Número-1006
- La redistribución de competencias permitirá una mejor coordinación, atención y combate al delito: Mariana Benítez Treviño, subprocuradora de la PGR.
- Una buena legislación no es suficiente, lo que se necesita es un cambio profundo de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana: Santiago Corcuera Cabezut.
Con la participación de Miguel Sarre Iguíniz, del ITAM; Pedro Salazar Ugarte, de la UNAM; Mariana Benítez Tiburcio, de la PGR; Bernardo María León; Santiago Corcuera Cabezut, de la ONU y Juan Antonio Martín del Campo, alcalde de Aguascalientes; finalizaron en el Senado de las audiencias públicas sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad y de justicia, presentada por el Presidente de la República el pasado 1 de diciembre.
Al clausurar las audiencias, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que los puntos de vista aportados convocan a un análisis mayor, con el propósito de que los pilares del constitucionalismo mexicano: municipalismo y federalismo tengan la movilidad necesaria sin romper con sus principios esenciales.
“Porque esa es la estructura política, esa es la condición política del Estado mexicano, federalismo-municipalismo, además de división de poderes, decisiones fundamentales”, argumentó. Se cuidará que la ortopedia constitucional garantice la composición política.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional también expresó que se estará en sintonía con la reforma de 2008 en materia del sistema penal acusatorio, de 2011 sobre derechos humanos y la más reciente de 2014 respecto a la autonomía en los órganos de procuración de justicia.
En su exposición, el académico de la ITAM, Miguel Sarre, destacó que la propuesta podría favorecer la eficacia del sistema de justicia penal si asume el deslinde básico entre lo federal y lo local y si la Ley General del Competencias distribuye las competencias para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal, respecto de conductas atribuidas a jóvenes y adultos, en atención a su carácter federal, local, nacional o por razones de conexidad y concurrencia.
Al participar en la Mesa “Sistema de competencias en materia penal”, puntualizó que en la propuesta se omiten criterios que involucran responsabilidad del Estado Mexicano y consideró necesario hacer ajustes en lo relativo a la eficacia, impunidad e imparcialidad de la justicia. Además que en casos de desaparición forzada y tortura no haya impunidad, pues no se puede avanzar si son las propias autoridades las que incurren en esos delitos.
No basta la reforma legislativa pero sí ayudaría que un delito de tortura atribuido a funcionarios de una procuraduría estatal sea conocido por las autoridades federales, lo cual se complementaría con la figura del comisario del Poder Judicial de la Federación, propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agregó.
Por su parte, Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que se tiene un sistema esquizofrénico en materia de seguridad y justicia, sobre todo a partir de la aplicación de dos sistemas que son lógicamente incompatibles: uno en materia de derechos humanos y otro inspirado en la lógica del derecho penal del enemigo del Estado de excepción.
Dijo que la propuesta de que la Federación intervenga en el ámbito municipal, “es sacar la vuelta a lo pendiente que es reglamentar el artículo 29 de la Constitución”. Asimismo, explicó que existe una agenda legislativa y sugirió aprobar las leyes secundarias que se desprenden de la reforma constitucional en materia constitucional de 2011, antes de la propuesta presidencial.
Resaltó que la solución a los problemas de tortura y desaparición forzada, no se reduce a la redistribución de competencias. Además, reflexionó que en materia de tipificación, lo más importante es contar con políticas públicas eficientes, responsabilidad de los gobiernos y no de los legisladores.
“Es una crítica que creo que vale la pena hacer a muchas de las propuestas del Presidente de la República”, porque lo que hizo fue trasladarle al legislador la adopción de una serie de medidas para enfrentar un problema que le toca a los gobiernos y no únicamente al federal, argumentó.
La subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio, expuso que la iniciativa presidencial propone un nuevo federalismo en materia penal, en el que se deberán establecer mejores competencias específicas para cada orden de gobierno y que además se faculta al Congreso para expedir leyes generales respecto a la tipificación de delitos.
