Número-270
- Senadora Marcela Torres Peimbert presentó una iniciativa para asegurar derecho a la alimentación de los menores.
- Aproximadamente 67.3 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, afirma la legisladora del PAN.
La senadora Marcela Torres Peimbert presentó una iniciativa para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia y asegurar a los menores, independientemente de las circunstancias que los rodean, su derecho a la alimentación.
El proyecto, que reforma diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, propone la creación de un registro nacional de personas que no hayan cumplido con sus obligaciones alimentarias.
La legisladora del Partido Acción Nacional destacó que en México aproximadamente 67.3 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, y que sólo 20 de cada 100 hombres cumplen con esta obligación.
Reconoció que actualmente existen diversas normas que buscan garantizar este derecho, pero “no lo hemos logrado y estamos dejando desprotegidos a uno los sectores poblacionales más vulnerables e importantes en México: la niñez”.
Dijo que únicamente tres entidades federativas cuentan con registro de deudores alimentarios: Chiapas, Coahuila y Distrito Federal. Sin embargo, la falta de homogeneidad en la legislación local hace que este derecho no sea fácilmente exigible.
El registro, dijo, no sólo sirve para tener una base de datos pública nacional de los padres que no cumplen con su obligación de brindar sustento necesario a sus hijos. Además, con la colaboración de diversas instancias gubernamentales y privadas, logra que los deudores alimentarios puedan ser cuestionados al momento de otorgarles un crédito bancario o una contratación en alguna empresa.
Al aumentar la presión social, consideró la senadora por Querétaro, probablemente podemos facilitar que cumplan con su obligación.
La iniciativa, también busca que las legislaturas locales establezcan penas efectivas para sancionar la falsedad de información o la negativa de los patrones a dar datos sobre los ingresos reales del demandado o demandante.
Además, plantea que las leyes de las entidades dispongan la obligación de los patronos o representantes legales de brindar a la autoridad judicial correspondiente, información sobre el salario del deudor de la pensión alimentaria, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se les notifique.
El proyecto fue suscrito por las senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barron, Irma Zulema Cobián Chávez y Lizette Clavel Sánchez, del PAN; Lilia Merodio Reza, del PRI; Alejandra Barrales Magdaleno y Angélica de la Peña Gómez, del PRD; y María Elena Barrera Tapia, del PVEM.
Se turnó a las comisiones unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos.
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