Número-289
- Proponen Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter considerar portación ilegal de armas de fuego como delito grave que amerite prisión preventiva.
- Este delito también ha afectado a las estructuras sociales, económicas, políticas e institucionales de México, advierten.
Senadores del Partido de la Revolución Democrática advirtieron que el aumento en el tráfico ilegal de armas no sólo ha incrementado la violencia y los delitos de alto impacto, sino que también ha afectado “sensiblemente” las estructuras sociales, económicas, políticas e institucionales de México.
Los legisladores Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter propusieron al Senado de la República que se reforme la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de inhibir la portación ilegal de armas de fuego y explosivos.
Se trata, dijeron, de que considere a esta conducta como un delito grave y amerite prisión preventiva de oficio.
Argumentaron que las autoridades confiscan sólo el 14 por ciento de las 252 mil armas que se cruzan anualmente de forma ilícita por la frontera norte y que alrededor de 46.7 por ciento de las 51 armerías estadounidenses dependen en alguna medida de la demanda mexicana.
El número de armerías crece constantemente en la franja fronteriza sur de los Estados Unidos, en donde cerca de seis mil 700 tiendas se concentran en la zonas limítrofes de nuestro país con California, Arizona, Nuevo México y Texas, con un promedio de dos establecimientos por kilómetro.
Lo anterior, subrayaron, ha contribuido a que en México circulen más de 15 millones de armas ilegales y que alrededor de un 80 por ciento de esa cantidad provengan de esa nación, lo que explica, en parte, que se hayan utilizado armas de fuego en la mitad de los 120 mil homicidios cometidos entre 2007 y 2012 en nuestro país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2013 se registraron 22 mil 732 asesinatos, de los cuales 14 mil 122 fueron cometidos con un disparo de arma corta, rifles, escopetas, armas largas y otras artefactos de fuego.
Robledo Aburto y Ríos Piter recordaron que el senador Alejandro Encinas Rodríguez dio cuenta de que México pasó de ocupar el lugar 22 en el tráfico de armas, al 5 a nivel mundial.
La delincuencia común, el crimen organizado y los ciudadanos adquieren armas en el mercado negro por un monto estimado de 127 millones de dólares anuales. Además, hicieron énfasis en que el 65 por ciento de las armas ilegales están en poder del crimen organizado y el 35 por ciento las poseen civiles para su protección personal.
Ante este escenario propusieron reformar el artículo 19 de la Constitución Política para que el juez ordene la prisión preventiva, oficiosamente, también en los delitos relacionados con armas de fuego y explosivos. Esta iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos, Segunda.
Del mismo modo, plantearon la necesidad de modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de armonizar dicha media a este ordenamiento. Esta propuesta se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
0-0-0
