Número-091
- Especialistas plantean que deben retomarse aspectos de avanzada contenidos en el dictamen original del Senado
- Se establece también la participación de la SCJN, PGR y de autoridades estatales de procuración de justicia
La Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado de la República se pronunció por solicitar a la Cámara de Diputados una mesa conjunta de análisis, con el objetivo de alcanzar acuerdos y concretar una nueva ley que combata eficazmente el tráfico de personas.
El objetivo es eliminar confusiones y/o ambigüedades legislativas, que representen un retroceso en la prevención, persecución y sanciones de la trata, así como de la explotación sexual, laboral y otros, pues incluso se desdibujan modalidades como el lenocinio.
Esto luego de que en la “Mesa de debate sobre modificaciones al proyecto de reformas en materia de trata de personas”, especialistas en el tema, a nivel nacional e internacional, consideraron que deben de retomarse aspectos de avanzada contenidos en el dictamen original del Senado, modificados en la minuta de la Cámara de Diputados.
Los expertos destacaron la modificación al artículo 10, donde se reduce la definición de la trata al comercio sexual, eliminándose la tipificación de procesos vinculados como la explotación con fines pornográficos, turismo sexual de menores de edad, matrimonio forzado, embarazo forzado, servidumbre forzada, para extraer órganos y el reclutamiento forzado en un grupo armado, establecidos en el dictamen del Senado y con el cual México cumplía con el compromiso firmado en el Protocolo de Palermo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Lamentaron también que se haya eliminado el concurso de dichos delitos vinculados, pues además de disminuir las penas, se deja sin sanciones a quienes participan en el proceso, como el “enganchamiento”, traslado, cuidado y comercialización de personas, y quedan en la impunidad.
La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, senadora Adriana Dávila Fernández, propuso se realice la mesa conjunta con la Cámara de Diputados, haciéndose a un lado la “tentación de los legisladores para quedar bien con los electores”, para que de esta forma se saque del debate público quien tiene o no la razón --si el Senado o la Cámara de Diputados--, sino que el Congreso técnicamente pueda mejorar la Ley Contra la Trata de Personas.
La legisladora del Partido Acción Nacional, hizo énfasis en la urgencia de dar cabal atención a esta problemática, que puede estar relacionada con graves hechos registrados en el país. “Quién dice que en Guerrero, con las condiciones que hoy vivimos, en un conflicto de Ayotzinapan y otras muchas condiciones, no hubo trata de personas. Es terrible este tema”.
La senadora Lucero Saldaña, secretaria de la Mesa Directiva, aseguró que el Senado se encuentra abierto al trabajo coordinador con la Cámara de Diputados, así como a la posibilidad de emprender una nueva ley; empero, acotó, existe prisa por parte de la sociedad para dar soluciones parlamentarias y atender cabalmente este delito.
No nos podemos desviar del propósito original de que en México siga la impunidad, subrayó la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional, al proponer que el dictamen del Senado y la minuta de la Cámara de Diputados se presenten ante la SCJN y los tribunales estatales, a fin de que estos realicen una comparación por escrito y emitan su opinión, a fin de enriquecer una ley que permita combatir este delito que representa grandes ganancias para las bandas delictivas que lucran con la libertad y dignidad de las personas.
La secretaria de la Comisión Contra la Trata, senadora Margarita Flores Sánchez, sostuvo que el único objetivo del Senado es que verdaderamente no se permita que continúe la impunidad y que el país cuente con leyes más justas que garanticen la protección y seguridad de las personas, en especial de la población en situación vulnerable.
Es por ello que los senadores trabajaron durante 16 meses en las modificaciones a esta ley y se mantienen abiertos a trabajar de manera conjunta con los diputados, para así lograr una legislación efectiva y que dé respuesta a las perspectivas de la población, refirió la también legisladora priista.
Jorge Martínez Arreguín, quien fungió como juez en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, refrendó la postura de que el contenido de la minuta es un retroceso, particularmente en el artículo 10, pues es indispensable establecer una norma con claridad que relacione todos los procesos que implica la trata de personas, pues de lo contrario no será posible comprobar el delito, en especial cuando se ha establecido un sistema oral en el que si no se concatena ninguna prueba, no es posible la aplicación de la justicia.
Samuel González Ruiz, integrante de la Convención de las ONU contra la Delincuencia Organizada, apuntó que la trata es un delito proceso, es decir, incluye diversas etapas, y el Protocolo de Palermo pide se tipifique toda la gama de delitos vinculados como captar, difundir publicidad engañosa, transportar, y la explotación como objeto central, sin establecer focalización en ninguno de estas actividades, que en conjunto golpean a las personas en su dignidad, las vuelve “cosas”.
Mónica Salazar, coordinadora del Capítulo México del Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y Trata de Personas, refirió la necesidad de que se abra la definición y espectro de la trata y explotación, pues no sólo se da en materia sexual, sino también en el ámbito laboral, como en zonas agrícolas. Se requiere agrandar las “pequeñas líneas” de esta mezcla de fenómenos sociales implicados en el tráfico y abuso de personas.
Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), se pronunció porque el Congreso impulse una nueva ley de trata, basada en experiencias anteriores y el actual debate en el Senado y la Cámara de Diputados, sí cumpliéndose los tratados internacionales, pero con una visión de las características particulares de la trata de personas en México, y así lograr un combate eficaz a cada proceso de este ilícito en nuestro país.
Olivia Rubio Rodríguez, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y Centro Sócrates de Madrid, indicó que es necesario establecer claras definiciones en la ley, para evitar que los operadores del sistema de justicia penal argumenten que no entienden y por eso no hay sentencias, o que el Ministerio Público justifique la explotación sexual al considerar la prostitución como un oficio, o como algo permisible si se aplica por parte de la pareja.
Olga Noriega Sáenz, ex presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, advirtió que no se debe eliminar la definición de trata como un proceso delictivo, porque la confusión de trata con explotación puede llevar a situaciones graves como la criminalización de la pobreza, donde no hay un proceso de enganche, comercialización, etcétera, pero los padres utilizan a sus hijos para contar con mayores recursos.
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