Precisó que la propuesta es efectiva en abordar la problemática, ya que genera las bases para homologar la regulación que se hace en algunos delitos y su integración normativa, y busca establecer bases claras de distribución de competencias para perseguir y sancionar los delitos de manera eficaz y eficiente.
Este esquema generará eficacia de las investigaciones que se realizan a nivel federal, a fin de que estas se concentren en casos que determine el propio Congreso como los delitos de alto impacto; las redistribución de competencias si va a permitir una mejor coordinación, atención y combate al delito, añadió.
El consultor privado, Bernardo María León, criticó la propuesta de reforma, al señalar que “se queda corta” en las herramientas que propone y falta ser más profunda para sancionar los delitos, pues el sistema de justicia penal en México “está quebrado”.
Precisó que la iniciativa tiene varios defectos como la distribución de competencias, ya que no responde a la política criminal, sino a una serie de invenciones jurídicas que no resuelve ningún problema.
Asimismo, consideró que se debe conformar una policía nacional que pueda ser descentralizada, es decir que unifique todos los criterios de salario, capacitación, formación, carrera, salario policías, pero que no tenga un criterio estatal y así crear distritos policiales del país en el que participen gobernadores y presidentes municipales.
Santiago Corcuera Cabezut, integrante de Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, dijo que la recomendación al Estado es retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública lo antes posible, ya que al poner al Ejército en las calles lo único que se generó fue una guerra, por ello es necesario repensar la estrategia del combate al crimen organizado.
Indicó que con una adecuada estrategia de seguridad ciudadana se reducirán las desapariciones forzadas y que militarizar la seguridad ciudadana es incivilizado, propio de regímenes autoritarios, aunque hayan sido electos por el régimen democrático por voto mayoritario.
Una buena legislación no es suficiente, porque fue como decir “yo le paso esta papa caliente al Poder Legislativo, cuando es realidad lo que se necesita es un cambio profundo de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana”, señaló.
Agregó que esta ley es una oportunidad para tipificar conductas consideradas como delitos y que están integradas en los instrumentos internacionales y para establecer definiciones ya consideradas en organismos internacionales como la ONU.
Por su parte, el alcalde del municipio Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo indicó que el mando único opera en todo el estado y cuenta con una fuerza total de dos mil 456 elementos; de los cuales mil 478 pertenecen al municipio de Aguascalientes, lo que representa más del 60 por ciento. El mando único, expuso, se entiende única y exclusivamente respecto a funciones en materia operativa en ejecución y no en otra.
Dentro de sus ventajas, dijo, se trabaja en coordinación con las instituciones de seguridad pública que operan en el estado, se incrementa la confianza y mejora la percepción ciudadana, se contribuye a la disminución de la inseguridad, se evita la corrupción, no existen límites entre los municipio, y los elementos de seguridad pública están certificados con pruebas de control y confianza.
Adicionalmente, precisó la necesidad de implementar un marco jurídico y normativo en el que se establezcan las funciones y delimitaciones de cada corporación y que no se quite la rectoría a la policía municipal.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que las audiencias públicas que se realizaron durante tres días y que contaron con la participación de gobernadores, presidentes municipales, investigadores, especialistas y sociedad civil, superó con creces los diferentes temas que plantea la iniciativa del Ejecutivo Federal.
Su compañera de bancada, Angélica de la Peña Gómez, consideró que no se debe incorporar al catálogo de tipo penales el feminicidio, ya que hay una connotación de género relacionado con la desigualdad y predominio misógino de un sexo sobre otro, los cuales son elementos que deben tratarse por separado.
Las senadoras del PAN y PRI, Pilar Ortega Martínez y Arely Gómez González, respectivamente, estimaron que se deben unificar los tipos penales que se encuentran tipificados en los instrumentos internacionales que México no tiene catalogados, y que son los que más benefician a los ciudadanos.
El senador del Grupo Parlamentario del PAN, Roberto Gil Zuarth, dijo que el modelo de policía de mando único que tiene Aguascalientes será un punto de referencia para abordar el tema en el Senado, por ser uno de los puntos de principal relevancia que se plantean en la propuesta presidencial.
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