Número-338
- Se creará una Plataforma Nacional de Transparencia para atender las necesidades de accesibilidad de los usuarios.
- El dictamen propone que omisiones sean sancionadas por organismos garantes de acceso a la información.
El proceso legislativo de la reforma en materia de transparencia constituye un avance significativo para sanear la vida pública nacional y terminar con la opacidad que por tantos años ha caracterizado a nuestro sistema político, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
El presidente de la Cámara de Senadores señaló que el jueves 12 de marzo se dio primera lectura a una de las reformas más importantes en materia de acceso a la información, la cual es reglamentaria del artículo sexto constitucional.
Barbosa Huerta explicó que esta reforma establece principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier autoridad, entidad de los Poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Además, distribuye competencias entre los organismos garantes de acceso a la información de la Federación y de las entidades federativas; regula los medios de impugnación, la organización, funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El senador Miguel Barbosa dijo que el derecho humano de acceso a la información significa solicitar, investigar y recabar información.
“La reforma que se impulsa desde el Senado precisa que estos datos, en posesión de los sujetos obligados, serán públicos y accesibles a cualquier persona, y sólo podrán ser clasificados como reservados por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos de la propia ley de transparencia”, indicó.
El presidente del Senado dijo que este dictamen enfatiza que deberán prevalecer los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
Detalló que en la propuesta que será discutida la próxima semana, se define la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuyo propósito será fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.
Agregó que éste estará integrado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; los organismos garantes de las entidades federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
“El IFAI encabezará y coordinará el Sistema Nacional de Transparencia; conocerá y resolverá, de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas, los recursos de revisión que por su interés o trascendencia así lo ameriten”, comentó.
Miguel Barbosa Huerta refirió que a través de este avance legal en la materia, se creará una Plataforma Nacional de Transparencia que permita cumplir con los procedimientos y obligaciones de los sujetos obligados, atendiendo las necesidades de accesibilidad de los usuarios.
Este sistema establece 50 obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos obligados, a fin de que sean contempladas en la ley federal y en las leyes de las entidades federativas, añadió.
En materia de sanciones –detalló– se establecen las siguientes: falta de respuesta a las solicitudes de información; actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes; incumplir los plazos de atención; usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar o inutilizar la información que se encuentre bajo custodia de los sujetos obligados.
Además, entregar información incompleta; declarar la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla; realizar actos para intimidar a los solicitantes o inhibir el ejercicio de su derecho; no acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes, en ejercicio de sus funciones, entre otras.
“En el caso de que se incumplan las obligaciones de transparencia, el dictamen propone que las conductas sean sancionadas por los organismos garantes y que se dé vista a la autoridad competente para que apliquen la sanción que corresponda”, señaló el senador Miguel Barbosa Huerta.
En las siguientes sesiones, esta reforma culminará su proceso legislativo en el Senado. Esperamos que en la Cámara de los Diputados puedan construirse también los consensos necesarios para que esta ley pueda aprobarse y comenzar a ser de utilidad para la sociedad.
En el Senado culminaremos satisfactoriamente la parte que nos corresponde y tomaremos las decisiones y acciones legislativas necesarias para su correcta y pronta aplicación.
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