Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-257

  • Del total de los jornaleros agrícolas, 42.6 por ciento son mujeres, que se dividen entre el quehacer doméstico y del campo.
  • No cuentan con incapacidad por gravidez ni con servicios médicos durante el embarazo y se ven forzadas a trabajar hasta el último día de la gestación.

La Cámara de Senadores solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social que implemente estancias infantiles en los campos agrícolas para apoyar a las madres trabajadoras indígenas, e incluya entre sus prestadores de servicios a personas que hablen las lenguas que predominen en las comunidades.
Al presentar el dictamen a este punto de acuerdo, el senador Eviel Pérez Magaña consideró como preocupante la situación laboral en las comunidades rurales indígenas, donde, dijo, aumentó el número de mujeres jornaleras en los últimos años.
Se calcula, agregó, que del total de población jornalera agrícola, el 42.6 por ciento son mujeres, y de cada cien trabajadoras migrantes en este sector, 77 por ciento tienen menos de 29 años, 28 por ciento no sabe leer ni escribir y 40 por ciento pertenece a un grupo étnico.
Mencionó que a las empleadas agrícolas se les divide entre el quehacer doméstico y las actividades del campo y son ellas quienes realizan las labores más pesadas como la pizca, que a veces significa una jornada de 18 a 20 horas diarias.
Además, destacó el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, no cuentan con incapacidad por gravidez ni con servicios médicos durante el embarazo, y se ven forzadas a laborar hasta el último día de la gestación y, posteriormente, regresar al trabajo a los 15 días del parto.
A nombre del Partido de la Revolución Democrática, el senador Isidro Pedraza Chávez subrayó que 93.9 por ciento de la población indígena tiene carencias en al menos uno de seis derechos sociales: alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad social y servicios básicos.
“Sabemos que el trabajo agrícola se ha feminizado”, las familias crecen en los campamentos anexos a los campos de cultivo en los que laboran los padres y no hay servicios médicos ni atención a las madres ni a los recién nacidos.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros, titular de la Comisión de Desarrollo Social, hizo notar que 44 por ciento de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas, por eso, agregó, es importante la incorporación de los hijos e hijas de las trabajadoras agrícolas a los servicios de educación inicial y asegurar que se mantengan en la escuela hasta complementar el ciclo básico.
Por el Partido del Trabajo, el senador David Monreal Ávila dijo que desde 2007 el gobierno impulsó de manera importante la conformación de una red de estancias infantiles en apoyo de madres trabajadoras, pero hasta la fecha han sido excluidas de este beneficio las mujeres que laboran en los campos agrícolas.
Por ello, agregó, es necesario exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social para ampliar la oferta del Programa de Estancias Infantiles a las madres indígenas y a las empleadas jornaleras.
La senadora Mónica Arriola Gordillo reiteró que las comunidades indígenas sufren de los mayores rezagos en todos los ámbitos, por lo que su integración es uno de los mayores retos que enfrenta históricamente nuestro país.
Destacó que desde el Senado de la República se han impulsado diversas medidas para abatir este rezago, pero “el problema sigue agraviando a este sector”.
Además, los legisladores exhortaron al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) a que considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla, y en el desarrollo de sus actividades, haga posible la igualdad de oportunidades para que accedan al sistema educativo nacional.
Sobre este tema, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, expresó que los niños indígenas en lugar de asistir a la escuela cargan leña para obtener algo de dinero para la alimentación de la familia: “están en las condiciones más altas de analfabetismo y en las condiciones más infame de pobreza alimentaria”.
Insistió en que no habrá educación de calidad si no se mejora la infraestructura educativa y se garantiza la alimentación de los niños más desprotegidos.
En otro resolutivo, el Senado de la República solicitó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) un informe sobre los programas y acciones que está ejecutando en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, así como al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya.
La senadora Luz María Beristain Navarrete, también del PRD, destacó que sin el apoyo de la CDI “estamos dejando olvidados a los ciudadanos mayas”, que tienen una cultura viva y que no se pueden dejar de atender sus necesidades particulares.

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