Número-1004
- Dispersión de mandos policiacos pulveriza su capacidad de operación, advierte gobernador de Chihuahua.
- Politizar las condiciones que privan en una sociedad que exige justicia y seguridad es el peor de los escenarios, dijo.
En la última jornada de las audiencias públicas que en materia de Seguridad y Justicia organizó el Senado de la República, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, destacó que la dispersión de mandos policiacos pulveriza su capacidad de operación y lleva a una confrontación permanente de las instituciones.
Cuando existen dos o tres corporaciones, sin que sus funciones sean perfectamente delimitadas y en las que se registran confrontaciones en la operación de la procuración y administración de justicia, agregó, se pierde la responsabilidad directa en el combate a la impunidad y la prevención del delito.
Por ello, asentó, en Chihuahua nos pronunciamos por el mando único: desaparecimos las dos policías que existían y nos dimos a la tarea de construir una nueva policía estatal única; además, se aprobaron más de 200 reformas al Código Penal para otorgarle herramientas al Ministerio Público, a fin de evitar, con una plena coordinación en la investigación, que la impunidad sea “como una puerta giratoria”.
Duarte Jáquez señaló que una posición de encono o de supremacía entre las facultades de los diferentes ámbitos de gobierno, sólo abona al detrimento de las instituciones y en esta situación los únicos que ganan son los grupos delincuenciales.
Además, manifestó que en esta materia los tres órdenes de gobierno deben coordinarse, independientemente de partidos, pues politizar las condiciones que privan en una sociedad que exige justicia y seguridad es el peor de los escenarios para el país, toda vez que la política en lugar de encauzar la solución del problema sólo la polariza.
El mandatario estatal también consideró necesario impulsar la prevención del delito desde un enfoque de inclusión de los jóvenes, así como transformar el sistema penitenciario, ya que mientras no exista orden en los centros de reclusión y los gobierne la delincuencia organizada será muy difícil que merme la actividad del crimen en las calles.
Se requiere, reiteró, fortalecer la estrategia de seguridad con prevención y educación, la transformación de las instituciones, la consolidación de una coordinación plena y respetuosa, pero también, como se ha previsto en la iniciativa, con la atribución para que el Ejecutivo federal pueda actuar en municipios que han sido penetrados por la delincuencia.
Por el Partido de la Revolución Democrática, la senadora Angélica de la Peña Gómez hizo notar que las zonas metropolitanas poco a poco van integrando a municipios conurbados con “población flotante” y esto también impacta a la seguridad pública: ¿No cree que México debiera fortalecer más el ámbito municipal, de tal forma que quien conduce el gobierno estatal no tenga todo el control, sino que se incida en una coordinación más efectiva?
A su vez, el senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, señaló que el 29 de mayo del año pasado, la Secretaría de Gobernación reportó que en Chihuahua se concentra el mayor número de municipios con altos índices de violencia: Camargo, Bocoyna, Meoqui, Aldama, San Francisco del Oro, Allende, Cusihuiriachi, Julimes, Matamoros.
Además, de acuerdo con Instituto Nacional de Geografía y Estadística existe una cifra negra importante: Se estima --agregó-- que para 2013 en nuestro estado se denunció sólo el 15.6 por ciento de los delitos; en 2012, el 17.8. Asimismo, señaló que en Chihuahua la operación de la delincuencia organizada se ha concentrado en los municipios de la sierra, como Guadalupe y Calvo.
En tanto, la senadora Graciela Ortiz González, del Partido Revolucionario Institucional comentó que Chihuahua es una tierra que todavía espera que todos nos pongamos de acuerdo “para que exijamos que el centro de la República nos atienda como consideramos que debe de atendernos”.
Hablar de seguridad pública, dijo, es referirse a lo que lastima a la mayoría de las familias chihuahuenses, que pasaron por el horror de ver secuestradas sus ciudades por el crimen organizado, de ver cómo nadie podía estar seguro porque las calles habían sido tomadas por quienes dominaban en ese momento a los cárteles del crimen organizado.
El senador Enrique Burgos García dijo que el alcance de la intervención federal en el ámbito municipal sólo debe realizarse cuando exista insuficiencia material y de elementos de seguridad, con el único objetivo de restablecer el orden local bajo una eficiente coordinación y no necesariamente para sancionar a este nivel de gobierno.
El senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, dijo que la propuesta del Presidente no plantea un mando único, sino establece la creación de una policía estatal única, lo que posiblemente pondría a los municipios en una situación de vulnerabilidad frente a los fenómenos de inseguridad que deben enfrentar, así como en la función de la distribución de poder.
¿La propuesta que usted hace sobre mando único implica la desaparición de la función de seguridad pública en el ámbito municipal o un arreglo diferente de coordinación por parte de las policías?, porque en Chihuahua se han ensayado todos los temas que se han visto durante las audiencias, cuestionó el legislador.
Por su parte, el senador Patricio Martínez García, también del PRI, aseguró que aún hay problemas de seguridad en varios municipios y la sierra de esa entidad, sin embargo, dijo que la situación es mejor de lo que era hace cinco años, “porque el gobierno estatal está buscando que los presidentes municipales no se desvíen de sus objetivos”.
Indicó que el mando de policía y buen gobierno debe seguirse planteando como un elemento fundamental con plena vigencia, a fin de que haya respeto a la convivencia y mejore la urbanidad, “porque en Chihuahua se busca reconstruir lo enormemente dañado”.
En su turno, la senadora del PRI, Cristina Díaz Salazar, señaló que la iniciativa del Presidente representa una estrategia que permite garantizar un ataque de manera integral a los puntos vulnerables de inseguridad que padece la sociedad, ya que implica la creación de una policía estatal única, la implementación de una ley de infiltración del crimen organizado en los municipios y el establecimiento de competencias penales.
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