Número-064
- La tortura es sinónimo de impunidad; se debe atacar desde raíz: Cristina Díaz.
- Fundamental recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, señala.
La senadora Cristina Díaz Salazar propuso modificar el artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación que establezca normas para prevenir y sancionar cualquier tipo de tortura en el país.
La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional explicó que si bien existe una ley federal para prevenir y sancionar la tortura, y los estados han hecho avances importantes en esta materia, el marco normativo no es adecuado para tratar el problema desde raíz.
Dijo que México informó al Comité de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Tortura, que desde 2005 hasta 2012, se habían emitido 143 sentencias por abuso de autoridad; 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones.
Este panorama, agregó, es sumamente preocupante, ya que la tortura es una violación grave de los derechos humanos; crimen que se ha visto reducido a delitos con penalidad menor.
Ante ello, consideró urgente facultar al Poder Legislativo para emitir una ley única a nivel nacional contra la tortura, en la que se establezcan los tipos penales, sanciones y acciones para prevenirla.
En este sentido, destacó que su propuesta se basa en los principios constitucionales del debido proceso y responde a la ruta trazada, tanto desde el Legislativo como del Ejecutivo, para devolver la seguridad a los mexicanos con instrumentos que fomenten la cultura de la legalidad.
Seamos claros: la tortura es sinónimo de impunidad, por eso debemos atacar de raíz esta práctica que lastima la naturaleza humana, enfatizó.
Díaz Salazar enfatizó que la sociedad demanda acciones inmediatas que ataquen los problemas desde sus orígenes y no solo por sus consecuencias, por ello, dijo, es fundamental recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y combatir la tortura y la impunidad.
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictaminación correspondiente.
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