala que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.”
En este sentido, y según la interpretación de esta fracción, --explicó-- si no existe disposición vigente o decreto emitido por el Congreso de la Unión, no puede gozar de compensaciones persona alguna, que haya terminado de desempeñar sus funciones como servidor público de la Federación.
Desde la tribuna, el senador Monreal Ávila advirtió que la población no está obligada a mantener al gobierno, sino que éste debe fungir como órgano operador para reactivar la economía y sanear las finanzas públicas del Estado; por otra parte, el objetivo principal del servicio público es aportar un beneficio social a partir de la racional y correcta administración de lo que pertenece a la Nación, de gestionar de forma integral y eficiente las demandas ciudadanas.
En este contexto, se refirió al reciente anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativo a un recorte al gasto público federal por 124 mil 300 millones de pesos, con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas en diversas secretarías. Esta acción también podría aplicarse en otros sectores de gobierno, como las compensaciones que se confieren a aquellos que se han desempeñado como titulares del Poder Ejecutivo Federal, de manera que se erradique cualquier prestación, añadió.
Sería interesante, dijo, cancelar bonos, viáticos, servicios médicos privados, uso de aviones, helicópteros y pensiones a los extitulares del Poder Ejecutivo Federal, ya que todas estas acciones dañan al erario público de manera gravosa.
Es necesario establecer medidas impostergables para edificar una sociedad más igualitaria y justa que obligue a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal; puesto que en México no existe austeridad en el gasto público, legislar en esta materia es una necesidad para reivindicar el servicio público, indicó.
Asimismo, manifestó que trabajar seis años y obtener una pensión mensual por 205 mil 122 pesos sólo ocurre en México, pero no para toda la población. Los expresidentes de la República reciben al mes pensiones que superan los 200 mil pesos, mientras que un trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social apenas alcanza de dos mil pesos a 5 mil pesos o más, dependiendo del salario que perciba y para alcanzar esa cifra debió trabajar hasta los 65 años.
Adicionalmente, destacó que durante 2014, la Federación erogó cerca de cinco millones de pesos en el pago de pensiones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada; Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, renunciaron voluntariamente a recibir el monto de retiro que les correspondía.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda.
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