BOLETÍN-1250 Piden legisladores datos de agresiones a periodistas y medios.
La Comisión Permanente solicitó a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un reporte detallado sobre la situación del estado que guarda el ejercicio de la libertad de opinión y expresión en el país.
Asimismo, ambas instancias darán cuenta de la situación de las agresiones, ataques, agravios e intimidaciones contra medios de comunicación y periodistas, así como los resultados y las acciones emprendidas por las autoridades en la materia.
En el dictamen aprobado se señala que en mayo pasado se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, Misión México.
En dicho informe se expone la actual situación de violencia e impunidad ejemplificada por el hecho de que muy pocos de los 66 casos de asesinato de periodistas ocurridos entre el año 2000 y diciembre de 2010 han sido esclarecidos.
Indica que la ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes.
Además, refiere que solamente entre el año 2000 y diciembre de 2010, 12 periodistas fueron desaparecidos y menciona que han ocurridos atentados recientes contra los medios de comunicación.
En algunas zonas --agrega-- los periodistas se encuentran sujetos a intimidación y autocensura, por lo que la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos.
Las cifras mencionadas han convertido a México en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas, enfatiza dicho informe.
Por esta situación, senadores y diputados consideraron conveniente solicitar un informe pormenorizado del periodo 2000 a 2011 en materia de denuncias de ataques contra periodistas.
Resaltaron que la libertad de expresión es una de las condiciones de la existencia de un régimen democrático, lo que significa que esta garantía es una condición necesaria para que se pueda considerar que en un determinado país hay democracia.
Sin embargo, manifestaron que el Estado mexicano enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad, por lo que la libertad de expresión y opinión se ha visto fuertemente comprometida en este contexto.
Por ello, afirmaron que el Estado no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares.
Tiene además la obligación de investigar, procesar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia, puntualizaron.
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