Número-162
· Propuso que se aplique una pena de cuatro a veintidós años de prisión.
· La sustracción sin fines de trata o secuestro no aparece como sancionable en la ley.
Ante el problema que representa la desaparición de menores, el senador Jesús Casillas Romero propuso que se aplique una pena de cuatro a veintidós años de prisión a quien se apodere de una persona menor de 18 años de edad, sin derecho y sin consentimiento de sus padres, o de quien legítimamente lo tenga en su poder, con el fin de segregarla del medio familiar.
A través de una iniciativa que reforma el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, también plantea que se aplique al responsable una sanción de seis meses a cuatro años de prisión, cuando el menor sea restituido a su familia o autoridad, espontáneamente, dentro de los quince días a partir de la fecha de la sustracción o apoderamiento, aun cuando no se le haya causado algún perjuicio.
Lo anterior, debido a que la sustracción ilícita o apoderamiento como tal, de un menor, sin fines de lucro y sin fines de entregarlo a tercera persona, ni de trata o secuestro, no aparece como sancionable en dicho ordenamiento legal.
Por tal motivo, es que la sustracción de un menor de su entorno familiar, pese a que no sea necesariamente acreditado para secuestro, trata de personas o tráfico de menores, debe ser castigado severamente y con ello, inhibir el ilícito del robo de menores cualquiera que sea la finalidad, en la que baste la intención de segregarlo.
Casillas Romero refirió que organizaciones de la sociedad civil dedicadas a este tema, aseguran que puede superar los 40 mil casos al año y por lo que respecta a las estadísticas del Programa “Alerta Amber”, durante el año 2013 en México se emitieron 202 alertas y se logró rescatar a 118 niños, niñas y adolescentes.
Este es un grave problema que afecta no sólo a nuestro país, sino a todo el mundo, por ello, se trata de evitar en todas sus posibilidades la sustracción de nuestros niños, sancionando todas las finalidades del robo, puntualizó.
El documento se envió a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
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